El Congreso Constituyente no es la solución a la crisis institucional, sino solo una posible fórmula para avanzar e intentar resolver el problema. Es de esperar que tanto la clase política como la ciudadanía estén a la altura de las circunstancias.
En torno a la discordia constitucional que vive Chile desde hace algún tiempo, la discusión debe considerar dos temas distintos de particular relevancia. El primero es la necesidad de reformar la carta vigente o de hacer una Constitución nueva; la segunda se refiere a la forma, es decir al organismo que debe llevar a cabo la tarea.
A la fecha tenemos claras algunas cosas. Primero, que la mayoría de la población se manifestó por cambiar la actual Constitución (de 1980 o de 2005). Segundo, que la sociedad rechazó ampliamente la propuesta de la Convención, que procuraba una fórmula plurinacional, indigenista y lejana a la tradición constitucional chilena. Tercero, que el tema todavía no está cerrado, sino que sigue viva la discordia, aunque no pueda considerarse el mayor problema de Chile en la actualidad.
De hecho, es preciso reconocer las prioridades de la población, como son la lucha contra la delincuencia y la necesidad de mejorar las condiciones de la economía nacional y de generar progreso social, lo que en modo alguno inhibe seguir trabajando los temas institucionales, aunque debieran situarse en su justa dimensión y prioridad.
La mayoría de los partidos políticos parece convencida de la necesidad de contar con una nueva Convención Constituyente, aunque debería tener algunas diferencias respecto del órgano que fracasó en 2021-2022. Quizá, han dicho sus promotores, podría tratarse de un organismo más pequeño, que tenga mayor consideración por los especialistas y cuente con ciertos “bordes” que eviten la experimentación excesiva o los aires refundacionales.
Sin embargo, creo que han olvidado que su compromiso era por una nueva Constitución y no por repetir la Convención. Quizá por ello se ha dado menos importancia a una posibilidad que debería ser el camino institucional para resolver la crisis: el Congreso Nacional. Por el contrario, dentro del propio Senado y de la Cámara de Diputados se han desarrollado las iniciativas para avanzar hacia una nueva Convención, aparentemente porque el Congreso no tendría la legitimidad suficiente para hacer la nueva carta. Curioso argumento.
Es necesario superar esta confusión conceptual y avanzar hacia una solución representativa, no burocrática, inteligente y que logre un acuerdo constitucional amplio y valioso para Chile. Por lo mismo, es preciso reconocer la primacía del Congreso Nacional como órgano que estudie la nueva Constitución, que necesariamente debería ser aprobada al final por el pueblo a través de un plebiscito.
Esta fórmula tiene varias ventajas. La primera es que es que el Congreso es un órgano propio de la democracia chilena desde hace dos siglos. Intentar desacreditarlo nace de la demanda de algunos sectores por la Asamblea Constituyente, entendida como poder constituyente originario; además permite atacar la reforma de 2005, realizada precisamente por el gobierno del presidente Ricardo Lagos y el Congreso Nacional.
La segunda es la constatación del fracaso de la Convención, experimento que nació con gran ilusión, pero que terminó en el fracaso y el descrédito. El tercero es que permite volver a los principios: en la duda, es necesario optar por la democracia y no por experimentos cuyos resultados están abiertos. Finalmente, porque responsabiliza al Congreso Nacional y a los partidos, les impide eludir sus deberes y contribuye a clarificar el futuro de Chile.
En efecto, hay muchas cosas pendientes en el país, que van desde la nueva Constitución hasta la reforma previsional, pasando por el aumento de los impuestos propuesto por el gobierno y otras tantas leyes que deberá discutir el Congreso Nacional. Si tiene legitimidad para subir los impuestos también la tiene para mejorar la pensiones o cambiar la carta fundamental. Pero no puede dividir sus funciones ni eludir sus obligaciones.
Si por alguna razón -buena o mala- el Congreso no quisiera o no se sintiera capaz de hacerlo, surge una alternativa que se hace necesario considerar: convocar a un Congreso Constituyente.
Para llegar a esto se requiere un proceso de dos fases. En primer lugar, una reforma constitucional que ponga fin al actual Congreso Nacional, por el cual los senadores y diputados cesarían en sus cargos, ante la imposibilidad de ejercer todas sus funciones. En segundo lugar, la convocatoria a elecciones de un nuevo Congreso, que tendría un preciso mandato constituyente, además de las otras funciones propias del Poder Legislativo.
Este Congreso sería el órgano único que estudiaría la nueva carta fundamental, lo que incluye además el deber de escuchar a la ciudadanía, la participación de expertos y de los asesores que ya trabajan en el poder del Estado. Desde el punto de vista de su origen sería indudablemente democrático, a lo que se suma que evitaría la duplicación de funciones, con el consiguiente ahorro de gastos y la repetición de la fallida fórmula de la Convención.
No se debe ocultar en este análisis que un sistema así no conducirá necesariamente a la solución de la discordia constitucional, porque esta se ha extendido desde hace mucho tiempo y refleja una división más profunda en la sociedad: sobre los principios y la forma de entender la democracia, la organización económico-social del país, la comprensión de los derechos y las libertades, la organización del poder político.
El triunfo inobjetable y contundente del Rechazo no puede ocultar una realidad: el 38% de la ciudadanía favoreció una propuesta no solo original, sino francamente revolucionaria, que modificaba dos siglos de tradición constitucional republicana.
En cualquier caso, debemos tener claro que el problema no es solamente cuál debe ser el órgano constituyente, sino sobretodo el contenido de la nueva propuesta. Habrá muchos temas que requerirán capacidad de diálogo y permanente atención hacia una solución de la discordia vigente.
El Congreso Constituyente no es la solución a la crisis institucional, sino solo una posible fórmula para avanzar e intentar resolver el problema. Es de esperar que tanto la clase política como la ciudadanía estén a la altura de las circunstancias.
