Gran parte de las discusiones más acaloradas que han ocurrido entre el oficialismo y la oposición, o incluso entre miembros del mismo oficialismo, se deben a lo problemático y frecuente que se ha vuelto que parlamentarios presenten proyectos de ley con claros vicios de constitucionalidad que los harían inadmisibles. La gravedad de esta situación, entre otros elementos, viene dada en gran medida porque las iniciativas intentarían utilizar atribuciones que son conferidas por la ciudadanía, a través del voto popular, exclusivamente al Presidente de la República.
Al interior de Chile Vamos:
La polémica por proyectos inconstitucionales o inadmisibles ha generado roce al interior del oficialismo toda vez que parecieran existir diferentes sensibilidades respecto a la gravedad del tópico. Así, se levantó la idea, respaldada por Evópoli y parte de la UDI pero cuestionada por RN, de generar un reglamento interno para Chile Vamos en el que, en un principio, se sancionaba con la imposibilidad de competir por la reelección a aquellos parlamentarios que insistieran en presentar mociones inadmisibles. Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, calificó al reglamento mismo como inconstitucional, pues los partidos no podrían sancionar a sus parlamentarios por cómo votan y se negó a apoyarlo. Finalmente se quitó el apartado de la sanción y 40 de 85 parlamentarios de la coalición de gobierno, decidieron firmar.
El Presidente:
En un aparente intento por resolver tanto la problemática misma como los roces al interior de la coalición de gobierno, el Presidente anunció la conformación de una comisión de expertos para que revisara la manera de determinar la admisibilidad de los proyectos presentados en el Congreso.
Desde el oficialismo, PRI incluido, valoraron el anuncio, en parte porque también permitía a la oposición participar del proceso de discusión y resolución de la polémica, además de hacerse cargo de la situación. En cambio, la oposición alegó intromisión por parte del Ejecutivo en labores del Legislativo, abriendo un flanco de conflicto entre estos poderes del Estado mientras se están tramitando los proyectos que aterrizan en la práctica los acuerdos alcanzados en contexto de la pandemia. En aquella línea también se encuentra la mesa de la Cámara, presidida por Diego Paulsen (RN), quien plantea, hubiera preferido un camino distinto.
Sobre la situación:
Hemos mencionado en publicaciones anteriores la gravedad que implica tramitar proyectos inadmisibles. Es entendible que eventualmente y en el contexto de un proyecto de alta complejidad técnica o profunda especificidad, una moción pueda ser declarada inadmisible por la existencia de elementos que contravengan la exclusividad del Presidente en la iniciativa sobre algunos temas. Así, existiendo esta como otras causales de forma o reglamento, es esperable y tolerable que los parlamentarios tengan una pequeña cantidad de proyectos que terminan en esta categoría, puesto que también es propio de un parlamento la discusión y el debate democrático que permitiría ir perfeccionando o descartando elementos. Dicho lo anterior, cuando se vuelve un actuar reiterado y deliberado la presentación de mociones inadmisibles, solo quedan dos explicaciones posibles: no se comprende que lo que plantea es inconstitucional, o bien, no le importa. Es labor de cada parlamentario conocer las atribuciones que le son conferidas por la ciudadanía, según como lo establezca el ordenamiento jurídico nacional, así como también sus limitaciones. Sumado a lo anterior, existen recursos para que asesores profesionales o instituciones apoyen a los parlamentarios con aquellos temas técnicos o específicos que sean de una mayor complejidad. Si un parlamentario llegara a alegar desconocimiento de estas normas, bien vale la pena cuestionarse qué uso da a los recursos que recibe por la vía de asignación parlamentaria.
La otra posibilidad es que los parlamentarios, sabiendo que no tienen las atribuciones y que no les fue conferido aquel poder por la ciudadanía, decidan de todas formas presentar mociones sobre algunas temáticas específicas que las transforma en inadmisibles. Este es el caso que pareciera más probable, dado que muchas veces son los mismos legisladores quienes reconocen la inconstitucionalidad de los proyectos.
