OPINIÓN

La madrugada del martes 21 de diciembre será recordada especialmente por 27 familias de Contulmo cuyas casas en el Lago Lanalhue fueron quemadas de manera simultánea. Esto se suma a una seguidilla de ataques a civiles que ha continuado en la Macrozona sur, a pesar de la sucesiva extensión del estado de excepción constitucional. Si bien la presencia militar ha disminuido los delitos violentos, no podemos olvidar que es una situación que sigue afectando a muchos compatriotas.

Este problema adquiere otra dimensión importante tras los resultados de la elección presidencial del pasado domingo. La coalición que será gobierno desde marzo, no se ha atrevido a llamarle terrorismo a este tipo de actos y se ha negado continuamente a la mantención del estado de excepción constitucional. Aun cuando la consulta ciudadana realizada en La Araucanía mostró que las personas mayoritariamente lo aprueban.

Lo anterior, sin duda, genera un problema para las personas que viven en esa zona, pues la disminución de los actos violentos se podría ver puesta en duda por la negativa del próximo gobierno de mantener esta medida, pero también le generará un problema político importante al equipo de Apruebo Dignidad.

Esto se dará especialmente porque una parte importante de los adherentes de su coalición creen que la lucha violenta ha sido una forma legítima de reivindicar la causa mapuche, a tal punto que un gran número de constituyentes ha promovido un indulto para los detenidos por actos de este tipo. Por otro lado, la ausencia de orden y seguridad pública en esa zona puede seguir provocando un conflicto social de proporciones, al no cumplir el Estado con uno de sus deberes más esenciales.

Especialmente preocupante son las declaraciones confusas que hemos escuchado los últimos días respecto de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado por los detenidos por hechos violentos después del 18 de octubre. Por una parte, Giorgio Jackson ha dicho que se iban a retirar, por otra el presidente electo dice que se revisarán caso por caso y, más tarde, Camila Vallejo reafirma la posición de Jackson. Parece que comienzan a coexistir dos almas en la extrema izquierda.

Esta evidente contradicción genera aún más incertidumbre respecto a cómo enfrentarán el problema del terrorismo. ¿Considerarán legítima o no la violencia como forma de acción política? Si la consideran legítima, ¿por qué apresar a quienes la ejercen? Y, si la consideran ilegítima, ¿por qué negarse a aplicar la ley frente a los que cometen estos hechos?

Las consecuencias de esta insalvable contradicción las seguirán pagando los habitantes de la Macrozona sur, con su tranquilidad, con sus bienes y, peor aún, incluso con sus vidas.

José Francisco Lagos

Director Ejecutivo IRP