Desde el 16 de marzo del año pasado se suspendieron las clases en todo el territorio nacional. La medida se adoptó cuando había 81 casos de coronavirus en Chile y cuando aún no llegaba a todas las regiones del territorio, pero se tomó debido a la presión que ejercieron los alcaldes y a la poca información que teníamos del virus.
A medida que fue pasando el tiempo, el Ministerio de Educación empezó a abogar por un retorno paulatino a las clases presenciales, adosándolo al plan “Paso a Paso”. Sin embargo, varios actores se opusieron a esta idea, como el mismo Colegio de Profesores, algunos alcaldes y otros políticos de oposición.
Hoy, a más de 10 meses de la suspensión de clases, las consecuencias de esta política se pueden apreciar de forma significativa. Según una simulación que realizó el Ministerio de Educación, asesorados por el Banco Mundial, la educación remota hará perder a los estudiantes chilenos un 88% de los aprendizajes en un año. Si desagregamos esta dramática cifra por quintil de ingresos, el quintil más pobre podría perder hasta un 95% de sus aprendizajes. Esto se explica por la falta de acceso a los medios adecuados para recibir clases y las implicancias económicas y sociales que genera la pandemia misma. Sin embargo, esta situación es generalizada, y aún los estudiantes de más recursos, si solo tuvieron clases remotas, perdieron en promedio un 64% de los contenidos. Todo esto es gravísimo y generará un perjuicio permanente para las generaciones de estudiantes del país.
Frente a una crisis de esta envergadura, lo que corresponde es sincerar el debate y evitar que los costos de la pandemia lo sigan pagando las futuras generaciones. Lo que debemos sincerar es que nuestro sistema no está preparado para las clases remotas. Paremos la pantomima. Con independencia de los esfuerzos que se han hecho, nada reemplaza, hasta el momento, la presencia de un profesor con sus alumnos en la sala de clases. Considerando lo anterior, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para retomar las clases y el retorno a los colegios, con todas las medidas sanitarias correspondientes, pero con la urgencia que se requiere para evitar un desastre mayor.
Tras 10 meses de experiencia con las clases suspendidas y el retorno paulatino, pero aún minoritario, de establecimientos educacionales, el nuevo año escolar debiera apuntar a que la presencialidad sea la regla y la educación a distancia una excepción. Esto requiere no solo la voluntad política del Ministerio de Educación, sino también de los alcaldes, de los sostenedores, de los apoderados, los profesores y los estudiantes. Lo que nos estamos jugando es importante y, lamentablemente, mucho del daño generado no se podrá resarcir en los próximos años. No sigamos agravando el problema.
