Carece de sentido que nuestros dirigentes sigan ensimismados en la única solución que propusieron a los chilenos, como lo fue la cuestión constitucional, en vez de hacerse cargo de problemas objetivos y de los cuales, en gran parte es el propio Estado responsable de causarlos.
En la jornada del pasado martes vimos cómo nuevamente la violencia se tomó las calles de nuestras ciudades. Hechos vandálicos, estaciones de metro cerradas y saqueos en diversas zonas del país fueron un triste recordatorio de lo que pasó hace 3 años.
Frente a esto, hay que reflexionar en torno a dos temas fundamentales: la violencia y las demandas sociales.
El diagnóstico que hace cierta izquierda de que la opulencia de algunos molestó tanto a otros que decidieron salir a quemar todo, resulta al menos artificioso y no tiene relación con lo que las personas señalan cuando se les pregunta, por ejemplo, en las encuestas de opinión.
A lo menos, hay tres fuentes distintas de la violencia que vimos desde el 18 de octubre en adelante. La primera es una violencia política. Quienes ejercen estas acciones para conseguir algún objetivo político son un grupo relativamente pequeño, pero que organizado, genera bastante desorden y conmoción. La segunda fuente son los grupos narcos y delictivos que atacaban constantemente los cuarteles de carabineros, especialmente en zonas populares. La sistematicidad de este tipo de hechos demuestra que allí donde retrocede el Estado de Derecho, estos grupos ganan más espacio y, por supuesto, no lo consiguen por las buenas.
Una tercera fuente y que merece ser estudiada, porque le da masividad a la violencia, son aquellas personas que cometen delitos simplemente porque pueden. Porque saben que no tendrán sanción aparejada. Es la cultura de la trampa llevada a su extremo. Esto explica bastantes destrozos y, por supuesto, los saqueos. Mismo fenómeno que ocurre después de una catástrofe natural, como un terremoto, en que personas fueron a saquear mientras había compatriotas bajo los escombros.
El problema político que surgió en torno a esto es que parte importante de la izquierda, pero también un grupo de la centroizquierda, identificó a todos estos grupos como “presos de la revuelta”, a tal punto que el proyecto de indulto (o amnistía) incluía todos los delitos descritos anteriormente.
Por otro lado, respecto a las demandas sociales, esto ha sido tratado de manera rústica por la política. Primero, por subirse al carro del primer diagnóstico, que simplemente reafirmaba posturas anteriores y no tenía un legítimo interés de entender lo que estaba pasando. Resulta verdaderamente curioso que todas las demandas sociales tenían relación con lo que la izquierda decía, y por alguna razón misteriosa, las personas no los escogían en las elecciones cuando lo proponían.
Lo que ha pasado después, con las sucesivas elecciones y, por supuesto, el histórico plebiscito del 4 de septiembre, nos da más luces de lo que estaba pasando en el país. Lo que carece de sentido es que nuestros dirigentes sigan ensimismados en la única solución que le propusieron a los chilenos, como lo fue la cuestión constitucional, en vez de hacerse cargo de problemas objetivos y de los cuales, en gran parte es el propio Estado responsable de causarlos.
*José Francisco Lagos es Director Ejecutivo Instituto Res Publica.
