El principal desafío para un importante grupo de la derecha es comprender que tiene el mismo derecho y legitimidad para proponer en la discusión constitucional sus ideas propias y no ceder ante las del adversario.
El pasado 12 de diciembre, buena parte de las fuerzas políticas con representación parlamentaria alcanzaron, tras cien días de negociación y discusiones varias, un segundo acuerdo constitucional que busca, finalmente, establecer un itinerario que permita darle a Chile una nueva carta fundamental.
Aunque, como hemos sostenido en distintas ocasiones, es evidente que el Congreso Nacional contaba con las atribuciones, recursos y legitimidad para abordar la cuestión constitucional sin la necesidad de delegar su responsabilidad política ni crear nuevos órganos, es claro que el nuevo acuerdo aparece como uno mucho más razonable y con limites más definidos que el pactado en ese violento 15 de noviembre.
A diferencia de lo que algunos han planteado, este acuerdo no está ni cerca de ser el “cierre” de la cuestión constitucional ni una garantía para la estabilidad futura del país. Este nuevo acuerdo político, me parece, plantea al menos dos grandes desafíos para el próximo año, que será crucial para el futuro panorama político y social del país.
En primer lugar, los partidos políticos que con entusiasmo han celebrado este nuevo acuerdo constitucional y lo han propuesto como una “gran segunda oportunidad”, tienen el desafío, en el año que viene, de construir una propuesta de Constitución a la altura de lo que Chile necesita. En concreto, siendo un estándar bastante básico, la propuesta de Constitución que los chilenos votaremos en alrededor de 12 meses debe ser capaz de sentar las bases del desarrollo y el progreso social de todos los chilenos para las próximas décadas, como lo hizo la tan criticada Constitución vigente. Para ello, es crucial entrar al debate de fondo, de contenidos, qué es lo verdaderamente importante.
¿Qué ideas y propuestas constitucionales tiene la izquierda para nuestra eventual nueva Constitución? Una primera aproximación está, evidentemente, en el recién rechazado borrador constitucional. Ese es el proyecto constitucional de la izquierda chilena: desde el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista y hasta el Partido Socialista, parte del PPD y la Democracia Cristiana llamaron a votar Apruebo para el 4 de septiembre. Nadie puede sensatamente creer que en tres meses dichos partidos, y en particular la extrema izquierda, han claudicado de su principal proyecto político, cuál es la refundación de Chile y la sustitución del “modelo”.
¿Qué ideas y propuestas constitucionales tiene la derecha para la discusión constitucional? Me parece que aquí hay menos claridad, ya sea por falta de reflexión o incapacidad de transmitir políticamente sus planteamientos. Si es tal la necesidad de una nueva Constitución, es importante contestar a las preguntas de fondo: ¿Qué contenidos de la Constitución vigente vale la pena resguardar? ¿Qué instituciones o principios deben ser derechamente eliminados, reemplazados o abandonados? ¿Qué incorporaciones o novedades se pueden plantear en favor del resguardo de la unidad nacional y las libertades de los chilenos? ¿Se repetirá la lógica de asumir diagnósticos, conceptos e ideas propuestas por la izquierda?
Me parece que el principal desafío para un importante grupo de la derecha nacional es, antes que nada, comprender que tiene el mismo derecho y legitimidad para proponer en la discusión constitucional sus ideas propias y no ceder ante las del adversario.
Además, algunos han celebrado especialmente que el acuerdo incorpore un listado de bases institucionales, que en rasgos generales contienen principios y normas que son sustanciales en la tradición constitucional chilena. Aún cuando esos 12 puntos son muy valiosos para evitar una borrachera como la de la Convención, todavía queda esperar a cómo se hacen valer y se materializan definitivamente en el texto. Especialmente en lo que se refiere al derecho a la vida, la libertad de las conciencias, la libertad de enseñanza y el rol del Estado en la vida social.
En segundo lugar, un desafío tremendamente importante surge para el Gobierno y el Congreso Nacional. Entiendo que existe una verdadera obsesión constituyente, y la idea de que una nueva Constitución es lo que Chile necesita para su estabilidad futura. Disputando dicho diagnóstico, me parece que el próximo año tenemos el deber de exigir a nuestros políticos que se haga cargo de las principales urgencias sociales que aquejan a los chilenos de todas las regiones: el aumento sostenido de la delincuencia, con homicidios y narcotráfico; el deteriorado panorama económico, con un crecimiento económico prácticamente inexistente y una inflación que no da tregua; el drama del aumento de familias viviendo en campamentos y las decenas de miles de jóvenes que desertan del sistema escolar, son solo algunas de las graves crisis que atraviesa el país y que parecen alejarlo sostenidamente del sueño del desarrollo.
El desafío, entonces, está en demostrar que se puede “caminar y mascar chicle”, como tanto repiten algunos, y evitar que se repita lo ocurrido durante el funcionamiento de la primera Convención: una parálisis legislativa y política total, y una absoluta monopolización de la discusión política por parte de la cuestión constitucional. Solo si Chile enfrenta con toda la fuerza de la ley la violencia, reduce sus niveles de delincuencia, se propone derrotar la extrema pobreza y se hace cargo del futuro de sus nuevas generaciones, se puede pensar realmente en la estabilidad futura de nuestro país, más allá de una nueva Constitución.
El 2023 será un año clave para Chile. Las urgencias sociales del país no pueden seguir esperando a una política que muchas veces parece desconectada o ensimismada. Requieren ser abordadas con voluntad política, creatividad y sentido de la realidad. Por otro lado, la nueva Convención tiene un desafío crucial: proponer al país una Constitución que vuelva a poner a Chile en marcha para las próximas décadas, y que no signifique un retroceso frente a la Constitución actual. Porque existe al menos un consenso mínimo: los chilenos no se merecen una peor Constitución.
