Señor Director:
El pasado 10 de enero se publicó en el Diario Oficial el reglamento de la Ley 21.375, sobre Cuidados Paliativos Universales.
Esta ley constituye un progreso significativo en el cuidado de pacientes con enfermedades terminales, ya que hasta antes de esta norma solo tenían acceso garantizado a cuidados paliativos los pacientes con cáncer, en el contexto del GES. Ahora, también se incluyen pacientes terminales no oncológicos y aquellos con enfermedades graves.
No obstante estos avances, hay dos situaciones preocupantes.
En primer lugar, existe un importante retraso en la implementación de la ley. Esto es especialmente grave, sobre todo considerando la situación crítica en la que se encuentran los pacientes terminales (por definición, tienen una expectativa de vida menor de un año). Esta ley entró en vigencia hace 10 meses y recién ahora, 15 meses después de su publicación, se conoce su reglamento. En concreto, esto dificultó la posibilidad de utilizar los $13 mil millones que estaban presupuestados para su primer año en vigencia. Asimismo, es de esperar que los $22 mil millones anunciados para 2023 sean completamente ejecutados.
Además, no queda claro cómo se garantizará el acceso a todos los pacientes que necesitan de esta asistencia. Por un lado, el presupuesto de este año está construido para atender a solo el 40% de la población objetivo. También queda la duda de cómo podrá garantizarse el acceso para los pacientes que no se atienden en el sector estatal y que no estén amparados por el GES o por el sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo.
Es de esperar que las autoridades redoblen los esfuerzos para que se aplique la ley, según su letra y espíritu, para que se resguarden los derechos de quienes están en las postrimerías de su vida.
Dr. Manuel José Irarrázaval
Dr. Jorge Acosta
Instituto de Políticas Públicas en Salud
Universidad San Sebastián
