Señor Director:
Las últimas semanas han sido muy duras para los católicos de Nicaragua. Lamentablemente, la persecución iniciada por el dictador Ortega contra los fieles en el país centroamericano ha tenido poca repercusión en los medios nacionales. La expulsión de agrupaciones religiosas, la detención de ministros de cultos y ataques a templos e imágenes son parte de la sucesión de actos cometidos por el régimen de dicho país.
El silencio de la prensa internacional y de la propia Iglesia, a pesar de algunas iniciativas particulares como Ayuda a la Iglesia que Sufre, es lo más doloroso. Como bien enseña la Doctrina Social de la Iglesia, la libertad religiosa es una exigencia propia de la dignidad de la persona humana. No porque el ser humano y la comunidad política sean indiferentes a las creencias religiosas, sino porque la vida de fe y la búsqueda de la verdad exige un especial respeto a la intimidad de la persona donde sea inmune a la coacción.
Los gobiernos, aunque sean democráticos, que no resguarden este derecho o derechamente lo vulneren como en el caso de Nicaragua incurren en una grave injusticia. La pasividad de la comunidad internacional y de los católicos ante lo mismo revela el estado de indefensión en que se encuentra la libertad religiosa en el mundo. En nuestro país, los ataques a templos o la nueva regulación de las agrupaciones religiosas en la propuesta de constitución son parte de los peligros que pueden afectar gravemente a los católicos, evangélicos, judíos y no creyentes. Y ante ello, no podemos permanecer indiferentes.
Jaime Tagle D.
Ayudante de investigación
Instituto Res Publica
