Durante este verano de 2021 han aparecido algunas malas noticias referidas a la educación chilena, que deben llamar nuestra atención. En estos últimos días hemos tenido los resultados de la Prueba de Transición (PDT), que muestran una vez más los malos resultados que obtuvieron quienes estudian en la enseñanza gratuita y la diferencia de los resultados entre los colegios particulares pagados y la enseñanza estatal o la subvencionada en general.
Todo esto contrasta con las repetidas declaraciones de los dirigentes políticos y estudiantiles, educadores y ministros, que mayoritariamente enfatizan la urgencia de contar con una educación de calidad para todos los chilenos, en los distintos niveles y en las instituciones más diversas. La mayoría de las veces hay un complemento: es necesario tener una educación gratuita y de calidad. Ese fue el sentido declarado de la eliminación del financiamiento compartido y de la gratuidad universitaria. Uno de los problemas prácticos es de carácter conceptual: es relativamente fácil precisar qué significa la gratuidad –el estudiante o sus padres no deben pagar por recibir determinada enseñanza escolar o universitaria–, pero es prácticamente imposible hacer operativo que la educación de este tipo tenga calidad. De esta manera, en lo primero se han producido muchos avances, mientras la calidad sigue teniendo muchas limitaciones y problemas y, en consecuencia, resultados negativos.
Entre el 2002 y el 2015, la matrícula municipal tuvo una caída constante, que le significó perder 584.243 estudiantes, en tanto la educación particular subvencionada aumentó en 627.807. El 2015, la creación de Servicios Locales de Educación hacía suponer a las autoridades de entonces que mejorarían la cobertura y la matrícula en “la enseñanza pública” (estatal). Sin embargo, las cosas no han marchado en esa dirección, si se compara la evolución de las matrículas entre ese año y el 2020.
El 2015, año que fue aprobada la ley de Inclusión Escolar (N° 20.845), había 1.290.770 estudiantes en la enseñanza municipal, en tanto el 2020 hay 1.171.352, a los que se deben sumar los 106.296 de los Servicios Locales de Educación (el total, en cualquier caso, registra una leve disminución). Los colegios particulares subvencionados contaban con 1.942.222, cifra que cinco años después había subido a 1.961.112; en tanto los particulares pagados aumentaron en el mismo periodo desde 288.964 a 324.860 inscritos. Es verdad que ha pasado poco tiempo aún, pero la tendencia es clara y el único tipo de enseñanza que disminuye su matrícula es la estatal. Por otra parte, no se advierten políticas efectivas que permitan revertir la disminución de la matrícula en estos establecimientos, no por la vía de limitar las iniciativas particulares, sino por mejorar la calidad que hace que más familias demanden determinados colegios. Por lo mismo, muchas decisiones, políticas y proyectos de ley parecen más bien haber querido desalentar la enseñanza particular subvencionada que fortalecer realmente la estatal, en una clara incomprensión de las necesidades del país.
Entre los más afectados se encuentran algunos de los establecimientos tradicionales de la educación chilena, como es el caso del Instituto Nacional. Hace un par de décadas postulaban cerca de cuatro mil ilusionados estudiantes para ocupar algunos de los 800 cupos que ofrecía el histórico colegio en 7° básico. Sus padres celebraban y agradecían al recibir la noticia de que su hijo había sido seleccionado en “el primer foco de luz de la nación”. En enero de 2021 supimos que el Instituto tenía aún 286 vacantes disponibles, reflejo de una caída en el prestigio y en su calidad, que ya se extiende por años.
De hecho, conocidos los resultados de la prueba para la admisión universitaria, el Instituto Nacional no aparece entre los 100 establecimientos con mejores puntajes: ocupa un modesto lugar 144. Hace algunos años siempre tenía más de 15 o 20 alumnos con puntaje nacional y se ubicaba entre los 20 mejores colegios de Chile en la PSU. Consultadas sus autoridades, explicaban que los éxitos se debían al modelo educativo, las exigencias y el trabajo de los profesores. ¿Qué análisis se hace de los resultados negativos del último tiempo? Se habla de la violencia y otros problemas, pero falta un análisis más profundo y decisiones más radicales y positivas.
