OPINIÓN

A pocos meses de la puesta en marcha de la Convención Constitucional, la ciudadanía ha sido sorprendida con una serie de iniciativas y propuestas que debilitan tanto la confianza en la instancia, como elementos que son centrales de una sociedad abierta y pluralista: se han visto intentos de censura y vetos, la búsqueda de una única verdad oficial, el límite a la libertad de expresión y la auto adjudicación de la soberanía, entre otros casos. En esa misma línea, en la Subcomisión de Educación Popular Constituyente se votó y rechazó la indicación de la convencional Claudia Castro para que la implementación del “Programa de Educación Popular Constituyente”, que busca educar a la ciudadanía en contenidos que la misma Convención definirá, incluyera en sus principios la voluntariedad y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.

Lo anterior resulta una fuerte señal de que un sector relevante de los convencionales no tiene intención de respetar principios que promuevan una educación libre y pluralista, dado que se busca constantemente que el Estado cumpla un rol más protagónico, e incluso monopólico, en torno a lo que las personas deben saber, pensar o creer. Los riesgos que aquello presenta son más que relevantes.

La importancia de una educación libre gira en torno a promover la libertad de conciencia y pensamiento, de expresión, la búsqueda del conocimiento, la investigación y la apertura al debate crítico. Grandes avances tecnológicos, del conocimiento y de la ciencia se han realizado a razón de la capacidad creativa que la humanidad ha ejercido a través de proyectos diversos y dinámicos en distintas áreas. En el caso específico de nuestro país, limitar la posibilidad de tener distintos proyectos educativos a los que las personas puedan decidir o no acceder, resultaría fatal para la creación de oportunidades y el progreso social de los individuos y las familias. La existencia de aquella posibilidad ha permitido una oferta variada y la proliferación de oportunidades en términos educacionales. No es casualidad que durante la década pasada la matrícula en instituciones de educación superior se haya duplicado de la mano de la expansión de la educación técnico profesional y universitaria no estatal.

Existen pocas dimensiones de la vida en sociedad que promuevan y permitan la diversidad, pluralidad y tolerancia con mayor fuerza e incidencia que la educación, por eso la señal que envían algunos convencionales es tan preocupante, porque al margen de nuevamente desconocer las reglas que les rigen en torno al límite de sus atribuciones, presenta una nueva contradicción frente a la ciudadanía. Muchos convencionales fundaron sus campañas en el aseguramiento de más derechos y garantías, muy por el contrario, hoy los vemos promoviendo iniciativas que apuntan a vulnerar derechos y garantías ya existentes. Chile ya se embarcó en el camino de una nueva propuesta constitucional y, más allá de si esta se aprueba o no en el correspondiente plebiscito de salida, es un mal precedente que una instancia tan relevante ignore la confianza que la ciudadanía ha puesto en ella.

Patrick Poblete S.

Investigador IRP