OPINIÓN

5 mayo, 2024. El Libero

   Cuando se repite la violencia, los asesinatos y los crímenes de distinta especie, son pocas las cosas que asombran a la población. Cuando las noticias muestran carabineros asesinados y quemados, a personas mutiladas, a niños que caen muertos por alguna bala o simplemente otro asesinato llena las noticias, la verdad de estos dramas se transforma en estadística, acumulación de malas noticias e incluso en la convicción de que es probable que las cosas no cambien como la sociedad querría. Todo ello es lamentable. Y, por lo mismo, se produce un acostumbramiento triste, que se suma al sentimiento de decadencia, pérdida de seguridad y a la derrota del Estado en lo que debería ser una de sus tareas principales: “dar protección a la población y a la familia”, como dice expresamente la Constitución Política de la República en su artículo 1.

Sin embargo, este miércoles 1 de mayo se ha producido una novedad –no es la primera vez, pero tenemos videos tremendos– con un asesinato a sangre fría y a plena luz del día en el barrio Yungay de la capital. Como señalan las noticias y como muestran las imágenes, una persona se acerca a otra para “asaltarla”. Sin embargo, muy pronto la situación cambia: cuando el afectado entregó sus cosas y sin haber opuesto resistencia, el asaltante se convirtió en asesino, disparándole a quemarropa a su víctima, terminando con la vida a quien supimos era un ciudadano peruano, Rubén Limache Quintano, que se encontraba de turista en Chile. No podrá regresar vivo a su patria. 

En un artículo que vale la pena leer, titulado “Infierno en el Barrio Yungay” (La Tercera, 4 de mayo de 2024), el arquitecto Iván Poduje ha explicado que parte del problema es la llegada a Chile de “grupos internacionales de crimen organizado”, que tiene también expresiones visibles en problemas de organización de la ciudad y de los barrios: “esa disputa es la que tiene en vilo al Barrio Yungay. Bandas de Perú, Colombia y Venezuela se disputan las calles a balazos, lo que ha dejado un saldo de 16 personas fallecidas en los últimos dos años”. Por cierto, el asesinato mencionado ocurrió a diez cuadras de la casa donde vive el Presidente de la República.

Como en otras ocasiones, las reacciones tienden a ser formales de parte de las autoridades e instituciones involucradas: lamentación y condena del suceso, asegurando que habrá una investigación y aclaración de lo ocurrido, y por cierto se mantendrá informadas a las autoridades peruanas. Las reacciones en las redes sociales y en diversos medios han sido de consternación, indignación y dolor, con todo lo que implica reconocer una vez más que Chile no es un país seguro: en efecto, en cualquier momento una persona se puede enfrentar con los delincuentes, mientras estos campean libremente por las calles, sembrando el pánico y la desolación.

Es importante poner las cosas en contexto. En primer lugar, es preciso comprender que los homicidios han aumentado de manera clara y dramática en la última década. Desde 2018 las cifras son claras: 845 víctimas de homicidios consumados ese año; 924 al año siguiente; 1.115 en 2020; 906 en 2021 y ¡1.322! en 2022 (ver Informe Nacional de Homicidios Consumados: Una visión integrada de institucional 2018-2022, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de la Fiscalía Ministerio Público de Chile). En 2023 la cifra disminuyó a 1.248 homicidios, lo que ha sido interpretado como “quiebre en la tendencia al alza que se venía registrando desde 2016 (con excepción de 2021, período de pandemia)” (la nota del Ministerio del Interior se titula “Víctimas de homicidios consumados disminuyeron 6% en 2023 y se quiebra tendencia al alza desde 2016”). El tema hay que mirarlo con más detención y sin cantos de victoria, que al menos requieren segundas lecturas. Desde luego, la pandemia tuvo más impacto en 2020 que en 2021, por ejemplo, en lo que se refiere al confinamiento y otros efectos, por lo que no se entiende esa referencia lateral a la pandemia. 

En segundo lugar, porque el tema de fondo es demasiado trágico y doloroso, y desde el punto de vista de los números, en lo que va de la década ya tenemos casi cinco mil asesinatos, récord que ciertamente no enorgullece a Chile y cuyos efectos sociales han sido desastrosos. 

Paralelamente, el último sábado de abril el país fue sorprendido por otra noticia terrible: el asesinato y posterior incineración de tres carabineros en la región del Biobío: el sargento Carlos Cisterna, y los cabos Misael Vidal y Sergio Arévalo. En este plano, los homicidios de estos uniformados siguen exactamente la misma tendencia: entre 2017 y 2021 hubo dos años con dos carabineros asesinados (2017 y 2020), dos con uno (2018 y 2021) y uno con ninguno (2019). Por el contrario, desde el 2022 las cifras se han disparado: ese año fueron asesinados cuatro uniformados, en 2023 hubo tres casos y este año ya van cuatro, un record que nadie envidiaría (en 2015 y 2016 se dio también el caso de tres homicidios en un mes). 

Las reacciones han sido parecidas: gran apoyo y sentimientos de pesar en la ciudadanía, una indignación moral ante hechos que no se pueden repetir pero que se siguen repitiendo, el pésame de las autoridades y las promesas de investigación y persecución contra los que resulten responsables, en un “territorio” donde el Estado brilla por su ausencia, mientras avanza el crimen y la violencia, en tanto disminuyen la inversión, el desarrollo económico y la seguridad de las personas. Nuevamente lamentable. Chile vivió un luto doloroso, lo que no es extraño, considerando la apreciación ciudadana hacia Carabineros de Chile y la sevicia del crimen contra tres de sus miembros.

Se ha escuchado, como en otras ocasiones, que existe en el mundo político la disposición a crear un Ministerio de Seguridad Pública, que fue aprobado en la Cámara de Diputados con 116 votos a favor y solo 22 en contra (además de cuatro abstenciones). Por otro lado, se rechazaron las atribuciones para el Ministerio del Interior y el nombramiento de autoridades regionales. A esta altura, y con tanta experiencia acumulada, decepciona que el mundo político crea que más burocracia permitirá mejorar la seguridad de las personas y combatir la delincuencia, aunque no sea raro que tantos parlamentarios voten en esa dirección. ¿Se ha evaluado cuánto y cómo ha mejorado el deporte o la cultura en Chile con los respectivos ministerios? ¿No sería lo correcto tener menos ministerios, mejor Estado y más calidad de vida para las personas? Lo mismo podría repetirse al analizar diversos organismos creados en los últimos diez o veinte años, cuyo aumento de la burocracia es claro, mientras son mucho más opacos sus resultados prácticos.

La delincuencia es demasiado seria y los asesinatos son una expresión visible de este drama. Por ello es el tema que ocupa el primer lugar en las prioridades ciudadanas, en las urgencias de la gente, que desea vivir en paz, desarrollar sus vidas con tranquilidad y poder prosperar materialmente. La Encuesta UC Bicentenario tenía una información notable y triste a la vez: a la pregunta sobre “el temor de caminar solo(a) por la noche en su barrio o población”, el 42% respondió “mucho o bastante” en 2019, mientras que la cifra subió al 51% en 2023. No vaya a ser cosa que la próxima encuesta traiga la pregunta por el temor a caminar de día.

ALEJANDRO SAN FRANCISCO

Académico de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica de Chile. Director de Formación del Instituto Res Pública Más de Alejandro San Francisco