OPINIÓN

Es evidente que la discordia constitucional debe ser enfrentada y resuelta. Pero mientras ella se discute en sus fórmulas y bordes, el gobierno avanza en su agenda y la oposición parece más bien detenida.

Mediante cadena nacional, el presidente Gabriel Boric presentó las bases de su Reforma Previsional. La iniciativa puede y debe ser analizada desde varias perspectivas. La primera, por el tema principal que presenta, como una reforma al sistema de pensiones chileno, tanto en la administración como en la cotización y en los resultados. La segunda, como la reforma tributaria que es, que implica un alza de impuestos al trabajo de un 6%, con todo lo que ello implica (por ejemplo, su repercusión en el mercado laboral). La tercera, como una manifestación adicional de la lucha política e ideológica que se arrastra por años, y que encuentra en este tema muchas de sus implicancias y contradicciones más visibles en el ámbito público.

Sin embargo, me parece que lo crucial del discurso presidencial radica en otro ámbito, distinto a la propuesta específica que postula: se trata de la recuperación de la iniciativa política por parte del gobierno, la capacidad de poner un asunto central en la agenda y definir qué se discute y en qué coordenadas. En otras palabras, con este tema y la instalación del proyecto “de pensiones”, la izquierda vuelve a jugar en su cancha después de meses de contradicciones. Además pone la discusión en el ámbito que le interesa, en una fórmula que conoce de sobra –aumento de impuestos y crecimiento estatal– y que le permite salir por un momento de la árida y cada vez menos popular discusión constituyente.

Al retomar la iniciativa política, el gobierno del presidente Gabriel Boric llevará a las derechas al pizarrón en dos reformas tributarias a la vez: la primera, del 6% de las cotizaciones previsionales extras; la segunda, la que se requeriría para financiar las pensiones básicas universales (aunque en realidad sea para financiar el crecimiento inorgánico del aparato burocrático y otras tantas cosas). Es un ámbito en el cual la izquierda se mueve como pez en el agua: allegar más recursos al Estado y crear nuevas instituciones estatales. Adicionalmente sabe que, en términos generales, podrá contar con la voluntad favorable de un sector más o menos amplio de los partidos o parlamentarios opositores, que también comparten la misma inclinación estatista. No obstante, es preciso considerar el cambio reciente en la composición parlamentaria, que podría mostrar también una renovación en las ideas.

El control de la iniciativa por parte del oficialismo tiene otra connotación que no ha llamado la atención, pero que me parece de la mayor importancia. La reforma anunciada por el presidente Gabriel Boric se inscribe precisamente en su tesis –expresada con convicción durante la campaña– de que es necesario enterrar el neoliberalismo (o lo que la izquierda entiende por tal), cuestión que tuvo un respaldo especial durante octubre con las visitas de Mariana Mazzucato y de Joseph Stiglitz, quienes comparten la tesis presidencial y también abominan del sistema económico chileno, lejano del modelo socialista al que adscriben el Frente Amplio y el Partido Comunista. La propuesta del gobierno en materia de pensiones no es una idea aislada, sino que se inscribe en una propuesta estratégica, de largo plazo, destinada a cambiar profundamente las bases del desarrollo nacional. 

La propuesta de nueva constitución, rechazada en forma aplastante el pasado 4 de septiembre, era la madre de todas las batallas, pero no era la única. En esa misma dirección se orientarán las reformas de pensiones y tributaria, que instalarán un Estado más grande y mostrarán a gobiernos con más poder. Otras propuestas –sobre medios de comunicación o en materia educacional– permiten advertir desde ya una orientación similar y será preciso estar atentos a los detalles, cuando se transformen en iniciativas concretas o en proyectos de ley. Lo que deben entender los partidarios y opositores del actual gobierno es que sus reformas no procuran cambiar detalles o modificar ciertos aspectos puntuales, que podrían mejorar la recaudación de impuestos, los montos de la pensiones u otros asuntos de relevancia, sino que se dirigen a poner fin al sistema socioeconómico vigente. Todo ello es así, al menos si tomamos en serio las declaraciones de sus dirigentes, especialmente del candidato Gabriel Boric y el contenido de su programa de gobierno.

