Inadmisibilidades y oficio parlamentario

En el último tiempo hemos visto que un grupo de parlamentarios insistentemente presentan proyectos que exceden sus atribuciones e intentan desconocer la actual institucionalidad y las limitaciones al poder que poseen. Esto se ha visto incrementado desde octubre pasado y a raíz de la pandemia.

Los parlamentarios tienen un listado de materias sobre las cuales pueden legislar, dependiendo de la cámara en la que se encuentren, y por lo tanto, existen mecanismos para fiscalizar su cumplimiento, entre ellos, se encuentra la facultad de declarar la inadmisibilidad de un proyecto de ley.

Sobre la inadmisibilidad

Tanto nuestra Constitución como la Ley Orgánica del Congreso Nacional, entregan atribuciones específicas a la Cámara de Diputados y al Senado, explicitando también aquellas materias que solo pueden ser legisladas por iniciativa del Presidente de la República. Una de las razones para que la normativa establezca una lista de los temas que puede abordar cada una de las entidades mencionadas, es definir el nivel de apoyo a una posible modificación y el grado de la responsabilidad del representante, necesarios para enfrentar cambios en diferentes materias, las que poseen distintos niveles de complejidad. Otra es el balance de poderes. Así, por ejemplo, el gasto del Estado y las modificaciones tributarias tienen tal importancia en el bienestar de la población, que es una facultad exclusiva del Presidente de la República proponer cambios en estos temas.

Lo anterior implica que cualquiera que desee generar modificaciones en estas materias, deberá conseguir un nivel de apoyo electoral suficiente para llegar a la presidencia y luego, hacerse responsable política, administrativa o judicialmente de las consecuencias negativas que pudieran generarse. Los cargos de Presidente de la República y sus ministros, tienen un nivel de responsabilidad personal distinto y superior al que, por ejemplo, mantienen los parlamentarios. Esto se puede apreciar, entre otros elementos, en la posibilidad de ser acusados constitucionalmente incluso luego de dejar el cargo.


Por otra parte, hay materias en las que una u otra cámara del Congreso tiene asignada la exclusividad para comenzar la tramitación legislativa de una  iniciativa y se establecen procedimientos para tratar los proyectos de ley. En los casos en los que se planteen dudas sobre si cumplen con las condiciones de admisibilidad, esta puede llegar a votarse en la sala correspondiente. La asignación del origen posible de las leyes está definida en el artículo 65 de la Constitución Política de la República (CPR) y en la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Congreso. 


La inadmisibilidad de un proyecto ocurre cuando el presidente de una de las cámaras lo determina o cuando la comisión correspondiente así lo decide, pudiendo ser revisado por votación en sala y según los procedimientos establecidos en el artículo 15 del TÍTULO II de la Ley Orgánica del Congreso (1). Dentro de las causales que pueden ser invocadas para que un proyecto sea declarado inadmisible, es que infrinja algún aspecto de los establecidos en la CPR o LOC en cuanto a las atribuciones de cada organismo o a los requisitos que debe cumplir cada proyecto para ser presentado. Esto funciona como un mecanismo para asegurar que se cumplan las atribuciones de iniciativa exclusiva sobre materias de ley.


Los más infractores

Preocupa el aumento de la cantidad de proyectos inadmisibles que fueron presentados en los pocos meses transcurridos de 2020. Así, vemos cómo a mayo de este año ya fue superada la cantidad total de proyectos inadmisibles que se presentaron durante todo 2019 y varios años anteriores. De mantenerse esta tendencia, se podría llegar a presenciar un total de 69 inadmisibilidades en el año, cifra histórica.

Fuente: El Mercurio, C2, 11 de mayo de 2020

Lo delicado de estos proyectos es que dejan en evidencia un comportamiento poco deseable y complejo en cuanto a sus consecuencias, por parte de algunos parlamentarios. Es entendible que, eventualmente, un proyecto presentado que no parecía tener conflictos de admisibilidad vea aflorar en una comisión o en sala, argumentos y perspectivas que puedan sugerir una posible infracción a los criterios de admisibilidad, después de todo, de eso se trata la discusión parlamentaria, de reflexionar, aportar más visiones, perspectivas e información sobre cada proyecto. En el caso anterior, se esperaría que un parlamentario tenga un bajo número de proyectos que finalmente quepan en esta categoría.


