Esta semana se dio inicio a un nuevo año escolar, un proceso marcado por el retorno progresivo y voluntario de las clases presenciales.
Hace casi un año, el 16 de marzo, el gobierno, presionado principalmente por los alcaldes, decidió suspender la presencialidad de las clases en todo el país. El motivo de esto fue la mayor pandemia que ha enfrentado nuestro país en los últimos 100 años. Sin embargo, aún no conocemos todas las implicancias que tuvo esta medida para la educación de los jóvenes de Chile.
Al paso de los días se hicieron esfuerzos importantes para que los niños y jóvenes se pudieran seguir educando desde sus casas, sin embargo, una proyección realizada por el Banco Mundial estimó que se perderían en promedio un 88% de los contenidos por la falta de presencialidad.
A esto hay que agregar que muchos estudiantes del país no tienen acceso a los medios digitales desde sus casas y por tanto se dificultaba enormemente la continuidad del proceso educativo.
También debemos considerar que las escuelas tienen una importancia social muy relevante para la vida de los jóvenes y sus familias; es un ambiente seguro en el que están mientras sus padres trabajan, se les otorga alimentación y se desarrollan socialmente.
Dado ese contexto y lo que han señalado expertos de distintas disciplinas respecto al retorno a las clases presenciales, resulta incomprensible que algunas autoridades de las que depende este proceso no hagan todos los esfuerzos posibles para evitar que se produzca este mal en los jóvenes. En particular, los alcaldes, como sostenedores de las escuelas municipales, tienen el rol fundamental de garantizar los elementos necesarios para que ese retorno voluntario se produzca en un espacio seguro. Lamentablemente algunos creen que esa decisión no les correspondía a los padres, sino que unilateralmente tomaron la medida de suspender la presencialidad hasta después de las elecciones. Si queremos tener una educación de calidad, es urgente que una decisión tan importante no pase por la voluntad del político de turno, que esencialmente está de paso, por sobre los padres, quienes tienen el rol preferente de educar a sus hijos.
Hoy estamos viendo una discriminación importante, pues en algunas comunas con colegios privados y subvencionados, quienes asisten a esas escuelas, podrán decidir si ir o no a clases presenciales, y en cambio los vecinos que asisten a colegios municipales no tendrán esa opción, simplemente porque el alcalde consideró que no era adecuado. Es tal el absurdo de la situación, que en algunas comunas comenzó el retorno a clases presenciales el año pasado y ahora, con vacunación incluida, han decidido dar un paso atrás, sin ningún antecedente distinto a los que conocemos.
El rol preferente de los padres en insustituible y corresponde a las autoridades darle las mejores opciones para que tomen una decisión informada, y no pretender reemplazarlos en su rol.
