Chile, dado su mejor nivel de calidad de vida y una mayor oferta de oportunidades laborales respecto de otros países de la región, ha sido objeto de altas presiones migratorias en los últimos años. Así, para el 2019 la cantidad de migrantes ascendía a 1.492.522, casi 250.000 más que el año anterior, siendo los grupos principales aquellos provenientes de Venezuela (30,5%), Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8%), tal y como consigna un informe del INE(1).
En otras palabras, de cada 100 migrantes en Chile, cerca de 31 provienen de Venezuela, 16 de Perú, 13 de Haití, 11 de Colombia y 8 de Bolivia. El resto de las nacionalidades se distribuyen las 21 personas restantes.
Estas cifras se comprenden mejor al caracterizar por su etapa de vida a los migrantes. En el siguiente gráfico se distribuye el porcentaje de la población migrante en Chile que ocupa cada grupo etario.
De acuerdo con el gráfico anterior, la mayoría de la población migrante en Chile está dentro de grupos etarios laboralmente activos e incluso se concentra en el segmento de edades comprendido entre 20 y 49 años. Es altamente probable que esta cantidad de personas estén buscando oportunidades de trabajo, lo que implica una presión extra para un mercado laboral nacional estresado por la crisis. Otros datos interesantes son que la población venezolana en Chile aumentó cerca de un 58% entre 2018 y 2019 y que en la comunidad haitiana en nuestro país existen casi 18 hombres por cada 10 mujeres.
El tópico de la migración se vuelve especialmente relevante en estos momentos debido a la tramitación de una reforma que se encuentra en el Congreso desde 2013, que casi no tuvo avances durante la Segunda Administración Bachelet, y a la que el actual Gobierno ha dado urgencia legislativa para avanzar su tramitación. Las razones para concretar una nueva legislación sobre migraciones están vinculadas a la posición de relativa ventaja de la economía chilena, sin perjuicio de los embates del estallido de violencia de octubre pasado y de la actual pandemia. Si consideramos, por ejemplo, que Perú tuvo una caída de un 30,2% en su economía durante el segundo trimestre -el peor registro de la historia-, que significó la destrucción de casi 4 de cada 10 puestos de trabajo formales, mientras que Chile en el mismo período en sufrió una caída de 14,1%, es posible entender la magnitud del desplazamiento de población que se podría generar una vez que la reactivación de la economía nacional se vaya concretando (2) (3).
Si consideramos que sólo en Perú a la fecha se han perdido 6,7 millones de puestos de trabajo y simulamos el caso en el que 1 de cada 200 personas de las que perdieron sus empleos decide aventurarse y venir a probar suerte a Chile, tendríamos cerca de 33.500 nuevos migrantes buscando trabajo, lo que sería superior a toda la población extranjera residente en Arica, Ñuñoa o Calama o bien, equivalente a casi el 59% de dicha población en Antofagasta (4).
Nuestro país hoy se enfrenta a cifras de más de un millón de desempleados y con un aumento de cerca de 764.000 personas, equivalente a un 132,6% de crecimiento, de los “ocupados ausentes”, entre quienes están aquellos que vieron suspendidos sus contratos. Adicionalmente, la fuerza de trabajo se redujo en un 15,6% en 12 meses, es decir, que casi 1,5 millones de personas dejaron de buscar trabajo o no están disponibles para trabajar de inmediato -por lo que no están consideradas en la cifra oficial de 13,1% de desempleo trimestral mayo-julio 2020-. En este escenario, Chile no tiene capacidad de ofrecer oportunidades laborales a una nueva ola de migrantes (5).
Que profesionales, emprendedores, trabajadores y sus familias, de otras nacionalidades, lleguen a instalarse al país debe ser motivo de orgullo: el estándar alcanzado por la sociedad chilena es suficientemente atractivo y la importación de aquel capital humano y cultural puede significar grandes ganancias para Chile. Dicho lo anterior, es necesario que cualquier proceso migratorio sea gradual, ordenado a través de las vías institucionales y regulado en cuanto a aquellos aspectos que puedan propiciar un desarrollo del mercado laboral para acoger a nuevos trabajadores pero también que pueda asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes. En este sentido, debe ser un proceso que reduzca al mínimo la posibilidad de problemas como el hacinamiento y la conformación de getos no integrados en las comunidades locales o como la trata de personas y tratos vejatorios por parte de inescrupulosos que se aprovechan promoviendo vías irregulares para migrar a Chile, poniendo en riesgo la vida, bienestar y dignidad de la población migrante.
Esta semana se vota en el Senado el proyecto de reforma a la ley de migraciones y en él, parlamentarios de oposición han incorporado indicaciones que, de aprobarse, significarían un alto riesgo para la estabilidad del mercado laboral nacional y la implementación de un sistema que no promueva la seguridad y certeza con anterioridad para los migrantes. Por el contrario, estas indicaciones generarían incentivos para que aumente el tráfico de personas y los negocios ilegítimos en esta materia. Es de suma relevancia que el Congreso rechace la indicación que obliga al Estado a otorgar una visa a cualquiera que llegue a la frontera, como también aquella que crea una visa de turismo que permite el trabajo de forma temporal.
--------
(3)https://www.cnnchile.com/economia/economia-chilena-cae-141-segundo-trimestre_20200818/
(4) https://digital.elmercurio.com/2020/06/15/C/FM3Q9BFG#zoom=page-width