A. Iriarte habla sobre Comisión Investigadora del Sename en El Muro

El medio digital El Muro entrevista a nuestro Director de Investigación, Álvaro Iriarte sobre las funciones que cumplen las Comisiones Investigadores en el Congreso. 

Tras las críticas al rechazo del informe de la comisión investigadora del Sename, que habla de “deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, tanto en el diseño como en la ejecución de planes y programas”, surgen dudas respecto del real efecto práctico de estas llamadas “comisiones investigadoras”, ¿qué finalidad tienen?, ¿para qué sirven si no son vinculantes? Esto, significa que queda a discreción del Ejecutivo el considerar y poner en práctica las propuestas formuladas por los integrantes de dicha instancia. Acaso, ¿las comisiones investigadoras sólo son una herramienta política que utilizan los parlamentarios para figurar en los medios de comunicación y, así, asegurarse tener tribuna?, ¿terminan siendo un saludo a la bandera?

Esas preguntas son válidas, porque no se tiene certeza de que en los meses que restan a la administración de la Presidenta, Michelle Bachelet, algunas de las 63 medidas señaladas en el informe del Sename, se pongan en marcha. No hay que olvidar que la comisión investigadora constató la existencia “de una cultura de desprotección de derechos”. ¿El gobierno se hará cargo, por ejemplo, de ese vacío?

En el documento son varias las medidas propuestas, como la creación de una comisión nacional de verdad en materia de infancia, para esclarecer  las violaciones a los derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes. Otra medida es la capacitación del personal, presupuesto para la niñez vulnerada, separación de niños vulnerables y niños infractores de ley.

Para profundizar sobre el sentido y el efecto concreto de las comisiones investigadoras, EL MURO conversó con el abogado, Álvaro Iriarte, director de Investigación del Instituto Res Publica, quien sostiene que “las comisiones investigadoras, hoy día, son una institución que en el orden constitucional están reconocidas expresamente y su objeto puede llegar a ser difícil de entender, porque sin duda, los informes de las comisiones tienen que ser aprobados por la Sala de la Cámara para que se envíen los antecedentes o las conclusiones al Ejecutivo y, además de eso, habiéndose aprobado no tienen una fuerza de carácter vinculante”.

Agrega que “lo que hay que entender es que las comisiones investigadoras se entienden en la lógica del rol de fiscalización que le compete al Poder Legislativo de los actos del Poder Ejecutivo y, eventualmente, también podrían tener que ver con materias del Poder Judicial. El rol de las comisiones investigadoras no es ejercer un juicio político, para eso está la acusación constitucional y tampoco son un instrumento que permitan marcar la pauta del actuar del Poder Ejecutivo”.

-¿Para qué sirven, entonces, en la práctica, las llamadas comisiones investigadoras?

Para recabar información, exponerla y, eventualmente, pueden repercutir en la agenda legislativa por dos caminos: podría el Ejecutivo recoger algunas de las observaciones y de las ideas contenidas en estos informes y, después, llevarlos adelante como proyectos de ley o, los parlamentarios podrían presentar ellos proyectos de ley para nueva legislación o para modificar la existente.

-El término “eventualmente” no es menor, porque implica que las recomendaciones o propuestas de la comisión investigadora, tienen que ser consideradas por el Ejecutivo. Alguien podría pensar que, al final, el trabajo de estas instancias es tiempo perdido…

El régimen chileno es presidencial  y algunos expertos plantean que, incluso, ese régimen es exacerbado, en el sentido de que el rol central de los asuntos de Estado radica en la persona del Presidente. Si revisas las atribuciones  que están reconocidas constitucionalmente al Congreso son bastante limitadas. La Ley Orgánica Constitucional del Congreso define en el Artículo Nº 53 cuál es el objetivo de la comisión investigadora y ese objetivo es muy concreto: reunir información relativa a determinados actos del gobierno, no es evaluar el desempeño del gobierno, no es establecer responsabilidades. Y, en el caso, de la responsabilidad política se puede establecer por otro mecanismo como es la acusación constitucional.

-Usted comparte, la minuta que el gobierno hizo llegar a los parlamentarios de la Nueva Mayoría y a los del Frente Amplio en donde señala que la Comisión Investigadora del Sename se excedió en sus atribuciones al pretender fijar responsabilidades políticas.

En este tema hay que distinguir. El gobierno sostiene que cuando se dice que la ex Ministra de Justicia (Javiera Blanco) cometió una negligencia inexcusable, pareciera ser que ése es el argumento para indicar por parte del Ejecutivo que la Comisión se atribuye la tarea de fijar responsabilidades políticas, sin embargo, esto no es tan blanco y negro, hay matices. Sin lugar a dudas, hay que entender que las comisiones funcionan con  lógica política.

-A su juicio, ¿cree que la ciudadanía le dará crédito a las comisiones investigadoras o serán miradas con cierto recelo?

Puede ser un punto de inflexión como tú dices, pero el problema de fondo radica en lo que la gente cree que hace una comisión investigadora del Congreso y en lo que, efectivamente, hace. La gente espera, quizás, que se establezcan responsabilidades políticas, sino incluso de otro tipo, como pueden ser administrativas, lo que tampoco procede.

-¿Cómo se podría lograr que las conclusiones de una comisión investigadora sean vinculantes y no queden, simplemente, a discreción del Ejecutivo?

En ese sentido, habría que entrar a morigerar el presidencialismo. Tendría que haber un cambio constitucional, readecuar la institucionalidad vigente de manera tal de expandir un poco las funciones del legislativo, restringir un poco las del Ejecutivo y, entre esas cosas, modificar por ejemplo el sentido y alcance de las comisiones investigadoras.