La discusión al respecto no se hace o bien se posterga, se queda en cuestiones laterales o ideológicas, dejando fuera del debate lo que debiera ser la preocupación central de la clase política y de la ciudadanía en general: procurar que los últimos años de vida de nuestros compatriotas no se conviertan en un infierno de abandono y miseria.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 11 de noviembre la posibilidad de un nuevo retiro de 10% de los fondos ahorrados para las pensiones. El tema se podría analizar desde los más diversos ángulos: la crisis económica y social que vive Chile en la actualidad, que hace urgente nuevos recursos para las personas y sus familias; la real capacidad de ahorro del sistema, que permite contar con gran cantidad de recursos disponibles; el fortalecimiento del carácter personal de los ahorros; el intento de horadar el régimen privado de pensiones por la vía de los ataques parciales, pero sistemáticos, al sistema; las motivaciones múltiples que podrían tener los parlamentarios para aprobar esta iniciativa: desde frivolidad hasta genuina preocupación por los problemas de la gente, pasando por los deseos de reelección y el populismo, en un contexto de desaparición práctica del poder presidencial.
Sin embargo, detrás del problema político asociado a la resolución de la Cámara de Diputados subyace un tema de fondo pendiente, injustamente postergado y que debería constituir el corazón de las preocupaciones públicas: cómo lograr en Chile un sistema de pensiones que sea estable en el tiempo, logre ahorros y permita una pensión digna para quienes jubilan. La discusión al respecto no se hace o bien se posterga, se queda en cuestiones laterales o ideológicas, dejando fuera del debate lo que debiera ser la preocupación central de la clase política y de la ciudadanía en general: procurar que los últimos años de vida de nuestros compatriotas no se conviertan en un infierno de abandono y miseria, sino en el término digno de una vida de trabajo, en una sociedad que debe poner a la persona –no al Estado, tampoco al dinero– en el primer lugar de sus preocupaciones.
Con esa definición, es necesario determinar cuál es la mejor manera para lograr mejores pensiones para los que tienen menos. Al respecto, parece que una fórmula mixta es la más adecuada para enfrentar este desafío. Siempre he sido partidario de una dimensión solidaria del régimen previsional, el cual podría tener dos fuentes. La primera es que el nuevo ahorro (se habla de un 6% adicional en total), podría dividirse una parte para el cotizando y otra para un fondo solidario: creo que podría afectar a los ingresos mayores (sobre dos millones de pesos, por ejemplo), y contemplar la mitad de ese nuevo ahorro (es decir, el 3%). Para las demás personas, el 6% adicional debería ir a sus propios ahorros para la vejez. Hay que articular las distintas propuestas vigentes sobre este tema: desde aquella planteada por dirigentes opositores, que quiere el 6% para un fondo común (que en la práctica es un nuevo impuesto), hasta las posiciones oficialistas –a nivel de gobierno, partidos y parlamentarios– que a esta altura se muestran confusas e indefinidas.
Por otro lado, es una buena noticia para Chile que muchos políticos estén planteando la necesidad de establecer lo que denominan un “Estado solidario”, lo que presenta un gran desafío en las pensiones. Se podrían hacer dos cosas para contribuir a un gran fondo solidario: primero, disminuir sustancialmente los ministerios, programas inútiles y otros gastos políticos del Estado e inyectarlos directamente al fondo solidario de pensiones; segundo, democratizar la propiedad de Codelco (por ejemplo, el 20% de la empresa) y que esos recursos formen parte del fondo solidario inicial. No se puede descartar entregar acciones de la cuprífera a cada jubilado que reciba mensualmente una cifra inferior a $400.000 mensuales, por ejemplo. De esta manera, los dividendos permitirían incrementar sus pensiones. Con ello se lograrían dos bienes esperados por un sector importante de la población: más solidaridad y mejores pensiones. Sería una gran noticia pasar del vacío discurso de la solidaridad a acciones concretas en esa dirección.
Sin perjuicio de ello, es necesario mantener algunos factores positivos del sistema actual, aunque se hayan venido degradando en los últimos meses. El primero es el ahorro personal para la vejez, que se suma al incremento de los recursos por parte de las inversiones realizadas por las administradoras de estos fondos (AFP). Pese a ello, muchos sectores de la sociedad son recelosos frente a estas instituciones y el eslogan “No + AFP” ha crecido y se ha instalado sin visos de desaparecer. Una solución posible podría ser la libre elección de la administración de pensiones, que en su momento se planteó bajo la forma de una AFP estatal, pero también podría haber otras posibilidades (ahorro bancario, por ejemplo). En cualquier caso, debería quedar explicitado que los recursos son para pensiones y no para retiro en cualquier momento o circunstancias, aunque podrían existir incentivos para retiro parcial de un 5% cada ciertos años, en caso de mantener consistencia en los aportes mensuales de ahorro previsional. De esta manera, no se convierte en una cuestión ideológica algo que es prudencial y permite plantear alternativas para que sean evaluadas en el terreno real y no con los prejuicios.
Hasta donde sabemos, nadie ha manifestado que las propuestas de retiro del 10% sean buenas políticas públicas, ni para Chile, ni para la hacienda pública ni para los propios pensionados. Por el contrario, se advierten en las votaciones los intereses más contrapuestos: demoler el sistema por partes, dejando a millones de personas sin ahorro alguno y a otros tantos con pensiones miserables en el futuro más cercano o lejano; otros le propinan un golpe al gobierno, desde la oposición, o critican su inacción (de parte de los congresistas “oficialistas”, lo que permite esconder su propia falta de ideas); algunos piensan en los que han perdido mucho o todo con la pandemia en la crisis económica, pero sin capacidad para presentar un proyecto focalizado y bien pensado, excepción hecha de algunas iniciativas del Ejecutivo. En fin, la discusión política de fondo simplemente representa el momento político que vive Chile, con su decadencia evidente, ausencia de estadistas y un populismo desbordado por todos los sectores.
No hay razón alguna para permitir el retiro del 10% en dos ocasiones y no autorizar –a quienes lo deseen– que algunas personas puedan retirar el 100% de los recursos ahorrados. Con eso solo se confirmaría un principio largamente repetido en los debates y en la prensa: que los dineros son de los cotizantes. Además esto evitaría el riesgo futuro de la expropiación, que algunos sectores temen mientras otros añoran, observando los procesos vividos en otros países, para que el gobierno de turno se haga con la inmensa bolsa de ahorro personal que ha significado el sistema de pensiones (con el consabido resultado de una pobre y dolorosa jubilación de los afectados).
La pereza intelectual, la cobardía y el populismo nunca van a ser buenos aliados de mejores pensiones. Por eso, es muy importante definir el objeto de la discusión (si mejorar las pensiones o entregar recursos específicos y sin discriminación a quien los necesite hoy) y la finalidad de las reformas (pensiones mejores, un sistema de expropiación o un punto más en la agenda política de polarización). El resultado, con estas dos premisas en la cabeza, sería bastante diferente a lo que hemos visto en los pobres debates parlamentarios, que no solo han destruido parcialmente el sistema de pensiones chileno –de una forma que será difícil de revertir y de reparar– sino que también ha contribuido a la autodemolición de la centroderecha política y de sus partidos, así como de un gobierno desorientado y cada vez más marginal.
