No han sido buenos días para el gobierno. La semana pasada terminó con el llamado al orden de la Cámara de Diputados a la ministra Izkia Siches, quien fue obligada a pedir disculpas al hemiciclo. Esta semana se inició con la particular visión del ministro Nicolás Grau, quien sostuvo que las Pymes se podrían beneficiar de una inflación alta, frase por la que debió disculparse. Luego, el ministro Giorgio Jackson tuvo que pedir perdón a su propia coalición por la altísima valoración que tiene de su generación y de la bajísima estima en que tiene a todos los demás, incluidos sus socios de izquierda y centroizquierda.
Sería un error creer que solo se trata de un problema de forma o simplemente de errores comunicacionales de personas inexpertas a quienes les tocó el difícil desafío de gobernar un país tempranamente. Estamos en presencia de un problema de fondo que impregna el carácter del gobierno y de la nueva generación de izquierda que lo conforma.
Primero, mucho de lo afirmado es lo que verdaderamente cree el Frente Amplio, el PC y sus más fervientes partidarios. Por ejemplo, la coalición gobernante efectivamente cree que en nuestro país hay personas privadas de libertad por sus ideas políticas y no por cometer graves delitos contra las personas y su propiedad, o la evidente paradoja de tener a cargo de las relaciones económicas internacionales a alguien que no cree en ellas. Así las cosas, las declaraciones públicas son expresión de su ideología y de la visión de Chile de los últimos 30 años, del 18 de octubre, la economía o del proceso constitucional, por más que luego deban retractarse o pedir disculpas.
Un segundo elemento del carácter del gobierno, es su escasa capacidad de comprender integralmente la realidad que vivimos. Se trata de un grupo exitoso políticamente, que pasó en pocos años de las universidades a La Moneda. Sus principales líderes son hábiles en empatizar con una parte de la realidad política y social, con la de algunas comunas o las redes sociales, pero a veces parecen carecer de las experiencias de vida, profesionales o intelectuales que permiten una comprensión de la realidad más amplia.
Buena parte de sus dirigentes administraron centros de alumnos y federaciones, debatieron en asambleas, obtuvieron postgrados y lideraron partidos políticos, pero les cuesta comprender el día a día de una pyme, cuya viabilidad económica depende desde la estabilidad política de un país hasta de las condiciones metereológicas de la semana. Para quien solo ha administrado una federación de estudiantes, un error -millonario o no- nunca tiene consecuencias propias sino en la institución; beneficio que un emprendedor carece, pues siempre debe asumir las consecuencias -positivas o negativas- de su gestión.
Por último, la soberbia caracteriza la acción y expresión del gobierno. Es cierto que es un pecado del que es difícil librarse en cualquier profesión y más aún si se ha obtenido el gobierno del país a tan corta edad, pero cuando termina convertida en una pasión dominante acarrea problemas aún más graves.
En ese sentido, las declaraciones de Jackson no solo son un problema político por el evidente tejado de vidrio que tiene su coalición, desde Karina Oliva hasta las propias “autodonaciones”, mientras alardeaban de donar parte importante de su sueldo parlamentario. Esta soberbia, sobre todo cuando se trata sobre las propias virtudes -ni siquiera por una buena gestión- se traduce en una superioridad moral que obsta al diálogo e impide la amistad cívica que el país tanto requiere. Esto podría explicar la evidente incapacidad legislativa o incluso la política de cancelación que muchas veces se percibe desde La Moneda.
Si esta es la nueva escala de valores a la que el país se verá sujeto hasta el 11 de marzo del 2026, las alarmas deben ser encendidas. El discurso y el estilo del Frente Amplio expone a las instituciones y el orden republicano a una seria tensión, a la ciudadanía a la polarización y a la crisis de las expectativas. El caldo de cultivo perfecto para profundizar la dura crisis política y social que enfrentamos y a la cual la mayoría de los sectores políticos buscan encauzar por medios democráticos.
