SEÑOR DIRECTOR:
Casi dos tercios del país se opuso a los acuerdos alcanzados por la Convención. Del triunfo inapelable del Rechazo se deben sacar lecciones para resolver la discordia constitucional, sin profundizarla.
Primero, la clase política no debería renunciar –a priori– a las facultades del Congreso para solucionar completamente la desavenencia, o al menos, encauzar lo suficiente el proceso. Los parlamentarios fueron elegidos recientemente, con amplia renovación, con diversas fuerzas representadas y la misma Constitución que permitió que ellos (y el Ejecutivo) fueran electos, posibilitó el plebiscito de salida cuyo resultado sepultó la teoría de que “cualquier cosa puede ser mejor” que la Carta Magna vigente.
En el inconveniente escenario de delegar su responsabilidad constituyente a un nuevo órgano ad hoc, hay principios orientadores que ayudarían a evitar otro fracaso, como el sufrido el 4S por el ideologismo. Una regla democrática fundamental debe prevalecer, sobre todo considerando el voto obligatorio con inscripción automática: es la de “una persona, un voto”. No se puede meter –nuevamente– la mano a las urnas, con experimentos como listas de falsos independientes o escaños privilegiados (que no expresaron la voluntad de quienes decían representar), o injusticias que permitieron que mujeres con más votos fueran reemplazadas por hombres con menos.
Por último, hay temas de fondo ampliamente consensuados –consolidados por la abrumadora manifestación en las urnas– que deberían ser incluidos bajo cualquier circunstancia en la que devenga el proceso constituyente: i) garantizar más derechos y no menos (proteger la vida de todo ser humano sin importar sus características individuales, respetar la libertad de elegir, de enseñanza y la propiedad), ii) mantener reglas de convivencia y democráticas esenciales (unidad de la Nación y sin grupos privilegiados, separación de poderes, pesos y contrapesos, estado de derecho) y iii) asegurar un proceso justo y transparente (reglamento previo y no impuesto por vencedores, actas de acuerdos, supervigilancia de Contraloría, sin intervencionismo electoral).
Lo anterior permitiría sustentar una resolución más sólida de la discordia constitucional. No obstante, para que se pueda concretar y alcance a dar frutos, urge enfrentar en paralelo las urgencias sociales en seguridad, economía, salud y educación. De lo contrario, la ciudadanía experimentará –y con razón– una profunda desconexión de la política con la realidad. Y eso, más pronto que tarde, pasará la cuenta.
Jorge Acosta
Investigador Instituto Res Publica
