Y no era una simple despenalización – El Líbero

Los hechos demuestran que era falsa la aseveración del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet. La ley de aborto no era una simple despenalización. Durante la tramitación de dicho proyecto de ley, muchos parlamentarios, pero especialmente varios de los militantes democratacristianos, se empecinaron en recitar la misma frase a todo aquel que quisiera escucharlos: ellos respaldarían la nueva normativa esencialmente porque no se trataba de una legalización del aborto. O al menos eso quisieron creer.

Así lo hizo la candidata presidencial de la falange, Carolina Goic, en una entrevista concedida a La Tercera. La senadora por Magallanes aseveró: “No es un proyecto de legalización del aborto y así lo asumimos”. Otro de los acérrimos defensores del proyecto de Bachelet fue el ex senador por Valparaíso Ignacio Walker, quien aseguró a 24 Horas, luego de la aprobación de la iniciativa en la Comisión de Salud de la Cámara Alta: “No estamos discutiendo sobre legalizar el aborto. Si así fuera, yo votaría en contra, y casi la totalidad de los senadores DC también”.

Y claro, estas declaraciones de intención contrastan con el religioso silencio que estos mismos actores han guardado luego de conocer la interpretación que ha hecho la Contraloría General de la República a propósito del protocolo de objeción de conciencia. Luego del dictamen del Contralor, se confirma que la ley sobrepasa la mera despenalizaciónya que al tener que actuar “como si fuesen servicios públicos” aquellos recintos privados que reciban recursos estatales, se vulneraría la base de la argumentación expuesta por el propio Tribunal Constitucional cuando reconoció que en la Carta Magna de nuestra República estaba garantizada la objeción de ideario a la que podían aludir aquellas instituciones que libremente hayan sido formadas por personas que compartieran la misma objeción a la realización de aborto.

Si la intención fue legalizar y garantizarlo como un derecho, se entiende que les exijan a las personas e instituciones la realización del mismo, salvo que se declare como objetor de conciencia.

En forma sencilla: si verdaderamente el objetivo de la ley de aborto es despenalizar, no se debería aplicar pena alguna a un acto considerado excepcional. Por lo tanto, no se puede obligar a nadie a realizarlo (ni madres, ni médicos, ni instituciones). Por otra parte, si la intención fue legalizar y garantizarlo como un derecho, pues claro, se entiende que les exijan a las personas e instituciones la realización del mismo, salvo que se declare como objetor de conciencia. En ese sentido, resulta especialmente preocupante la propuesta de algunos diputados del Frente Amplio orientada hacia extender la legislación actual al aborto libre, es decir sin mayor causal que la mera petición de la madre.

Es en ese contexto donde no sería de extrañar que pueda surgir más de algún congresista creativo que decida promover que se endurezca más la normativa y, en consecuencia, plantee derechamente una discriminación deliberada contra los médicos y las instituciones que decidan objetar de conciencia. En base a los hechos ya acaecidos, perfectamente podrían argumentar que estos facultativos o los lugares donde trabajan no podrán recibir bonos FONASA, no podrán subespecializarse o realizar investigaciones con aportes públicos. Asimismo, no faltarán quienes dirán que aquellas instituciones que formen médicos y objeten de conciencia no podrán recibir recursos del estado, que sus alumnos no tendrán financiamiento para cursar su formación profesional o que no podrán disponer de campos clínicos en los hospitales o consultorios pertenecientes a los servicios de salud pública.

Lamentablemente, como sucede con todas las políticas totalitarias, aunque en principio las posibles consecuencias finales puedan sonar improbables o extremas, no existe una certeza de su alcance definitivo. Una vez que se abre una puerta para un absolutismo legalizado, sólo es posible conocer como se inicia ese recorrido, pero nunca se sabrá a priori hasta dónde puede llegar.

 

Fuente: El Líbero.