Hay un último aspecto relevante que conviene considerar. El gobierno de Boric –y el presidente en particular– ha perdido un considerable respaldo en las encuestas sus primeros ocho meses en La Moneda. El rechazo al gobernante ha crecido sistemáticamente, mientras el apoyo a su gestión ha disminuido hasta llegar a un pálido 25% en la última semana de octubre. Pese a ello, y a la derrota del 4 de septiembre, el Ejecutivo reaparece con fuerza y determinación, sin complejos y como si nada hubiera pasado, decidido a llevar adelante un programa de transformaciones. Esto resulta doblemente notable, considerando que no solo tiene poco respaldo ciudadano y cuenta con una derrota importante a cuestas, sino que también tiene minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por lo mismo, muestra una gran capacidad de reacción y una decisión de gobernar y dar vuelta el partido, o al menos el suficiente carácter y amor propio para enfrentar esas circunstancias.

El gobierno retoma la iniciativa política en un momento de notable ausentismo y silencio opositor. Por lo mismo, el problema de fondo de la oposición no radica exclusivamente en que tendrá que bailar ahora al ritmo del gobierno en la discusión tributaria y de pensiones, sino que deberá enfrentarse a su propia falta de proyecto político, a la incapacidad de instalar temas en la agenda pública y a la posibilidad cierta de que un gobierno alicaído se levante ante la ausencia de contradictores. Todo ello podría ser una alternativa política muy probable, si no fuera por algunos factores que, al menos, permitirían imaginar una situación diferente.

El primero es el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, que implicó una derrota contundente del gobierno de Gabriel Boric. Si bien no se puede hablar de un triunfo exclusivo de la derecha, es evidente que la oposición al proyecto constituyente –derecha, centroderecha, amarillos, DC por el Rechazo y otros– obtuvieron una victoria. Un segundo aspecto está reflejado en las encuestas, que muestran una preeminencia opositora entre las figuras que a los chilenos les “gustaría que fuera el próximo presidente de Chile”, donde aparecen José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi y Sebastián Piñera en los cuatro primeros lugares. Finalmente, porque los temas que parecen más importantes para la ciudadanía en la actualidad –delincuencia/orden público y situación económica/inflación– son ideas que, en general, las derechas manejan mejor que las izquierdas.

Pese a todo ello la oposición ha sido incapaz de capitalizar el viento a favor y, mucho menos, de tomar la iniciativa política. Quizá la excepción podría ser la bajada de Karol Cariola de su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados y las negociaciones para ocupar dicho cargo y otros dentro de dicha corporación, aunque es necesario ver qué consecuencias tendrá a mediano y largo plazo. Sin perjuicio de ello, las directivas de Chile Vamos parecen capturadas por el problema de la discordia constitucional y no logran instalar otra agenda política relevante, especialmente en materia económica y social; el Congreso Nacional no interpela a ministros, ciertamente tampoco promueve acusaciones constitucionales (aunque no se trata de caer en las posturas intransigentes del pasado, por cierto); el marco de la discusión pública parece derivar de los hechos y no de una propuesta bien pensada; es difícil, por no decir imposible, tratar de entender cuál es el sueño de país de las derechas, dónde hay que poner los acentos, cuáles son las reformas que Chile requiere para promover la unidad nacional, el desarrollo económico y el progreso social. En concreto, la centroderecha o la derecha no solo están perdiendo una oportunidad para hacer política, sino que está cerca de volver a permanecer a la baja en el debate público, ante una izquierda que hace años no se encontraba tan debilitada ante la opinión pública.

Es evidente que la discordia constitucional debe ser enfrentada y resuelta. Pero mientras ella se discute en sus fórmulas y bordes, el gobierno avanza en su agenda y la oposición parece más bien detenida. Para los meses que vienen, controlar la iniciativa política será una base fundamental para el futuro del gobierno y de la oposición. Para ello se requiere proyecto político, liderazgos, carácter, determinación y, por cierto, retomar la iniciativa política.