OPINIÓN

El 11 de marzo se cumplen dos años desde la llegada al poder del Presidente Gabriel Boric junto a su coalición de partidos de izquierda, originalmente el Frente Amplio y que en la última elección parlamentaria en 2021 compitió bajo el pacto denominado Apruebo Dignidad. Esta coalición de partidos y movimientos de izquierdas es la coalición de origen del mandatario, y por tanto es en esta agrupación formada originalmente por el Partido Comunista de Chile, Revolución Democrática, Comunes y una decena de otros partidos y movimientos en donde se encuentran las bases doctrinarias e ideológicas del gobierno actual. Esto sin perjuicio de que algunos partidos de centro izquierda que formaron parte de la Concertación de Partidos por la Democracia y después de la Nueva Mayoría se incorporaron al gobierno, así como también con independencia de la importancia y peso que lograron al interior del gabinete y del gobierno. 

Es entonces en el proyecto político original del presidente, aquel en que levantó su candidatura en donde se deben buscar las raíces ideológicas más profundas de las políticas públicas, reformas y actos administrativos más relevantes en esta primera mitad del mandato del presidente Boric.

Bajo una lectura tradicional, es evidente que la actual administración presenta problemas importantes tanto en la gestión de los recursos fiscales como en la conducción de los asuntos de la república. Es habitual encontrar diversas voces que levantan este análisis. Desde este punto de vista, el concepto que mejor podría definir la administración en estos dos primeros años es “incapacidad” o derechamente “incompetencia”. No obstante este diagnóstico ampliamente difundido en la opinión pública, en la oposición política al gobierno y hasta cierto punto ratificado por los desastres naturales y errores burdos cometidos por la actual administración, desde el Instituto Res Publica presentamos una análisis de estos dos primeros años desde una perspectiva ideológica. ¿Por qué es importante esta perspectiva? Porque mientras la opinión pública se concentra en aspectos meramente formales de gestión del aparato estatal y burocrático, y a lo más en lo pernicioso que podría llegar a ser ciertas medidas, el gobierno y sus partidarios -que todo sondeo promedian un 30%- avanzan o defienden su agenda ideológica exitosamente en diversos áreas relevantes para los próximos 50 años. Y desde esta perspectiva, el gobierno del presidente Boric resulta ser bastante más exitoso y peligroso de lo que se piensa. Este éxito se debe no solo a que impulsan o resisten un cambio en función de la promoción y/o defensa de la agenda ideológica que lo inspira, si no que además, logra proyectar su sombra sobre los partidos de centroizquierda que integran el gobierno. Así, mientras el PS ha debido radicalizarse para mantenerse vigente y no perder votantes por la izquierda, el PPD y el Partido Radical se han desplomado sostenidamente en materia electoral desde 2020 a la fecha, quedando reducidos a sus peores resultados desde 1989.

¿Cuáles son estas áreas o temas que vale la pena observar más detenidamente? Se trata de economía, educación, pensiones, salud, y legitimación de la violencia. 

1.- Obsesión con subir impuestos

2.- Blindaje a la Nueva Educación Pública y condonación del CAE

3.- Legitimación de la violencia como herramienta política

4.- Sistema de reparto y pensiones

5.- Crisis del sistema de aseguradores privados de la salud

En cada una de ellas, el Gobierno ha mantenido firmemente su posición ideológica en algunos aspectos claves, y bien insiste en avanzar propuestas como el alza de la carga tributaria o la creación de un sistema de reparto en pensiones, o mantiene una línea de defensa firme como en el caso de la institucionalidad de la nueva educación pública o los indultos a delincuentes involucrados en episodios de destrucción con posterioridad al 18 de octubre de 2019.

1.- Obsesión con subir impuestos

Ante una economía que necesita reactivarse y volver a crecer el gobierno hace todo lo necesario por promover una agenda tributaria que va en la línea contraria. En vez de bajar impuestos y promover la inversión, la discusión se centra sólo en la necesidad de recaudar más y de forma más eficiente.

