Al cumplirse dos años del inicio de la revolución de octubre de 2019, regresaron los símbolos y los recuerdos, los debates y las notas de radio, televisión y prensa escrita. Como era esperable, también regresó la violencia, que se desató aquel 18 de octubre con incendios en las estaciones del Metro y acompañó muchos de los sucesos en las semanas siguientes. El contenido del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, entre otras cosas, tenía como objetivo desterrar la violencia, la destrucción, los incendios y saqueos.
La dinámica de la violencia tiene dos aristas distintas, pero igualmente importantes en democracia. La primera son los hechos de violencia, que alteran la convivencia, destruyen bienes e incluso matan personas. La segunda es la justificación política de la violencia, sea por razones ideológicas de fondo o bien por mera convivencia, pero siempre con el costo de validar un mecanismo que no es aceptable en democracia.
Tras los sucesos de este lunes 18 hubo condenas fuertes o tibias, convencidas o utilitaristas, inmediatas o tardías. Algunas enfatizaban el momento, el posible costo político o electoral, también el daño provocado a los bienes públicos, de todos. Sin embargo, el tema es mucho más profundo: el problema no es si la violencia afecta una candidatura u otra, si promueve una idea o la contraria, si los bienes atacados son públicos o privados. El problema de fondo es la violencia misma, su incompatibilidad con la deliberación democrática y la incoherencia entre promover la paz y negociar con la destrucción violentista.
Las razones de quienes utilizan la violencia son múltiples: una rebelión social, el odio antiimperialista, la justicia popular, la adrenalina del momento, la necesidad de conseguir cosas que no se logran por otras vías, la convicción ideológica o simplemente los saqueos que permiten obtener algún bien. En todos los casos, las imágenes resultan elocuentes y los resultados, lamentables. Un emprendedor que pierde sus bienes, una sociedad que no puede trabajar con normalidad, colegios o universidades que deben cerrar, la enorme pérdida de recursos humanos y económicos.
En ocasiones, la percepción del daño que provoca la violencia política permanece anestesiada por la ideología o el interés. Hay que despertar a tiempo, o el resultado será más grave todavía.
Alejandro San Francisco,
Director de Formación IRP
