OPINIÓN

El día de ayer, la Convención Constitucional aprobó en la comisión de medio ambiente y modelos económicos la nacionalización de los recursos naturales y de las empresas que lo extraen. Ya sabemos que esto no es algo definitivo y que para que algo así se proponga, debe ser aprobado por los 2/3 de los convencionales en el pleno y no solo en la comisión, pero no dejan de llamar la atención algunas cosas.

En primer lugar, el tenor literal de la norma propuesta recuerda los momentos más complejos de la historia institucional reciente, al proponer el pago de los bienes expropiados en un plazo amplio y además sin la obligación que actualmente se exige de que este pago sea al contado y al precio de mercado.

En segundo lugar, incorpora el criterio de “utilidades excesivas” tal como se hizo alguna vez en la Unidad Popular, que provocó, entre otras cosas, una de las más grandes crisis económicas que había vivido nuestro país.

Por último, es preocupante que se estén proponiendo este tipo de iniciativas, contrarias al derecho internacional, a los derechos de las personas y por supuesto al progreso económico. Pareciera que estamos viviendo un capítulo del libro “¿Por qué fracasan los países?” de Daron Acemoglu y James Robinson, en que la Convención nos demuestra en la práctica cómo se deja a un país en el estancamiento.

Independientemente de la visión sesentera de la economía que tienen un número importante de los convencionales, es claro que aquello que se decía en la campaña que dio inicio a este proceso dejó de cumplirse hace tiempo. Esta ya no es la casa de todos, sino que las visiones sobreideologizadas están ganando terreno y terminará siendo una propuesta de constitución desde el revanchismo y la venganza, amparadas en las ideas del estancamiento y la pobreza.

El nivel de la discusión descendió a niveles pocas veces antes vistos, donde la incapacidad de escuchar al que piensa distinto, los sesgos ideológicos, las visiones preconcebidas y un sinnúmero de otros vicios son la tónica que marca cada jornada en la Convención. Algunos parecieran creer que tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieran; al parecer esto ya está tensionando la relación con el próximo gobierno, pero también dentro de la izquierda democrática, que no querrá poner su firma en el instrumento que dejará a generaciones de chilenos condenados al subdesarrollo.

José Francisco Lagos

Director Ejecutivo IRP