Coherentes con su relato, que se basa en la convicción de que es el Estado el más apto para solucionar las problemáticas sociales, intervenir en la economía y en general dirigir la vida social, el programa de este gobierno no era posible de llevar a la práctica sin mayores recursos puesto que este se basa en el protagonismo estatal.

En consecuencia, el gobierno presentó en el año 2023 un primer proyecto de reforma tributaria con el foco puesto en los siguientes puntos: fortalecer la recaudación, evitando la evasión y elusión por ejemplo, y aumentar la carga tributaria. De esta manera lograr recaudar 12 mil millones de pesos para poder cumplir con su programa de gobierno, lo que equivalía a un 4.1% del PIB. Dicha reforma fue rechazada en su idea de legislar, suspendiendo la posibilidad de poder ser presentada en un año más.

Producto de ese rechazo el gobierno decidió crear lo que ha llamado “Pacto Fiscal” que no deja de ser una nueva propuesta unilateral del gobierno. Dicha propuesta divide la reforma tributaria en dos proyectos, uno destinado a fortalecer la recaudación - presentado en enero de este año - y el otro que buscaba directamente subir impuestos, el que debería presentarse durante marzo.

Mientras el país se encuentra con un crecimiento prácticamente nulo y un desempleo en aumento, no parece coherente con la realidad impulsar una reforma tributaria de estas características. Sin embargo, se ajusta al molde ideológico y se alinea con la retórica gubernamental de que un Estado más fuerte y grande, de que mayores recursos en manos de las instituciones públicas es necesariamente un bien para la sociedad. Siguen defendiendo con cierto éxito la idea de que el Estado sabe mejor que las personas en qué y cómo gastar los recursos de cada chileno.

2.- Blindaje a la Nueva Educación Pública y condonación del CAE

A.- Durante el segundo gobierno de la presidente Michelle Bachelet se aprobó en el congreso una gran reforma al sistema de educación, cuyo origen se encuentra en las manifestaciones estudiantiles y que apuntaba a otorgar un rol predominante al Estado en el desarrollo de proyectos educativos, aumentado el tamaño del estado por medio de la creación de toda una nueva institucionalidad y limitando la participación de la iniciativa privada

Durante 2023 la crisis de la educación pública quedó al descubierto debido a la dramática situación en la Región de Atacama a la se fueron sumando problemas en otras zonas en donde ya se implementó toda la institucionalidad creada para poner término a la administración municipal de los establecimientos educacionales. El gobierno del Presidente Boric y sus partidarios han mantenido como mensaje que el sistema requiere ajustes, pero no están dispuestos a detener la implementación ni reconocer los errores de fondo que tanto daño están causando a la educación pública. A esto se debe sumar la completa resistencia a revisar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), mecanismo de postulación a los establecimientos de educación pública y en los establecimientos particulares subvencionados. Este sistema no reconoce el mérito ni tampoco otras situaciones particulares que pueden afectar a las familias a la hora de buscar un establecimiento de educación. Este problema se arrastra desde hace un par de años, pero el gobierno no tiene interés alguno en introducir modificaciones para reconocer el mérito en la admisión escolar.

B.- La eterna promesa de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) está produciendo un efecto negativo en el pago del mismo. Una eventual condonación del CAE es regresiva y beneficia a un grupo privilegiado, aquellos que accedieron a la educación superior y que en virtud de sus ingresos pueden pagar este préstamo. Como se trata de una promesa de campaña que podría considerarse una continuación de la política de gratuidad universal para la educación superior, es un elemento central del proyecto político que da sustento al Gobierno del Presidente Boric. La condonación no está exenta de dificultades prácticas, lo que ha dificultado la concreción de esta propuesta. El insistente discurso del gobierno se ha traducido en la mayor tasa de morosidad en el pago del CAE, en gran parte debido a que todos esperan ser beneficiados con esta condonación pues se ha entendido en carácter universal, y esto a pesar de las explicaciones del Ministro de Educación dejando ver que de realizarse sería más bien acotada y bajo ciertos supuestos. En definitiva, el lenguaje construye elevadas expectativas y modifica patrones de comportamiento en los deudores. Desde esta perspectiva, la agenda ideológica sigue avanzando, y podría terminar imponiéndose si el CAE deja de ser pagado sin consecuencias para los que pudiendo pagar, dejan de hacerlo.

