El país se juega poder cerrar de manera institucional lo que fue la ruptura de octubre de 2019. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución no fue fácil ni el camino seguido ha sido sin problemas, pero el tema se institucionalizó y en octubre una amplia mayoría se pronunció por una nueva Constitución. Chile también debe tener la capacidad para generar una Constitución en un contexto democrático, nacido de procesos electorales y mediante un mecanismo representativo, que nunca se ha dado históricamente, ante la primacía del poder fáctico constituyente en 1833, 1925 y 1980. ¿Es posible? Por cierto, pero es necesario demostrarlo, y para ello se han fijado normas, fórmulas y mecanismos que se pondrán en marcha en la Convención. El resultado podría ser la vigencia de una democracia republicana –como la que Chile ha tenido hasta hoy, pero perfeccionada– o bien ingresar a una vorágine de experimentación política, proyectos alternativos al sistema occidental o pervivencia de formas de violencia o mecanismos de hecho y no de derecho (el parlamentarismo de facto, por ejemplo). De esta manera, este año y medio debería haber servido como aprendizaje político, tan necesario como valioso en caso de que sea bien aprovechado. En las elecciones se juega parte de la realidad futura de Chile, pero también dependerá de cómo se comporten los sectores dirigentes y la ciudadanía, así como del desarrollo económico y el progreso social que efectivamente tenga el país en las próximas décadas. El desafío ahora es doble: contar con legitimidad de origen, pero también procurar un desarrollo económico y social acorde a las expectativas de los chilenos.
