OPINIÓN

La discusión constitucional se ha dado en un momento político complejo. A la violencia producida a partir del 18 de octubre, que resultó ser la partera del proceso, se le sumaron las masivas muestras de apoyo ciudadano en diversas manifestaciones y también la canalización por parte de los políticos dirigidas a esta causa.

Frente a esto, las voces que más se escucharon fueron aquellas que resaltaban la necesidad de otorgar más derechos a los ciudadanos, que muchas veces traía aparejada una relativa contraprestación por parte del Estado. En la misma línea, aquellos candidatos que resultaron electos como convencionales constituyentes también proponían un discurso de mayores derechos, especialmente los denominados como sociales.

Sin embargo, a partir del funcionamiento mismo de la Convención, hemos visto un comportamiento un tanto distinto al que proponían algunos candidatos durante la campaña, pues se empiezan a cuestionar abiertamente ciertos derechos y garantías que los chilenos ya tenemos y que reconoce la actual Constitución.

Uno de ellos es la libertad de enseñanza, aquel principio que recoge dos realidades: la primera, es el derecho preferente de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos; y, la segunda, aquella posibilidad de formar instituciones educacionales para permitir la diversidad de proyectos educativos. Este derecho ciudadano protege a las personas del estatismo desbordado y en último término del totalitarismo, pues una de las herramientas más útiles para promover y proteger la diversidad en la sociedad es la educación. Por lo demás, son los padres quienes tienen más información y quieren lo mejor para sus propios hijos y, por tanto, no solamente es más eficiente, sino que también es más justo que sean ellos los depositarios de este derecho y no un funcionario de turno en el gobierno central.

Cuando los constituyentes cuestionan este punto y rechazan incorporarlo como lineamiento del reglamento, crean un antecedente que es peligroso: la disponibilidad de derechos que en último término son inalienables y que, además, son derechos que ya han sido reconocido por la institucionalidad vigente.

La libertad de enseñanza y las libertades en general son conquistas sociales que hemos obtenido los chilenos a lo largo del tiempo. La obtención de otros o más derechos no debiera hacerse en desmedro de los que ya existen.

José Francisco Lagos

Director Ejecutivo IRP