Señor Director:

Algo muy propio de la cultura chilena es la confianza desmedida en que basta una ley para resolver los problemas públicos. Pero la verdad es que la gestión, la potestad reglamentaria y el respaldo político pesan tanto como la norma a la hora de enfrentar fenómenos complejos.

Que el Congreso haya despachado la Ley de Reconstrucción Nacional, pese a las diferencias entre oficialismo y oposición da cuenta de un diagnóstico común: hay que enfrentar una crisis laboral con desempleo alto, informalidad creciente y miles de personas, sobre todo jóvenes y mujeres, buscando trabajo. Para superar esta situación se requiere más inversión y en diversas actividades.

Pero la confianza de un inversionista, de una pyme o de un emprendedor que decide contratar una o diez personas más, no depende solo de la ley ni de la carga tributaria. Depende de si ese proyecto puede ejecutarse sin quedar atrapados por años en recursos administrativos, judicializaciones y activismo político que poco tienen que ver con el medioambiente y mucho con una agenda que encontró en la institucionalidad ambiental y cultural una vía alternativa para frenar la inversión.

Chile desarrolla actividades del más variado tipo: forestal, pesquera, portuaria, minera y agrícola,entre otras que generan miles de empleos. Hoy más que nunca se requiere respaldo político a la inversión, que corrija leyes mal diseñadas, pero también gestión eficaz y voluntad política para esos proyectos no queden empantanados en el camino. Sin esa intención política, ninguna ley bastará para devolver la confianza de invertir y contratar en Chile.