Si quienes por años debieron defender aquellos principios por los cuales creían no lo hicieron, toca a los chilenos de buena voluntad defender nuestro país ante la amenaza de aquellas ideas que retrasaron el progreso nacional en el pasado y que tantos problemas causan a nuestros vecinos en América Latina. Este es el desafío que se presenta para Chile de cara al plebiscito de octubre y al ciclo electoral que comienza el 2021.
En 2011, el recordado abogado y filántropo Felipe Cubillos señaló en una de sus columnas que era un “convencido que la pérdida de la libertad no se debía a la fuerza de sus enemigos, sino que a la debilidad de sus defensores”.
Hoy en Chile nos encontramos inmersos en pleno debate constitucional, producto del estallido social de octubre del año pasado y como respuesta a los graves hechos de violencia que esto trajo aparejado. Desde la clase política se vio como única solución a este grave conflicto plebiscitar la posibilidad de redactar una nueva constitución, con lo que esta sentida aspiración de sectores políticos pasó a reemplazar la agenda ciudadana que se levantó en su momento.
Producto de lo anterior hemos visto durante las últimas semanas cómo personeros históricos de la centroderecha (y otros no tanto) han renunciado a aquellos principios y valores que su sector históricamente ha defendido. Esto nos lleva a preguntarnos si el actual escenario de cambiar o no el texto constitucional es un éxito de las propuestas socialistas y de izquierda radical o se trata simplemente de la pasividad de un sector que no fue capaz de defender aquello en que “creían”.
Pretender partir de cero -en una hoja en blanco, como se ha dicho- elaborando una nueva constitución en un tiempo excesivamente acotado y contra el tiempo, sin duda alguna significa desconocer todo lo bueno que hemos avanzado como sociedad. Tal como decía uno de los eslóganes más repetidos en octubre del año pasado, no son treinta pesos son treinta años, hay quienes podemos decir con cierta satisfacción que los estándares económicos y sociales positivos alcanzados por Chile son fruto de trabajo y esfuerzo de cerca de cuatro décadas. Nunca en tan poco tiempo fuimos capaces de derrotar la pobreza como lo hicimos durante estos últimos años, nunca Chile había crecido económicamente y obtenido un PIB como el de los últimos años, nunca tantas personas han podido acceder a la universidad -muchos de ellos como la primera generación en su familia-, como así también tantas familias habían podido optar a una casa propia, un vehículo y vacaciones. ¿Es esto una casualidad? ¿Es esto una coincidencia? No. Fue la implementación de políticas públicas inspiradas en una serie de valores e ideas -lo que algunos llaman despectivamente “el modelo”- que han dado como resultado el mayor progreso y movilidad social experimentado en la historia de Chile. Naturalmente, como todo proceso humano, es necesario mejorar, aplicar correcciones, reformar la legislación e incluso la Constitución. Sin embargo, no es razonable desconocer solo por razones ideológicas los grandes y positivos avances experimentados por nuestro país en una generación.
Nuestra actual constitución hace énfasis, en primer lugar, en la dignidad de la persona humana, cree en la familia como en el núcleo fundamental de la sociedad, concibe a nuestro país como una república soberana e independiente, regionalizada. Asimismo, recoge principios tan importantes como el de subsidiariedad, la importancia de propiedad privada, las libertades individuales y los derechos fundamentales para la buena convivencia social.
Coincidentemente o no, han sido precisamente estos aspectos las bases de lo que la derecha o centroderecha han creído, por lo que resulta paradójico que de un día para otro desconozcan aquellos principios que han defendido, ya que coyunturalmente son impopulares. Esto demuestra que en la práctica no fueron capaces de defender de forma oportuna estos pilares que tanto bien le han hecho a Chile, por tanto, la pasividad en la defensa de estos principios naturalmente hoy les ha pasado la cuenta ante una izquierda que de forma constante y sistemática durante los últimos años ha realizado un trabajo para imponer sus ideas, no a través de las urnas, pero sí a través de la presión y en algunos casos de la violencia.
La pregunta que nos cabe hacer hoy es que si aquellos representantes políticos que dicen creer en las ideas de la justicia, la libertad y el estado de derecho estarán a la altura de promover aquellos principios que dicen representar, actuarán de forma pasiva una vez más o en el peor de los casos se pasarán al bando contrario. Los escenarios pueden ser múltiples pero solamente hay dos resultados posibles: mantener la senda de crecimiento de nuestro país, mejorando institucionalmente aquello que requiera cambios, o bien abrir una ruta en blanco, sin garantías reales, con un resultado incierto y con múltiples dudas sobre su elaboración.
Si quienes por años debieron defender aquellos principios por los cuales creían no lo hicieron, toca a los chilenos de buena voluntad defender nuestro país ante la amenaza de aquellas ideas que retrasaron el progreso nacional en el pasado y que tantos problemas causan a nuestros vecinos en América Latina. Este es el desafío que se presenta para Chile de cara al plebiscito de octubre y al ciclo electoral que comienza el 2021.
