OPINIÓN

En las últimas semanas hemos visto cómo la ciudad de Iquique se ha movilizado a razón de la situación de inseguridad y desorden originada por el fenómeno de la migración irregular a través de pasos no habilitados. 

Esta situación de emergencia se produce a raíz de un caldo de cultivo con diferentes ingredientes: la situación comparativa de Chile como país de destino migrante en la región, las poco exitosas medidas tomadas por el Estado chileno para intentar producir un ingreso ordenado de migrantes pero, sobre todo, por la situación de vulnerabilidad y crisis en distintos países que origina la necesidad de que grandes grupos de su población emigren buscando nuevas oportunidades.

Chile es un país que, habiendo utilizado una fórmula distinta de persecución del desarrollo respecto del resto de los países de la región, ha logrado en las últimas décadas un nivel de progreso económico y de bienestar social que está muy por encima del resto del vecindario. Bien vale la pena recordar que la existencia de un promedio por sobre otro no implica que el estándar sea suficiente, pero objetivamente el estándar chileno es superior al resto. Es en ese contexto, teniendo como destino un país con instituciones que funcionan y con perspectivas de mayor progreso económico futuro, que existen personas dispuestas a dejar toda su vida atrás para viajar miles de kilómetros en búsqueda de mejores oportunidades.

En cuanto a las medidas de precaución, si bien el gobierno de Sebastián Piñera propuso e intentó avanzar hacia una política de “ordenar la casa” que derivó en la nueva Ley de Migración y Extranjería, en el año 2020 parlamentarios de oposición llevaron al Tribunal Constitucional dicha reforma para cercenar algunos artículos frente a una inminente aprobación. Entre quienes se opusieron a dicha normativa se encontraban representantes del Partido Comunista y el Frente Amplio, con Gabriel Boric incluido. Es fundamental respetar la dignidad humana de las personas que migran, pero resulta necesario también tener y hacer cumplir procedimientos que permitan una migración justa y expedita, con normas claras y consecuencias por su infracción. 

Por último, el factor principal y más influyente de la actual crisis de inmigración que vive nuestro país tiene relación con la existencia de otros países de la región que atraviesan profundas crisis institucionales, económicas, democráticas y/o humanitarias. Sin importar las medidas que se puedan tomar para ordenar un proceso de migración, si existe un flujo lo suficientemente fuerte, las medidas tenderán a ser sobrepasadas. Así, entendiendo que, al menos desde 2018 la mayor población migrante dentro del continente proviene desde Venezuela, el mayor responsable de esta situación no es otro que el gobierno dictatorial de dicho país, hoy dirigido por Nicolás Maduro y previamente por Hugo Chávez.
Son la escasez de bienes y servicios básicos causadas por la intervención estatal de la industria y de la economía, la persecución política y la degradación total de las instituciones de Venezuela que han llevado a más de 6 millones de ciudadanos venezolanos a trasladarse como refugiados por el mundo, cerca de 5 millones de ellos dentro de Latinoamérica.
Lo anterior cobra una importancia insospechada en otras dimensiones, pues en la discusión pública existen sectores de la izquierda ideológica que generan cuestionamientos y trabas constantes al control de la migración irregular mientras que directamente apoyan y defienden al régimen venezolano, o bien, avalan y promueven el mismo camino de políticas de sociedad planificada e hiper ideologizada, además de una nula separación de poderes que ha llevado al colapso a todos y cada uno de los países en los que se han implementado. La existencia del régimen venezolano, que es el real origen de la crisis migratoria nacional actual, es un recordatorio de lo peligroso que puede ser el seguir el camino equivocado en la toma de decisiones sobre políticas públicas e incluso, en la discusión constitucional.

Patrick Poblete 

Investigador IRP