Lo que no es ni entendible ni justificable, es que un parlamentario sostenidamente presente mociones que terminen siendo inadmisibles ya que esto, se explicaría por dos razones posibles: o el parlamentario no comprende las limitaciones de sus atribuciones, lo que habla de un mal oficio y un mal manejo del presupuesto que se le entrega para asesores, o bien simplemente no le importan las limitaciones establecidas en la normativa y de forma premeditada decide ignorarlas por la sencilla razón de que, su infracción, no posee una consecuencia que le afecte judicial, política o administrativamente. 


A continuación, en los gráficos siguientes, se entrega al público la información de senadores que han presentado más de 5 proyectos declarados como inadmisibles desde marzo de 2018 a la fecha y la cantidad de proyectos de esta condición que han sido presentados en lo que va de 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Senado
Fuente: Elaboración propia con datos del Senado

Es posible identificar a los senadores Chahuán (RN), Bianchi (IND) y Navarro (PRO) como los más infractores desde 2018. Estos nombres se mantienen, sumando el de la senadora Provoste (DC), cuando se analiza el caso específico de los meses transcurridos durante 2020. Si observamos su historial completo en el Senado, Carlos Bianchi ha presentado un total de 85 mociones inadmisibles desde el 2006, Alejandro Navarro 84 también desde 2006, Francisco Chahuán 51 desde 2010 y Provoste 10 desde 2019.

Declaraciones y sucesos

El día lunes 11 de mayo, el medio El Mercurio publicó un artículo sobre esta materia en su cuerpo C (C2). Allí, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, planteaba que los parlamentarios presentaban estos proyectos a razón de que “la Constitución establece un ámbito extremadamente estrecho para la iniciativa parlamentaria”. Es desafortunado, al menos, que la presidenta del Senado, quien también califica en el grupo de senadores con una cantidad relevante de proyectos inadmisibles, haga este tipo de declaraciones dado que, además de intentar justificar y reducir la gravedad del exceder las atribuciones parlamentarias, plantea que el problema es el margen de acción en lugar de la ausencia de un estricto respeto a la institucionalidad vigente. Ella acepta las atribuciones que tendrá el cargo en el momento en el que se postula como candidata a un escaño y, si estimara que son insuficientes sus atribuciones, pues debe o impulsar una modificación a la regulación que lo establece o apoyar un proyecto político que lo haga. Es sumamente cuestionable que un político, alegando que no posee suficientes atribuciones, decida no respetar la normativa y excederlas, solo por voluntad propia. 


A finales de abril, un grupo de senadores de oposición presentó un proyecto para terminar con las AFP, mientras reconocían que había dudas sobre su admisibilidad (2). La justificación para perseverar en la presentación del proyecto fue la necesidad de “abrir el debate”. Es tan recurrente como inaceptable que parlamentarios excedan sus atribuciones y constantemente intenten mover el límite a su poder político, sabiendo que la normativa se los impide, pero con el objetivo de hacer “puntos políticos” y obtener la aprobación de sus electores y la opinión pública. Más grave aún, es que confundan a la ciudadanía, que solo aumenta su frustración en contra de la política y los políticos por este tipo de comportamientos.  Esto es posible toda vez que no existe una sanción por esta actividad y por el bajo compromiso ético e institucional de los parlamentarios que insisten en estas malas prácticas.


Por último, la moción anteriormente mencionada fue declarada admisible por el senado pese a que nuestra Constitución establece que corresponderá exclusivamente al Presidente de la República la iniciativa para, entre otros, “Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.” y que “El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.” (Art 65, inciso cuarto, numeral 6°) (3).  Entendiendo que existen mecanismos de control de constitucionalidad, como lo es el Tribunal Constitucional, queda espacio a la pregunta de si es positivo que sean los mismos parlamentarios quienes decidan, bastando una mayoría simple, si pueden legislar sobre una materia o no, dado el comportamiento visto en este y otros proyectos anteriores. Es importante que no se institucionalice ni normalice el mal utilizar los mecanismos legislativos para intervenir en la agenda o generar atención mediática, por parte de los parlamentarios.

(1) https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30289

(2)https://www.latercera.com/pulso/noticia/senadores-de-oposicion-presentaran-proyecto-para-eliminar-las-afp-y-nacionalizar-fondos-de-pensiones/AAJNY3IDEZACJCH2W7BLOOT6NI/

(3)https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/05/13/senado-admite-a-tramite-proyecto-para-remplazar-sistema-afp-por-uno-estatal.shtml