Programa Política y Sociedad
I.- ANTECEDENTES
El fraude en la emisión de licencias médicas por parte de un grupo de médicos colombianos ha destapado un nuevo caso de corrupción en el aparato estatal.
Por un lado, existe el abuso de médicos y otros profesionales de la salud que prescriben arbitrariamente días de licencia. Por otro, son miles los trabajadores del sector privado y funcionarios públicos que hacen uso de estas licencias. Las consecuencias de este actuar afectan a todos.
Funcionarios públicos del sector salud y educación son los que más han utilizado estas licencias fraudulentas para no asistir a cumplir sus jornadas en los distintos servicios públicos. Paradójicamente, estas carteras, hoy en crisis, son las que más han aumentado en presupuesto y contratación de personal.
III.- ¿QUIEN PAGA EL IMPACTO DE LAS LICENCIAS FRAUDULENTAS?
Al contrario de lo que mucha gente podría pensar, tanto en el sector privado como en el público, el mal uso de las licencias médicas tiene un impacto que termina perjudicando a miles de chilenos.
Así por ejemplo, en el sector público, el actuar de un solo médico que emitió 7,287 licencias, le costaron al Estado, a través de Fonasa, $2.500 millones. Esta cifra se multiplica varias veces su monto si se considera que existen instituciones que emitieron más de cien mil licencias, como la JUNJI, sólo en 2023.
La masiva cantidad de licencias médicas ha generado una reducción del 18% en la capacidad operativa de las instituciones públicas, afectando particularmente a sectores como educación y salud, donde las ausencias prolongadas han llevado a un aumento en los tiempos de espera y una disminución en la calidad del servicio.
Durante 2023, el Ministerio de Salud identificó un aumento del 45% en la emisión de licencias médicas en comparación con 2022. En el sector de educación, se reportó que más del 30% de las licencias emitidas para docentes y administrativos presentaban irregularidades. En salud, un 25% de las licencias solicitadas por personal de hospitales y centros de salud públicos fueron cuestionadas por su legitimidad.
Se estima que en promedio, un funcionario público con licencia médica extendida por más de 30 días pierde el equivalente a 45 días de trabajo efectivo, considerando los tiempos de recuperación y reincorporación.
Así, en el sector salud, mientras se han experimentado las alzas más elevadas en décadas de las listas de espera en salud, llegando a marzo de este año a 2,9 millones de personas esperando para ser llamados para una atención médica o quirúrgica por parte de un centro de atención pública, el sector se destaca por su ineficiencia y por un alto uso de licencias fraudulentas.
III.- CONSIDERACIONES FINALES
A pesar de la gravedad del fraude puntual, el trasfondo del mal uso de las licencias es mucho más grave.
Solo el 10% de los casos han sido investigados formalmente por las autoridades. Además, de las investigaciones iniciadas, menos del 5% ha resultado en sanciones concretas, ya sea administrativas o penales.
La falta de acción ha permitido que el 90% de los funcionarios que hicieron uso de licencias fraudulentas sigan en sus cargos, sin repercusiones significativas.