Las críticas provenientes de la oposición esgrimen, entre otros elementos, que existe una institucionalidad vigente que tiene dentro de sus objetivos y competencias el manejar y resolver los casos de inadmisibilidades. Esto, en la práctica, es decirle al gobierno que si le preocupa la inconstitucionalidad de una moción que avanza en el trámite legislativo, deberá llevarla frente al Tribunal Constitucional. En el contexto previo al plebiscito, una estrategia deseable por parte de la oposición, que está por un cambio constitucional, sea la de levantar proyectos con buena recepción popular que, por sus posibles consecuencias negativas, estén limitados por la actual Constitución, de forma de generar una tensión político-mediática, en la que la responsabilidad y los costos políticos de frustrar la expectativa construida por el proyecto y los parlamentarios que lo presenten, se aloje en la Constitución y no en la irresponsabilidad de aquellos congresistas que hacen propuestas y anuncios que no pueden cumplir. Así es como, con fines electorales frente al plebiscito, se podrían utilizar las inadmisibilidades, lo que permite entender y dar sentido a la molestia de la oposición por la nueva propuesta del Ejecutivo. El punto anterior se vuelve aún más relevante cuando se dibuja un camino en el cual un congresista puede verse beneficiado por presentar estas mociones que no pueden admitirse a tramitación. Muchas veces el argumento para que políticos levanten estas mociones es que el tópico que aborda es demasiado importante, quedando su actuar revestido de justicia y aprobación popular, lo que evita y purga cualquier consecuencia negativa que posea y constituye una herramienta más para “poner el asunto en agenda”. Así, parlamentarios han decidido simplemente ignorar reglas, dado que no existe una sanción que les transmita los costos de su perjudicial actuar. Dado este contexto cabe preguntarse, ¿siendo esta la manera desenvolverse en la actual Institucionalidad, que se puede esperar respecto de las reglas de un eventual proceso constituyente?.
En el marco del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y la posterior reforma constitucional que dio pie a la convocatoria al plebiscito, se generaron reglas que limitan y establecen el funcionamiento del órgano redactor en un eventual cambio constitucional. Lo preocupante es que más allá del acuerdo, que no pasa de un documento con mera validez política, más no jurídica, los primeros elementos realmente normativos fueron introducidos como nuevos artículos transitorios en la Constitución a través de la reforma ya mencionada. Esto es especialmente preocupante cuando es posible ver hoy a parlamentarios contraviniendo e ignorando, deliberadamente, otras limitaciones que esta Carta Política establece. Si actualmente existen congresistas, de oficialismo y oposición, que deciden por su sola voluntad ignorar algunos capítulos de la Constitución, ¿por qué deberíamos esperar que respeten los capítulos que norman un eventual proceso constituyente?, ¿si los parlamentarios no respetan las reglas que les rigen, por qué deberían hacerlo los convencionales?. El panorama se ve agravado cuando vemos también a jueces que pretenden exceder sus atribuciones e intentan derechamente legislar. Otro tanto ocurre en aquellas situaciones en nuestro país en donde el Estado de Derecho no se respeta correctamente.
Dado lo anterior, decidimos comparar la posición frente al plebiscito de entrada y la cantidad de mociones inadmisibles presentadas por senadores. Los resultados son preocupantes pues 20 de 24 senadores que han presentado mociones inadmisibles este año, estarían por la opción “Apruebo”, lo que representa un 83% del grupo.
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(1) Aquí puedes ver el reglamento que finalmente prosperó y sus firmantes:
(2) Y la propuesta original:
(3) https://www.pauta.cl/politica/la-moneda-interviene-en-la-polemica-de-la-inadmisibilidad-de-proyectos
(4) https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/06/23/989987/Camara-y-proyectos-inconstitucionales.html