OPINIÓN

Los periodos electorales tienen un indudable interés público, así como se desarrollan en medio de numerosos problemas, algunos propios del momento histórico que vive Chile y otros relacionados precisamente con la coyuntura política.

No cabe duda que estos procesos son parte importante de la solidez de las democracias, promueven la participación, permiten la irrupción de nuevos proyectos políticos y contribuyen a la alternancia en el poder. Sin embargo, es evidente que desde hace muchos años existen algunos problemas colaterales o de fondo, que alteran los procesos electorales, tanto a nivel presidencial como parlamentario.

Es evidente que algunos temas están relacionados con la política misma, la falta de renovación o la repetición de las candidaturas, la escasa novedad de los programas o su falta de datos duros, presupuestos creíbles y proyecciones reales. Otros problemas tienen que ver con el financiamiento de la política, como se evidenció claramente en el pasado, con fórmulas que no estaban reguladas por la ley y llevaron a una crisis que terminó con nuevas formas de regulación de los gastos de campaña, en un claro progreso del sistema en su conjunto.

Sin embargo, hay otras dificultades que no se han tocado, permanecen en el limbo y carecen de un trabajo serio por resolver los conflictos de interés y ciertos comportamientos que alteran el buen funcionamiento de la democracia. Dos casos destacan claramente en este ámbito: el primero es el proceso legislativo que se desarrolla en medio de los periodos electorales y el segundo son los privilegios que ostentan los parlamentarios en ejercicio que compiten por su reelección.

En el primer caso, hay incentivos perversos para la presentación o votación de proyectos populistas de diferente tipo, o para aprovechar la coyuntura con un claro sentido electoral, sin considerar las mejores perspectivas para Chile en el mediano y largo plazo. Para el futuro, no cabe duda que los famosos retiros del “10%” –aprobados por “única vez” en diversas ocasiones– serán un caso de estudio: representan una mala política pública, con críticas transversales y malas evaluaciones de parte de diversos actores económicos, que sin embargo ha sido aprobada sistemáticamente por las mayorías correspondientes en la Cámara de Diputados y en el Senado. No es casualidad que en la discusión actual los senadores que han anunciado el rechazo al cuarto retiro sean figuras que no van a la reelección, en tanto los que aspiran a un nuevo periodo o buscan pasar de la Cámara al Senado se manifiestan partidarios del nuevo retiro. Obviamente no todos los parlamentarios están en la misma situación y muchos han manifestado su voluntad de rechazar la norma desde siempre, pero también es claro que el momento electoral que vive el candidato resulta un incentivo perverso o un disuasivo importante a la hora de las votaciones. Por lo mismo se ha dicho incluso que estamos frente a un cohecho versión siglo XXI u otras formas de corrupción. En cualquier caso, es claro que existen contradicciones que deben ser resueltas.

En el segundo caso, se trata de un tema que en general no es analizado como corresponde, pero que es de gran relevancia por razones de justicia electoral y por los recursos involucrados. Se trata de la situación de los parlamentarios en ejercicio durante las campañas, especialmente de quienes van a la reelección: ellos cuentan con suculentos sueldos, equipos de personas pagados por el Estado, sedes y celulares, así como otros recursos que les ayudan no solo a preparar sus tareas legislativas habituales, sino también las respectivas campañas. Esos recursos no deben ser justificados como gastos electorales, con lo cual –en la práctica– el límite de gasto es mucho mayor que el de quienes los desafían electoralmente, con el añadido que son financiados con los dineros estatales. Es difícil justificar esta injusticia y suponer que se ajusta a las normas propias de la competencia democrática.

Los argumentos para defender ambos problemas son pobres, poco elaborados y generalmente interesados. Algunos de ellos son que siempre ha sido así, que los parlamentarios siguen realizando su labor durante esta época, que no se puede detener la marcha legislativa del país y otras tantas que no logran convencer ni por la justicia que implicarían, ni por representar una buena administración de los recursos públicos. ¿Es posible resolver estos problemas? ¿Cuáles podrían ser las eventuales soluciones a estas injusticias electorales y a los incentivos perversos para legislar por mero utilitarismo? Pienso que primero debe existir un acuerdo de fondo: es necesario perfeccionar la democracia y avanzar hacia normas más justas y limpias en materia electoral, así como se requiere que la legislación emanada del Congreso no se vea alterada por un interés inmediato que termine causando daños de largo plazo. Si existen esos acuerdos, se podría avanzar en la dirección adecuada.

Al respecto, me parece que se podrían evaluar dos iniciativas, que no benefician a las izquierdas o a las derechas, sino al sistema en su conjunto. En cuanto a la legislación, creo que es necesario suspender la discusión y la aprobación de proyectos desde unos 75 días antes de los comicios presidenciales y parlamentarios (la cifra puede cambiarse, a 90 o a 60 días por ejemplo). Con esto, Chile evitará la discusión apurada de retiros y otros temas análogos por mero interés electoral, se evitará que alguna urgencia legislativa altere el proceso en forma impensada e interesada, y permitirá que en los meses previos al receso legislativo exista un trabajo intenso para aprobar las normas más urgentes o necesarias.

En el segundo tema –la injusticia electoral por los recursos públicos que benefician a los parlamentarios en ejercicio– la solución podría ir en la misma dirección. Es decir, los diputados y senadores que se presentan a la reelección o buscan pasar a la otra cámara o a la Presidencia de la República deberían cesar en sus cargos 75 días antes de la elección, al igual que sus equipos de trabajo. Con ello dejarían de recibir sus sueldos y de cumplir sus funciones, en medio del receso legislativo. Todo esto tendría la transparencia de ser una norma conocida antes de asumir una candidatura, con todas sus consecuencias.

Como sabemos, nada de esto ha ocurrido en el proceso electoral que vive Chile, para las elecciones del próximo domingo 21 de noviembre. Quizá sea esta la última elección con discusión legislativa apurada y frívola, o con privilegios electorales para los parlamentarios en ejercicio. La democracia chilena –cuyas bases se están comenzando a discutir en el plano constitucional– merece un perfeccionamiento decisivo en estas materias.