OPINIÓN

Todas las sociedades, al menos en teoría, procuran ampliar los espacios de libertad de las personas, en los ámbitos más diversos: cultural y religioso, político y económico, educacional y en tantas otras manifestaciones de la acción humana. Como contrapartida, quienes detentan el poder político habitualmente desean consolidar y ampliar sus espacios de influencia.

En estos planos, el siglo XX tuvo la paradoja de mostrar, por una parte, el mayor aumento de la libertad política y económico-social en toda la historia, y por otra vio la consolidación de los estados totalitarios, de corte comunista, fascista o nacional socialista. De esta manera, la lucha por el poder significaba la opción de ampliar las posibilidades de expansión de la creatividad de las personas y la sociedad, o bien acumular cada vez mayores prerrogativas para los partidos gobernantes. Si en los siglos anteriores se podía observar la misma dinámica, la verdad es que ambas dimensiones nunca alcanzaron los niveles de desarrollo que tuvieron en la última centuria.

Es evidente que la obtención del poder despierta interés y ambiciones, genera disputas acaloradas, muchas veces vestidas con el discurso –genuino o no– del servicio público. Para obtener el poder se recurre a medios legales o vedados, se utilizan grandes cantidades de recursos humanos y económicos, se buscan fórmulas para mantenerlo o perpetuarlo. Adicionalmente, con los diferentes gobiernos el aparato del Estado tiende a crecer y no a disminuir, mientras la realidad histórica muestra los esfuerzos ingentes que realizan los candidatos, partidos y grupos de presión por ampliar sus esferas de influencia y consolidar su presencia en los lugares de poder.

¿Cómo debe organizarse el poder? ¿Cuáles son las bases sobre las cuales se garantiza el ejercicio de la libertad? ¿De qué manera las sociedades pueden articular ambos aspectos tan relevantes de la vida política? El tema no es fácil, ni tiene una respuesta unívoca. El constitucionalismo pareció dar una respuesta clara y simple: las cartas fundamentales debían declarar los derechos y separar los poderes. De esta manera, ponían límites al poder estatal y ampliaban las libertades de las personas. Con el paso del tiempo la situación ha mostrado sus ambigüedades: las constituciones sirven tanto para limitar el poder como para fortalecerlo; amplían los espacios de libertad o bien los limitan bajo diversas argumentaciones. Entre las características más propias y lamentables de las democracias latinoamericanas de las últimas tres décadas se encuentra el esfuerzo de los gobernantes por repetirse el plato, reelegirse por medio de reformas constitucionales e incluso intervenir en otros poderes del Estado.

El tema de fondo radica no solo en comprender la relación de la libertad con el poder, sino también de la situación efectiva de la libertad contra él. En este sentido, conviene revisar los conceptos y comprender cómo se articulan históricamente, así como también en la política actual. Lord Acton, un gran estudioso de estos temas, sostenía con entusiasmo que “la libertad es extremadamente contagiosa” (en Ensayos sobre la libertad y el poder, Madrid, Unión Editorial, 2011, Presentación, traducción y edición de Paloma de la Nuez). Sin embargo, la contrapartida realista de esta afirmación indica que el poder también es atractivo y el deseo de acumularlo es contagioso. 

Las fórmulas para asegurar la consolidación del poder y la restricción de la libertad de los ciudadanos son múltiples, desde las más burdas y habituales hasta otras más sofisticadas, pero igualmente lesivas del ejercicio de las libertades sociales o políticas. En el primer grupo se podrían encontrar las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela; el segundo es más difícil de observar y de comprender, y está presente de manera más amplia en diversas democracias occidentales. Sus manifestaciones se aprecian en el intento de controlar la educación por parte del Estado, limitando la libertad de enseñanza; los obstáculos abiertos o velados a la libertad de prensa; las restricciones al emprendimiento privado o los ataques a la propiedad privada; y así diversas expresiones de libertades personales que se ven obstaculizadas por los poderes públicos o el Estado.

En el caso concreto de las personas, aunque conceptualmente disfruten de los mismos derechos y libertades, en la práctica su ejercicio depende de algunas condiciones específicas de la sociedad o de ellas mismas. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a una mejor educación o salud es más amplia en las sociedades más desarrolladas; lo mismo vale para la existencia de una prensa libre o de otros factores de desarrollo. En el caso de las personas, es evidente que pueden estar limitadas por factores externos –políticos o legales– pero también por condiciones propias, como la pobreza o la falta de instrucción, que disminuye las oportunidades y libertades en la práctica.

Por lo mismo, la lucha por la libertad no solo debe concentrarse en limitar el poder, sino también en eliminar las situaciones de ignorancia o miseria que dificultan su ejercicio. Si la libertad es una condición para el mejor desarrollo de los seres humanos, queda una doble tarea por hacer: luchar contra el despotismo y por la limitación del poder, así como combatir la ignorancia y esforzarse por lograr adecuadas condiciones de vida y educación. Ninguna de esas empresas es fácil, la libertad siempre tendrá enemigos en el camino, pero también importantes aliados en una lucha que lleva muchos siglos y que seguirá por largo tiempo.

Alejandro San Francisco 

Director de Formación IRP