Desde finales de octubre se ha discutido en la Comisión de Constitución del Senado la posibilidad de incorporar escaños reservados para pueblos originarios para la Convención Constituyente. Si bien aún no conocemos el detalle de la opción que finalmente será propuesta a votación, hay algunas luces de lo que significa institucionalmente aumentar en 24 cupos adicionales los famosos 155 miembros electos popularmente que iban a conformar la convención.
Esta innovación respecto al sistema electoral, se suma a la ya aprobada paridad en la convención, donde no solamente se exige que los candidatos sean de ambos sexos, sino que también el resultado eleccionario se puede alterar según quiénes sean los miembros electos.
Sin duda los dos factores anteriores son una muy mala noticia para la democracia en Chile. Primero, porque se incorporan elementos ajenos a lo propiamente electoral y, por tanto, a la voluntad popular, que pueden alterar los resultados de la votación. En segundo lugar, la elección de estos criterios o elementos ajenos son arbitrarios, pues es legítimo preguntarse por qué no hay otros grupos minoritarios, que también tengan asegurada su participación dentro de la convención, como los jóvenes, los adultos mayores, los profesores, los mineros y un amplio etcétera. Por último, las buenas intenciones nunca justifican cualquier medio, y en este caso lamentablemente se eligen dos de los peores medios para que los grupos anteriormente mencionados, tengan una mayor participación en la convención constitucional.
También llaman profundamente la atención los argumentos esgrimidos por parte de la izquierda para justificar sus posiciones, lo que se resume en que hay consideraciones más importantes que la voluntad popular que deberían hacerse a la hora de determinar los cupos de la convención constitucional. Esta razón es exactamente la misma que se argumentaba cuando existían cupos para senadores institucionales o designados. Había elementos importantes, como la estabilidad o la experiencia, que justificaba que personas que habían ocupado cargos relevantes pudieran estar presentes en el proceso legislativo, no por su votación sino simplemente por haber ocupado un cargo determinado previamente. Hoy la izquierda tendría menos elementos para oponerse a una de las reformas más importantes que se hicieron en el 2005.
Esto también constituye una mala señal de cara al proceso que se viene. Los parlamentarios están alterando un proceso plebiscitado el 25 de octubre, en el que estaban claras las condiciones. Si se alteran algunas de ellas, nada hace pensar que las demás no se podrían modificar si en algún momento el Congreso encuentra las razones que las justifique. Esta situación es muy grave para la certeza jurídica y la seriedad institucional de Chile.
Mantener las reglas claras implica también respetar principios importantes. La democracia precisa del estado de derecho, lo que exige deberes y otorga derechos. La manera en que mejor se materializa la igualdad de derechos en democracia es que el voto de cada chileno valga lo mismo que el del chileno de al lado. Ese principio es infranqueable.
