OPINIÓN

Pocas instituciones han surgido con más expectativas que la Convención constituyente. En buena medida ella representó la forma de canalizar la voluntad expresada por la mayoría ciudadana en octubre de 2020, en el sentido de que era necesario tener una nueva Constitución en Chile. Por otra parte, su composición también parecía representar una expresión relativamente similar a lo que es Chile, lo que no han tenido los procesos de elaboración de las cartas fundamentales en los siglos XIX y XX.

El pasado 4 de julio la instalación de la Convención fue todo un hito, con ilusiones y contradicciones. La elección de Elisa Loncón como Presidenta del organismo generó, en términos generales, una gran empatía, la que no se aminoró a pesar de sus llamados a la refundación. Es verdad que en la ocasión hubo bochornos, que pifiar el himno nacional resulta inaceptable y que las protestas lograron empañar el comienzo de la actividad. Pero nada de eso anuló las esperanzas ni disminuyó el apoyo a la Convención, que se empinaba sobre el 60% de la población. Como sabemos, la presidenta Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa han compartido durante casi dos meses las evaluaciones personales positivas.

La situación representó un profundo contraste con lo que ha acontecido desde hace algunas décadas con las principales instituciones del país: el Presidente de la República y el Congreso Nacional. Los presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han debido soportar una aprobación bajo el 20% de la opinión pública, durante largos periodos de sus respectivos gobiernos. La situación del Congreso es todavía peor, por cuanto sus cifras son inferiores al 10% de respaldo a senadores y diputados, resultado que comparten con los partidos políticos. En la práctica, son números que no solo afectan a personas específicas o a partidos determinados, sino que perjudican directamente a las instituciones y, por lo mismo, contribuyen a la descomposición de la actividad política en medio de una de las crisis más graves que ha enfrentado el país durante su historia republicana.

Sin embargo, las cosas han comenzado a cambiar para la Convención constituyente, como se ha podido apreciar al cumplirse dos meses de iniciadas sus funciones. Distintas razones han contribuido a esta nueva situación pública de los encargados de redactar el texto que será propuesto al país dentro de algunos meses, entre los que podemos mencionar el comportamiento de sus miembros en los debates internos; cierto sesgo totalitario que se advierte en algunas de las propuestas (contra la libertad de enseñanza, por ejemplo); la situación de uno de los convencionales que resultó electo habiendo engañado a sus electores y a la opinión pública por su enfermedad; los escándalos y la posterior disolución de la Lista del Pueblo; las discusiones que se centran en ataques personales más que en discusión de ideas; el aumento de recursos para asesores; el cuestionamiento a quienes dirigen la Convención y otras tantas cuestiones que muestran menos eficiencia en el trabajo del que hubiera sido esperable en las actuales circunstancias.

A comienzos de septiembre la situación se ha complicado más de lo esperado, y ciertamente más de lo que hubieran querido las autoridades de la Convención y los propios miembros del organismo. Parece que cada día hubiera una noticia distinta que llena la agenda, y que no tiene que ver con su función propia, sino con alguna desviación o discusión sobre sus atribuciones, el comportamiento de sus miembros o algún intento de superar algunas de sus limitaciones legales o constitucionales. En otras palabras, noticias de política común y corriente, descrédito de la institución y sus personajes, que muchas veces opaca el trabajo que –según transmiten algunos convencionales– ha sido intenso y con mucha dedicación.

Nuevamente se han escuchado voces reclamando que la Convención constituyente es un órgano soberano, que no debería subordinarse a los dos tercios establecidos para aprobar las normas, según lo expresado en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y la reforma constitucional correspondiente. Sin embargo, el ritmo de la revolución tiene sus propios tiempos y formas de comprender las tareas que debe desarrollar la Convención, y no sería raro que buena parte de la discusión futura esté basada en las posibilidades reales de superar los límites para avanzar hacia una nueva carta para Chile.

Hay algunos problemas que sería necesario considerar en cualquier análisis sobre el futuro de la Convención. El primero es que los constituyentes serán escrutados al igual que lo han sido hasta ahora los parlamentarios, el Presidentes y sus ministros, o los líderes de los partidos políticos. En otras palabras, haber ingresado a la política con prestigio y apoyo popular no significa tener un cheque en blanco, y la lucha diaria, los errores o delitos que cometan, los recursos que gasten y el trabajo que hagan o dejen de hacer será parte del análisis de la sociedad, con todas sus consecuencias. Entre ellas puede el desprestigio de la Convención constituyente, la caída en las expectativas de la población y una comparación cada vez más clara entre el nuevo organismo y la política tradicional.

El segundo aspecto se refiere a la legitimidad de sus normas y al cumplimiento de su mandato. Es evidente que no todos entienden de la misma manera la tarea de la Convención constituyente, y la discrepancia radica en si entendemos que encarna el poder constituyente derivado o el poder constituyente originario. De acuerdo a lo que ha sido el proceso desde su inicio, es muy claro lo primero, pero si entendemos la voluntad de quienes han sido el motor de los cambios y quienes obtuvieron el mejor resultado el pasado 15 y 16 de mayo –la extrema izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Lista del Pueblo– podemos ver que ellos comprenden la revolución de octubre y sus consecuencia en una línea diferente. Por lo mismo, no aceptan las limitaciones de las reformas legales y constitucionales ni de los poderes constituidos, con todo lo que ello implica.

Las encuestas muestran a la Convención con una tendencia a la baja y las noticias no han sido alentadoras en las últimas semanas. Con todo, queda mucho tiempo todavía para saber cómo terminará esta historia, si bien los acontecimientos de estos primeros dos meses de desarrollo del proceso constituyente muestran que la luna de miel ha terminado y que desde hoy en adelante cada paso puede significar un avance pero también un retroceso. Dependiendo de hacia dónde se oriente el camino y cómo se comporten los convencionales, podríamos estar ante un proceso exitoso o uno fallido, principalmente por la acción de quienes parecen no entender que con sus acciones y omisiones, excesos e incomprensiones, han terminado por generar reacciones negativas, noticias lamentables y peligros a la vista, que han derivado en un incipiente pero desprestigio de la Convención constituyente.

Alejandro San Francisco

Director de Formación IRP