OPINIÓN

El pasado martes 28 de septiembre será recordado como un día negro para las instituciones políticas de Chile, por tres hechos importantes. Cada uno de estos sucesos tuvo su propia lógica, pero hay un comportamiento general que hace que la situación sea aún más preocupante.

La democracia pone un énfasis especial en cómo se llevan a cabo los procesos políticos en una sociedad. El foco deja de ser el resultado mismo, ya que el proceso por el cual se obtiene ese resultado es un elemento esencial en la sociedad. Tal como es lógico, el elemento democrático se fundamenta en que las decisiones políticas se tomen primordialmente por la mayoría de los ciudadanos, pero no es el único elemento relevante. También lo son la concurrencia de la minoría en la toma de decisiones y el respeto por los derechos de todos quienes intervienen en la deliberación política y no solamente los de la mayoría.

En ese sentido, cuando las sociedades descuidan los elementos esenciales de los procesos democráticos, no solamente el resultado puede resultar siendo cuestionado, sino que también se pone en jaque la calidad de la democracia misma. Esto lo vimos reflejado en tres hechos que fueron emblemáticos: la aprobación del 4° retiro de fondos previsionales en la Cámara de Diputados, la aprobación de la despenalización del aborto y la tramitación de cientos de indicaciones al Reglamento de la Convención Constitucional.

Respecto al primer caso, ha sido notoria la falta de seriedad en la tramitación, así como el incumplimiento de las reglas. La Cámara hizo oídos sordos frente a las advertencias que hacen los expertos, de sectores transversales, respecto a las consecuencias dramáticas que traerán los retiros para los ahorros, la inflación y las pensiones de los chilenos, afectando especialmente a los más pobres. Además, esta iniciativa sigue siendo inconstitucional, por más que tenga una aprobación importante e incluso que el Tribunal Constitucional se haya negado a revisar el fondo de esta medida.

En cuanto al aborto, el nivel de argumentación de los parlamentarios ha sido francamente pobre, lleno de lugares comunes e incluso con información falsa. Esto hace cuestionable que personas que legislan de esa manera puedan decidir algo tan importante para tantas personas, como es la posibilidad de seguir con vida o no.

Por último, las indicaciones en la Convención Constitucional se tramitaron sin dar la palabra a los convencionales. La que supuestamente era un espacio abierto y deliberante, en el cual se construye la casa para todos, impide que se pueda argumentar sobre el Reglamento que regirá todo el proceso constituyente. Esto es una señal gravísima tanto para la discusión constitucional como para la transparencia del proceso.

A la democracia no solamente deben cuidarla los políticos, que sin duda están dilapidando su legitimidad. Los ciudadanos tenemos un deber fundamental, de elegir a las personas adecuadas y de fiscalizar constantemente la actuación de quienes detentan el poder.

José Francisco Lagos

Director Ejecutivo IRP