Después del triunfo del Rechazo, la gran pregunta es cómo resolver el problema constitucional. La respuesta, parecen coincidir la mayoría de los actores, es convocar a una nueva Convención. Pero es inviable pedirle a la ciudadanía que acepte una Convención con las mismas características de la que acaba de fracasar.
Incluso si se corrigeran sus problemas de diseño más evidentes, una nueva Convención supondría alargar la incertidumbre innecesariamente. Considerando elecciones, proceso de redacción y plebiscito ratificatorio, recién en 2024 podríamos contar con una nueva Constitución. A ello se suman otras consideraciones, como la ineficiencia que supone instalar un nuevo órgano, el costo presupuestario extra y la cuota adicional de incertidumbre que supone una nueva hoja en blanco.
¿Qué alternativa hay? La respuesta es un Congreso Constituyente, que aproveche la experiencia y capacidad instalada del Congreso Nacional, en sus dos ramas. Las ventajas son evidentes. Primero, después de las elecciones parlamentarias de 2021, el Congreso tiene una legitimidad democrática incuestionable, a la que se suma el nuevo cuórum de reforma constitucional, rebajado a 4/7. Segundo, se trata de un órgano con capacidad instalada, tanto en lo presupuestario como en experiencia política y procedimientos para llegar a acuerdos. Tercero, entregar al Congreso la oportunidad de acordar el nuevo texto es una forma de afianzar su legitimidad e importancia para las décadas que vienen. Cuarto, radicar el debate constitucional en el Congreso permitiría aprovechar las ventajas de un órgano bicameral, donde existen mecanismos y tradiciones que promueven un nivel de deliberación que, como demostró la fracasada Convención, es más difícil de lograr en órganos unicamerales.
Es perfectamente posible, además, habilitar mecanismos de participación de la sociedad civil durante el proceso de redacción y, además, establecer un plebiscito ratificatorio que valide por la ciudadanía el texto.
El Congreso ha sido por décadas el foro de discusión política más importante de Chile. Como tal, no puede renunciar a priori a dar conducción y salida al problema constitucional. Tiene el mandato ciudadano, los recursos, la experiencia política, la tradición histórica y las atribuciones para hacerlo.
José Francisco Lagos, Director ejecutivo Instituto Res Publica.
