Que no sea costumbre – El Dínamo

El avance del Covid-19 ha asolado naciones de lo más diversas, generando panoramas desoladores en China, Europa y el mundo. Ante estas situaciones de extraordinaria urgencia, gobiernos de todo el globo han debido declarar distintas condiciones de emergencia para invocar atribuciones y presupuestos excepcionales. Italia, por ejemplo, decretó “estado de alerta” el 31 de enero, siendo hoy uno de los países más golpeados por la pandemia. España, por su lado, hizo lo propio el 14 de marzo y también invocó este estado que le otorga facultades para limitar el libre tránsito, requisar bienes de forma temporal, ocupar transitoriamente industrias y administrar bienes de primera necesidad, entre otros. En el caso de Chile, también se utilizaron herramientas constitucionales para hacer frente a la emergencia y el 18 de marzo se declaró “estado de catástrofe” bajo el cual se han podido dictar cuarentenas, fijaciones de precios, toques de queda y la toma de control por parte del Estado de elementos del mundo privado.

Todo este panorama golpeó fuertemente el escenario nacional en casi toda dimensión posible. Si nos concentramos en la dimensión política, el debate público dio un giro imprevisto y radical que tiene a muchos intentando aún acomodarse en sus posiciones nuevamente. Tarea difícil en un escenario que cambia día a día con nuevos contagios y muertes.

Donde sí algunos ya pueden acomodarse, y eso es lo peligroso, es en la idea de un Estado poderoso y supervigilante, con facultades realmente amplias y un control desproporcionado sobre ellas más allá de la duración de la emergencia. Esto se nota particularmente en términos de libertad individual y económica.

Hace algunos días fue publicado el Economic Freedom Index 2020 de Heritage Foundation. La buena noticia es que Chile se ve fortalecido en esta versión, avanzando del puesto 17 al 15 y quedando bajo países como Canadá (7) u Holanda (14), pero sobre otros como USA (17) o Finlandia (20). Por otro lado, la mala noticia es que estos resultados no consideran, por la fecha de los datos utilizados, los hechos de violencia y crisis desatados desde octubre en nuestro país y la respuesta institucional y legislativa. Evidentemente no considera tampoco el contexto del Covid-19 y sus primeras consecuencias en el plano institucional.

En el marco de la emergencia actual muchos han pedido medidas extraordinarias como la fijación de precios, la toma de control de la salud privada, la rigidización del mercado laboral impidiendo despidos, el aumento de impuestos e incluso comienzan a aparecer los fantasmas de la nacionalización para empresas que están en aprietos, como Latam. Pese a que algunas de estas medidas se han utilizado, como la fijación de precios, se ha hecho para responder con rapidez extrema a las necesidades puntuales frente a la pandemia pero en un entendido que es solo temporal y bajo un contexto singular.

Mucho dio que hablar la falsa información que algunos difundieron en redes sociales, escondida tras una poco honesta pregunta, sobre los costos para el Estado de arrendar Espacio Riesco para su uso como hospital de emergencia. Aquí figuras como Heraldo Muñoz, quien es presidente del PPD, el ex fiscal Carlos Gajardo o la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz, plantearon críticas frente a un supuesto costo diario de 26 millones de pesos mensuales. Finalmente el Minsal confirmó, a través de un decreto, que fijó el precio en un costo mensual de 0,2 UF por metro cuadrado, lo que hasta el momento, significa una carga fiscal de poco más de 17 millones de pesos mensuales.

Se hace necesario explicar que la fijación de precios que se utilizó en el arriendo de Espacio Riesco es sólo tolerable, en términos de sus consecuencias y obviando la necesaria solidaridad por parte de los propietarios, por el mercado y la sociedad a razón del contexto dado: un centro de eventos masivos no tendría muchos otros usos ni mayor demanda en medio de una pandemia mundial, por lo que su arriendo es un servicio escasa o nulamente demandado. En esa lógica, el fijar el precio es benigno y solamente posible por la declaración de un estado de excepción constitucional.

Hay quienes una vez superada la emergencia -es de esperar que se dignen a esperar al menos aquello- la usarán como argumento para criticar al “modelo”, a la Constitución y al gobierno, para luego insistir en las supuestas bondades de un Estado omnipresente, grande y burocrático. Nada más alejado de la realidad.

Los hechos muestran que Chile ha tenido avances significativos y que ha cosechado frutos de mayor progreso a razón de sembrar libertad económica. Así, en el año 1980, Chile poseía un PIB per cápita del orden de los 9.000 USD mientras que Argentina rondaba los 15.700 USD. Para el año 2016 nuestro país ya alcanzaba cerca de los 25.000 USD mientras que la Argentina bordeaba los 20.600 USD. ¿A qué se debe este salto? En 1980 Chile estaba en el lugar 57 del ranking de libertad económica de The Fraser Institute, mientras que Argentina se encontraba en el puesto 80 (de 104). Para el año 2016 Chile ya se encontraba en el lugar 15 mientras que Argentina en el 160 (de 162). En otras palabras, Chile se puso manos a la obra en torno a profundizar la libertad económica mientras que Argentina, se estancó ante la falta de ella.

En otras cifras relevantes, Chile está mejor posicionado en términos de libertad económica que Ecuador y Venezuela; en lugares 13, 118 y 162 respectivamente según Fraser 2019. Justamente en igual ordenamiento se encuentran en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Chile está en el lugar 43 de la medición, muy por sobre el lugar 85 de Ecuador y 96 de Venezuela.

En síntesis, somos un país cuyos éxitos y logros están vinculados a la libertad económica. No se debe caer en la trampa deshonesta de los que abiertamente promueven mantener prácticas de un Estado grande y dominante sobre la vida de las personas y sobre la sociedad civil, más allá de una emergencia como la que atravesamos hoy.

En consideración a la pandemia, el Fondo Monetario Internacional anunció una recesión global “igual o peor” que la provocada por la crisis subprime en 2008-2009. Frente a la turbulencia financiera presente, y a un duro escenario futuro, volver a promover el dinamismo económico se hace fundamental para la prosperidad de las familias chilenas. Apenas termine esta pandemia, todos los esfuerzos deberán ser enfocados en reconstruir la capacidad económica nacional e implementar políticas pro libertad económica, que son fundamentales para aquello.

Son tiempos difíciles para la humanidad y la libertad. Hay que recordar que son temporales y hacer lo necesario para que Estados y políticos, no se acostumbren a este nuevo nivel de influencia y poder.