OPINIÓN

El 15 y 16 de mayo de 2021 se realizó la elección para la formación de la Convención Constituyente. Se trató, sin duda, de uno de los comicios más importantes de la historia de Chile, cuyo objetivo era conformar el órgano que estudiaría la carta fundamental que debería regir al país, considerando la aprobación que había logrado el cambio constitucional en el plebiscito de entrada y la previsible victoria en el plebiscito de salida.

Ha pasado un año desde entonces, y ha corrido mucha agua bajo el puente. De partida, la Convención electa comenzó sus actividades el 4 de julio y este 17 de mayo de 2022 se acaba el trabajo del pleno, para dar paso a las tareas de armonización y la redacción de los artículos transitorios.

De esta manera, ya se puede advertir el comienzo del fin de la tarea de los convencionales, que dará paso al texto definitivo –que se acerca a los 500 artículos– y que será plebiscitado el 4 de septiembre próximo. En esa ocasión la ciudadanía decidirá si aprueba la carta propuesta –que muestra un claro sello transformador o refundacional– o bien se opone a ella, lo que implicaría evaluar diferentes alternativas para tratar de resolver la discordia constitucional, la voluntad de cambio manifestada en el plebiscito de entrada y el eventual fracaso del trabajo de la Convención.

En este último caso, a pesar de las declaraciones confusas o irresponsables de algunos dirigentes políticos, es evidente que seguirá rigiendo la actual Constitución de 2005, que lleva la firma de Ricardo Lagos y todos sus ministros, mientras no se defina una nueva reforma o una nueva carta fundamental.

¿Cuáles fueron las claves de la elección del 15 y 16 de mayo de 2021? ¿Qué significado histórico y político tuvieron esos comicios? ¿En qué contexto social se inscriben?

Me parece que el primer elemento decisivo, es comprender que la elección de constituyentes se inscribe en el marco del proceso iniciado con la revolución de octubre de 2019, crucial para comprender todo el proceso político ulterior. Fue entonces cuando el “estallido social” produjo una masiva movilización que devino pronto en un reclamo constituyente, que tuvo una canalización institucional con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre.

Desde ahí en adelante tuvo lugar el proceso que, desde su origen, aspiraba a un cambio radical del orden existente, tanto en el plano político como económico-social. Como suele ocurrir, los afectados no vieron claramente el sentido del movimiento y se sumaron con entusiasmo o resignación a la necesidad de modificar las bases constitucionales del desarrollo nacional. De esta manera es posible comprender el llamado explícito a la refundación de Chile, que proclamó Elisa Loncón, la primera presidenta de la Convención, en la sesión inaugural del 4 de julio de 2011.

Otro significado relevante de la elección del 15 y 16 de mayo fue la derrota dura de las dos grandes coaliciones que habían gobernado en la democracia chilena desde 1990: la Concertación de Partidos por la Democracia y Chile Vamos. En la ocasión la centroderecha obtuvo solo el 20% de los votos, logrando 37 escaños, quedando lejos del tercio necesario para ser realmente influyente en el trabajo de la Convención.

A los partidos de la antigua Concertación les fue incluso peor, con la excepción del Partido Socialista, que entonces miraba hacia el Partido Comunista y el Frente Amplio, más que a sus antiguos aliados. Sin perjuicio de ello, hubo una diferencia importante, que se notaría con el paso de los meses: mientras la centroderecha se recuperó y obtuvo buenos resultados en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021, la Concertación dejó de ser una alternativa relevante, tanto por sus resultados en la elección presidencial como en las parlamentarias.

Un aspecto crucial de los comicios fue el resultado alcanzado por las listas de izquierda, en especial por el PC y el Frente Amplio, agrupadas en Apruebo Dignidad, que obtuvieron 28 escaños y, sobre todo, consolidaron una clara presencia discursiva y política. Eso se expresó con nitidez en las primarias entre Gabriel Boric y Daniel Jadue, así como en la victoria en la elección presidencial por parte del frenteamplista. A esos votos deben sumarse los buenos resultados de grupos “independientes”, vinculados principalmente a las izquierdas: los Independientes no neutrales (11 escaños, con el 8,8% de los votos) y en especial la Lista del Pueblo (que logró 26 convencionales, tras obtener el 16,7%, y verse beneficiada con las nuevas normas para la elección de independientes).

A todos estos aspectos debe sumarse necesariamente la situación de los pueblos originarios. Tras el plebiscito de entrada el Congreso Nacional aprobó la existencia de 17 escaños reservados (7 mapuche, 2 aimará y uno de diferentes otros pueblos). Esto tenía una explicación histórica y política, pero también distorsionaba las mayorías electorales de una manera muy visible.

Así fue posible apreciar en un par de casos, en los cuales fueron elegidos convencionales con menos de cien votos, y otros cuatro que recibieron menos de mil sufragios y pasaron a la Convención. La presión identitaria, de esta manera, alteraba uno de los fundamentos básicos de la democracia representativa. En cualquier caso, es evidente que los resultados están a la vista en la redacción de la nueva constitución, que ha definido el carácter “plurinacional” de Chile y tiene numerosas referencias y derechos para los pueblos originarios, de una forma que no se considera para los demás chilenos.

Habiendo transcurrido casi un año de esas elecciones, la situación actual es muy diferente. Tras diez meses de trabajo, la carta fundamental está prácticamente lista; queda por llegar a algunos acuerdos tácticos en las normas transitorias y pasar a la consulta final a la ciudadanía. Hay ciertos aspectos que estuvieron en la convocatoria inicial del proceso y que prácticamente desaparecieron durante el trabajo de la Convención: el concepto más claro es el de la constitución como “casa de todos”, de lo cual ya no se habla. 

Todo indica que el texto será un factor más de la lucha política y que la radicalización que ha mostrado el órgano constituyente –previsible en el contexto revolucionario que vive Chile– tiene una lógica muy diferente a la prometida en diversas ocasiones.

Todo ello se ve reflejado al menos en dos aspectos clave de la percepción actual de la ciudadanía, que muestran la decepción hacia el órgano que comenzó con tanto apoyo y buenas expectativas. El primero es la desafección hacia la propia Convención, que se manifiesta en la pérdida de confianza hacia ella, graficada en diversas encuestas en los últimos meses; el segundo se aprecia en las perspectivas del plebiscito de salida, que según varios estudios de opinión ha visto crecer la opción Rechazo, en tanto se ha producido una caída de la opción Apruebo para el próximo 4 de septiembre. Por cierto, todo esto solo indica la apreciación que existe sobre ambos temas desde marzo a la fecha, y no predice lo que pueda ocurrir de aquí hasta el día de la consulta.

Desde hoy en adelante faltan muchas cosas para definir el resultado: la divulgación del texto constitucional, la apreciación del trabajo de la Convención –que ya no estará en las noticias diarias, con sus indudables costos–, cobrará especial importancia el tema comunicacional, la campaña por televisión, las caricaturas y otras tantas cosas que incidirán en el resultado final, que hoy se percibe que será estrecho.

Uno de los aspectos principales será la evaluación que tenga el gobierno de Gabriel Boric a la fecha del plebiscito, considerando que si tiene gran apoyo ello beneficiará al Apruebo y que si el rechazo a su administración se mantiene alto eso perjudicará su opción constituyente. A ello se suman los pocos críticos, esos temas claves que llevarán a millones de chilenos a respaldar o a distanciarse del texto propuesto por la Convención, por tratarse de nociones centrales, fáciles de entender y que resultan motivantes o inaceptables para la ciudadanía.

Alejandro San Francisco,

Director de Formación IRP