El problema principal es que los resultados no solo afectan a este liceo emblemático, sino que se extiende al conjunto de la enseñanza municipal –con honrosas excepciones–, si bien este problema lleva muchos años. En la PDT aparecen solo cuatro establecimientos municipales entre los 100 con puntajes más altos, lo que es un reflejo consistente con otras mediciones, como el SIMCE. La noticia positiva, si bien todavía limitada, es la superación que han mostrado los Liceos Bicentenario, donde el 14,2% de los alumnos obtuvo sobre 600 puntos (frente al 7,6% de los establecimientos municipales en general, el 11,5% de los colegios subvencionados y el 49,5% de los estudiantes de colegios particulares pagados).
El tema de fondo, como podemos suponer, no es tener unos pocos liceos emblemáticos o un conjunto de liceos Bicentenario que permitan mostrar resultados positivos cada año, como un efecto placebo sobre las malas noticias generales en el sistema educacional. De lo que se trata es de transformar la consigna dominante –educación gratuita y de calidad– en un sistema operativo que permita a las grandes mayorías nacionales, y especialmente a quienes tienen menos recursos, recibir una enseñanza que efectivamente permita aprender, conocer y ojalá despertar la pasión por el estudio, así como aumentar las perspectivas y oportunidades hacia el futuro, para desarrollar sus propias vocaciones profesionales.
No se trata de comparar, como habitualmente lo hacemos, la enseñanza gratuita con la particular pagada, porque hay muchos factores que influyen en los diferentes resultados. De partida, el gasto por alumno es muy superior en los colegios particulares, así como hay más profesionales en las familias, más libros y otros recursos valiosos para la enseñanza. A ello se suma, en las pruebas de admisión universitaria, la posibilidad de contar con preuniversitarios o clases particulares, lo que ciertamente debe ser considerado a la hora de los análisis. El problema relevante es otro: cómo hacemos para permitir que aquellos que tienen menos recursos puedan recibir una enseñanza de calidad.
Como es obvio, no es tarea fácil y requiere asumir desafíos múltiples y consistentes en el tiempo. Lo primero es promover un acuerdo político amplio –tarea nada fácil– que permita incorporar más recursos y potenciar efectivamente la calidad, de una forma decidida y medible, no solo como un slogan de campaña. Esto, eventualmente, significa revertir malas políticas públicas, como la que eliminó el financiamiento compartido, que podría reformarse para operar con justicia, equidad y libertad. En segundo lugar, es preciso generar ambientes educativos sanos y orientados a enseñar y a aprender, con participación de toda la comunidad educativa: por lo mismo, es necesario desterrar la violencia ahí donde exista, el ideologismo y las perpetuas luchas políticas. En tercer término, es necesario concentrarse en la sala de clases: por eso, es una buena noticia el pronto regreso a las clases presenciales –previa vacunación de los profesores–, punto de partida de la recuperación después de un año de clases a distancia (las trabas del Colegio de Profesores no deberían disuadir esta necesidad social y educacional). Sabemos por estudios realizados en otros países que en las sociedades con mejores resultados en la educación muchos de los mejores alumnos de la enseñanza secundaria siguen estudios de pedagogía y luego reciben sueldos muy competitivos durante su vida laboral: Chile está muy lejos de orientarse en esa dirección. Necesitamos buenos profesores, que motiven a sus alumnos, los ilusionen, despierten en ellos la alegría de estudiar y aprender. Por último, aunque queda mucho más sin duda, es urgente recuperar a aquellos que se han ido quedando atrás, a los cientos de miles de niños que no entienden lo que leen en 2°, 3° o 4° básico, con todo lo que ello implica a esa edad y hacia el futuro. Hay que remediar ese problema, con clases personalizadas que permitan que nadie se queda atrás en la aventura del aprendizaje, única forma de avanzar seriamente hacia una educación de calidad. Otras iniciativas, como el programa Escuelas Arriba del MINEDUC, van en la dirección correcta para recuperar el tiempo perdido y mejorar las oportunidades de los niños y jóvenes.
Ojalá este 2021 comencemos a despedir las consignas, asumiendo la educación como un verdadero desafío nacional, no como un recurso retórico ni como un espacio más de la lucha política. Ni oposición contra gobierno, ni privados contra estatales: no a las divisiones arbitrarias donde debe haber unidad y compromiso nacional. De lo contrario, la educación de calidad seguirá siendo una frase hecha y los resultados nos seguirán mostrando malas noticias.