3.- Legitimación de la violencia como herramienta política

Dentro de la narrativa que permitió al Frente Amplio llegar al gobierno estuvo una legitimación de la violencia vivida principalmente con ocasión de las protestas del 18 de octubre. Pese a los esfuerzos del gobierno anterior por implementar una agenda sobre la marcha que permitiese enfrentarla. Y esa lógica continuó desde que se convirtieron en gobierno.

Mientras fueron oposición votaron en contra de los proyectos de ley propuestos por el gobierno del ex presidente Sebastian Piñera y que buscaban dotar de mejores herramientas al Estado para enfrentar la violencia. Del mismo modo, usaron las tribunas de que disponían para socavar el prestigio de Carabineros de Chile, intentando privar de legitimidad el actuar de las policías. 

A pesar del cambio de tono de algunos personeros de gobierno, incluido el presidente, esto no pasa de ser una táctica comunicacional, porque en definitiva la coalición no ha mostrado un real cambio a este respecto. El Partido comunista se opuso de forma fervorosa a la revocación de las pensiones de gracia.

Esta ha sido la dinámica desde el inicio. No olvidemos que uno de los primeros anuncios del gobierno en marzo de 2022 fue precisamente el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra presos del estallido, para terminar el año con el decreto de indulto a 13 personas, también involucrados en actividades delictivas. En ambos casos subyace una misma idea, que el uso de la violencia como herramienta política es legítimo y que el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado no puede ser utilizado para defender al resto de la sociedad.

Otra situación que reforzó esta lógica, fue la polémica surgida con ocasión de las pensiones de gracias por supuestas violaciones a los derechos humanos. Ante el informe Contraloría que reveló que 58 personas favorecidas por estas pensiones tenían antecedentes penales, el gobierno.

La legitimación de la violencia en política conlleva graves consecuencias para el país y profundiza la inseguridad en la que viven millones de chilenos. Si quienes están al frente del gobierno no toman medidas concretas, coherentes y no contradictorias, difícilmente pueda cambiar algo de la actual crisis de anomia y violencia que vive el país. La violencia del 2019, el incivismo en las escuelas y el aumento de la sensación de inseguridad ciudadana, son los costos del éxito ideológico que el gobierno ha tenido en esta materia.

4.- Sistema de reparto y pensiones

Dentro de las reformas emblemáticas que busca impulsar el sector más radical de la izquierda chilena se encuentra poner término al sistema contributivo de ahorro para las jubilaciones. Para nadie es un secreto que desarmar completamente el sistema de capitalización individual para las pensiones es uno de los objetivos fundamentales para el actual gobierno. Asimismo, inesperadamente para el oficialismo, después de los retiros de fondos que impulsaron en la pandemia, la opinión pública se ha inclinado progresiva y sistemática por la propiedad privada de los ahorros de los trabajadores para la jubilación, lo que ha hecho imposible para el gobierno avanzar una reforma radical al respecto. 

Así, el gobierno presentó su reforma proponiendo una cotización  adicional de 6% que se distribuía nominalmente en 2% a las cuentas de capitalización individual y un 4% pasará al Estado: un 1% se destinará al financiamiento del derecho a sala cuna y 3% a la creación de un Seguro Social que otorgará beneficios para mejorar las pensiones de actuales pensionados. Como si esto no fuera poco, el 2% que supuestamente va a las cuentas de ahorro individual, en la práctica es menos, pues con cargo a estos puntos de cotización adicional se propone una distribución intergeneracional: es decir, el 2% no va íntegramente a la cuenta del trabajador.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados el ejecutivo modificó la propuesta inicial para llegar a una distribución de 3% a las cuentas individuales y 3% a programas estatales. La Cámara de Diputados rechazó la distribución del aumento propuesta. En el Senado, el gobierno insistirá en la fórmula 3-3, y para ello ha recurrido entre otros argumentos y bajadas comunicacionales a que la reforma presentada durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera proponía esta fórmula. Este recurso se intensificó con la muerte del ex mandatario, insistiendo en los llamados a un gran acuerdo nacional. El tema de fondo es que esa propuesta se hizo cuando no existía la pensión garantizada universal (PGU), que hoy sí existe y constituye un pilar contributivo estatal que se financia con cargo a los ingresos generales del presupuesto a la nación y no con cargo a la cotización de los trabajadores.

