Venezuela, Maduro y la comunidad internacional – El Imparcial

La realización de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas ha permitido reunir a las diversas autoridades del mundo, a discutir algunos temas importantes de política internacional. Uno de los temas más recurrentes y repetidos en las noticias ha sido la condena al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tanto por la proyección de su dictadura como por las violaciones a los derechos humanos y la crisis humanitaria que afecta a esa nación.

El problema no es nuevo, y en los últimos años hemos escuchado sobre los dramas que experimenta la sociedad venezolana, las esperanzas que existieron en algún minuto en la resolución democrática del conflicto político. De hecho, la oposición derrotó al régimen en las elecciones para la Asamblea Nacional, logrando una importante mayoría: el 2017 Maduro decidió clausurar esta instancia democrática e iniciar un proceso constituyente, recuperando todo el poder. Todo eso se realizó durante una de las mayores escaladas de protestas que se conocieron en el país, y que costó la represión generalizada y la muerte de más de 200 personas, muchos de ellos jóvenes.

La desesperanza habla de distintas maneras. A estas alturas casi dos millones y medio de venezolanos han abandonado el país, buscando mejores oportunidades: se han dirigido principalmente a países vecinos, pero también han llegado a otras zonas de América Latina, e incluso a Europa. Las cifras aumentan mes a mes, y dentro de poco el 10% de la población habrá abandonado Venezuela, un país rico en recursos naturales, que hoy se ve sumido en la pobreza y la desesperación. Otro gran drama es la crisis humanitaria, que se expresa en la miseria generalizada, el regreso de la desnutrición como problema de salud pública, el aumento de muertes de los menores de edad, la disminución del peso promedio de la población, la ausencia de medicinas y alimentación. Diversos organismos internacionales y ONG han hecho saber la gravedad de la situación, aunque no se han tomado las medidas que resultan urgentes y necesarias.

Por todo esto, no resulta sorprendente que el caso Venezuela sea uno de los temas recurrentes de la Asamblea de las Naciones Unidas. Sin duda lo más mediático fue la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso insinuó que las puertas están abiertas para una intervención militar contra el régimen de Maduro: “todas las opciones están sobre la mesa”, abriendo paso a fórmulas blandas y duras. Sus palabras están en la línea de las declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien ya se refirió a la posibilidad de un golpe militar en ese sufrido país. El intelectual y político mexicano ha reflexionado recientemente sobre el tema en un interesante artículo en The New York Times, “Venezuela is a disaster. Time for a Coup?”, en el cual muestra diferentes dimensiones de una crisis que permanece abierta y con final indefinido.

En la realidad de hoy, hay dos aspectos que parecen especialmente relevantes a la luz de esta reunión internacional en Nueva York.

El primero es la decisión de una serie de países de recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI), para que investigue eventuales crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país desde febrero de 2014. La inédita petición de Argentina, Canadá, Colombia, Perú, Chile y Paraguay muestra la gravedad de la situación, ya reflejada en informes de autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. El presidente de Colombia Iván Duque señaló en la reunión que es necesario ejercer los mecanismos que permitan “denunciar, investigar y sancionar por parte de la CPI a quienes han sembrado esa tragedia deleznable” en los últimos años en Venezuela. Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, señaló simplemente que la situación “es catastrófica”.

El segundo aspecto es el largo discurso de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, hecho con la decisión de “venir a contar la verdad de un pueblo”, según comentó desde el primer momento. En su alocución, además de hacer la correspondiente denuncia a Donald Trump y al imperialismo norteamericano -por razones históricas y actuales-, Maduro denunció que existía una verdadera campaña sicológica contra su administración. Reclamó su derecho a tener un sistema político y económico alternativo, así como a desarrollar “nuestro propio sistema de bienestar”. Frente a la grave crisis económica de Venezuela, advirtió que su gobierno había iniciado un “programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad”, una economía diversificada, no dependiente de la renta petrolera. El problema de fondo es que algo similar ha sido anunciado en diversas ocasiones, con resultados que cada vez han derivado en una profundización del conflicto social y el drama humanitario.

En relación al problema de la emigración, el dictador aseguró que se ha fabricado una “crisis migratoria”, situación que no correspondería a la realidad, que pretendería desviar la realidad de otras crisis migratorias que hay en el mundo. Lo que Maduro parece no entender, o no quiere hacerlo, es que la emigración ha transformado la crisis humanitaria venezolana en un problema regional, que seguramente tenderá a agravarse.

La situación es de difícil solución. La comunidad internacional, de manera cada vez más amplia y consistente, rechaza la dictadura de Maduro, la represión y su régimen. El sucesor de Chávez, por su parte, reclamó en las Naciones Unidas con entera convicción su derecho a desarrollar un modelo propio: el de la revolución socialista del siglo XXI. De la incapacidad de rectificación del régimen de Maduro sólo podrá sobrevenir una mayor polarización, una repetida repartición de la miseria y una crisis humanitaria que sigue sin encontrar solución.

Fuente: El Imparcial.