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Programa de Política y Sociedad IRP                                 14 de noviembre de 2024

1. ANTECEDENTES

Avanza en la Cámara de Diputados la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2025, que regula los ingresos y gastos del Estado autorizados para todo el próximo año.

• Boletín: 17142-05

• Estado: Primer trámite constitucional. Actualmente la Cámara de Diputados se encuentra votando el informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

• Link: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=17764&prmBOLETIN=17142-05

• Plazo máximo de tramitación: 29 de noviembre de 2024, de lo contrario rige el proyecto presentado originalmente por el Presidente de la República.

II. CONTENIDO DE LAS GLOSAS

SOBRE LA TÓMBOLA: En materia de educación, se aprobó una indicación que suspende la aplicación del Sistema de Acceso a la Educación (SAE), también conocido como el “sistema de la tómbola”, durante todo el año 2025.

SOBRE LA VIOLENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS: También se aprobó otra indicación con el objeto de privar de la subvención de la Gratuidad Universitaria a quienes han sido sancionados por la ley Aula Segura.

SOBRE LOS SLEP: Además, ya en la Comisión Mixta se habían rechazado tanto las asignaciones a los Servicios Locales de Educación, así como a la Junji, la Dirección de Educación Pública, varias Subsecretarías del Ministerio de Educación, entre otros.

III. CONSECUENCIAS

• Por lo pronto, en caso de perseverar en la suspensión del SAE, la educación escolar, a priori, no contaría con un sistema de admisión, por lo que sería imperativo buscar un mecanismo de reemplazo para atender a las necesidades de los estudiantes y sus familias.

• En el caso de la privación de la Gratuidad a los sancionados por Aula Segura, esto supondrá que, al menos durante el año 2025, no podrán acceder al subsidio estatal para el acceso a la educación superior. Si bien no tendrá un impacto económico relevante en el presupuesto, sí es una clara manifestación de repudio a los actos de violencia dentro de nuestros colegios.

• El rechazo de las asignaciones a los SLEP supone, además, que cesarán los traspasos de establecimientos educacionales hoy administrados por municipios por falta de recursos. 

IV. CONCLUSIONES

• La suspensión de la aplicación del SAE es una buena noticia, puesto que la “tómbola” pone en jaque el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, dejándolos a merced de la burocracia, además de ignorar el mérito y esfuerzo de los estudiantes.

• Respecto a la privación de la Gratuidad a quienes han sido sancionados por la ley Aula Segura, es un buen paso no sólo en la condena de la violencia escolar, sino en la adopción de medidas efectivas que tiendan a evitar este tipo de comportamientos, que han afectado gravemente la calidad de la educación en ciertos establecimientos de nuestro país.

• En este sentido, es también positiva esta suspensión del traspaso de los establecimientos a los SLEP, toda vez que ya parece claro que el diseño del nuevo sistema es deficiente, costoso y no apunta a la mejora en la calidad de la educación escolar ni ha significado un aumento en la calidad de la educación respecto de quienes aún se mantienen en establecimientos municipales.

• Sin embargo, el hecho de que estas tres medidas se estén adoptando por medio de una glosa de la ley de presupuestos (que sólo tiene una duración de un año) no es, ni de cerca, el escenario ideal, puesto que no se trata de una solución de fondo ni definitiva para mejorar las claras deficiencias de la educación escolar chilena. 

• Todas ellas (crisis de seguridad en el aula, SLEP y SAE) son resultado de la reforma educacional del segundo gobierno de Bachelet, reforma que ha empeorado la educación pública desde todo punto de vista.

• La corrección de estos graves errores debe ser permanente, por medio de la derogación de dicha reforma o, al menos, una nueva reforma mayor que permita volver el enfoque en la calidad de la educación, poner a los niños primero y no en asuntos meramente administrativos que sólo perjudican a los estudiantes más vulnerables. 

• Cabe aclarar que la tramitación de la ley aún no concluye. De esta manera, las votaciones mencionadas podrían ser revocadas o modificadas en los sucesivos trámites constitucionales para la aprobación definitiva de la ley de presupuesto del año 2025. Es decir, es posible que la discusión en el Senado altere las glosas rechazadas por la Cámara de Diputados. Además, es posible que el Gobierno insista en la mantención del SAE, incluso llegando al Tribunal Constitucional por la suspensión de dicho sistema.