El oficialismo no va a renunciar a quedarse con las cotizaciones de cada trabajador, y desde esa perspectiva, cualquier acuerdo que implique que el 6% de cotización adicional no vaya directamente a las cuentas de capitalización individual es una victoria para la agenda ideológica. ¿Por qué? En primer lugar, porque se logra introducir de manera encubierta un impuesto al trabajo formal, aumentando así la carga tributaria sobre las personas. En segundo lugar, porque se vulnera el principio de propiedad de las cotizaciones previsionales que son fruto del trabajo de cada cotizante, toda vez que dejan de pertenecerles y no pueden ser heredadas íntegramente. Tercero, porque todo aquello que no ingrese a las cuentas personales de los trabajadores queda bajo al administración de una entidad estatal lo que significa aumento del tamaño del Estado por la vía de más burocracia y contratación de personal, que no da garantías de que esos dineros logren las mismas rentabilidades que el resto de la cotización y además, siempre deja abierta la puerta para un a expropiación sin indemnización -llamada comunicacionalmente por sus partidarios nacionalización- de los fondos como en Argentina en en 2008 bajo el gobierno de Cristina Fernández o en Bolivia con el proceso entre 2015 y 2023. 

5.- Crisis del sistema de aseguradores privados de la salud

La salud, una de las prioridades de la ciudadanía, atraviesa por una de sus peores crisis, con la problemática que enfrentan las Isapres. 

Es en este punto en que el gobierno ha mostrado una de sus facetas más ideológicas, puesto que ellos no creen en que deba existir un modelo mixto de salud, sino que un sistema único de salud con preeminencia del Estado en su provisión.

Es esta visión la que ha dominado el debate en torno al modelo de salud desde la perspectiva del gobierno. 

El tema no es menor, puesto que hay cerca de 3 millones de chilenos afiliados a aseguradoras privadas y que de quebrar el sistema caerían al ya colapsado sistema público, profundizando una crisis en la que se encuentra todo el sistema de salud.

En esa línea el gobierno ha dado tibios pasos para sortear la crisis, no por convicción ni por preocupación de la situación de los afiliados de la Isapres, sino que para evitarse un problema mayor. 

En el programa de gobierno del presidente Boric se proponía la creación de un sistema universal de salud, administrado por el Estado, dejando a las Isapres con un rol marginal y complementario. Dicho programa señalaba que se crearía un Fondo universal de salud (FUS), el cual recaudaría y administraría el 7% de cotización junto con un aporte adicional del Estado, terminando con ello con el “negocio de las Isapres”. 

El hecho de que el gobierno haya presentado sólo una ley corta a fin de resolver el problema contingente sin mayores anuncios en la materia, nos hace pensar que en principio no hay voluntad de salvar el sistema ya que el proyecto presentado sería insuficiente para la subsistencia de las Isapres. De todas maneras esto es coherente con la negativa al “perdonazo” por parte de Boric.

El problema de que eventualmente se “deje caer” a Isapres es que eso tendría como consecuencia una dura afectación a los prestadores privados de salud, instituciones en las que se atiende no sólo gente con un seguro privado de salud, sino que millones de personas que estando en Fonasa optan por la modalidad de libre atención. De esta manera, la obcecación del gobierno en la materia, podría llevar a un colapso general del sistema y no sólo el fin al negocio de las Isapres.