El rechazo al proyecto dominga confirma la urgencia de contar con una institucionalidad ambiental robusta, plantea el director ejecutivo del Instituto Res Publica. Además, las tareas pendientes en seguridad y proceso constitucional.
Esta semana sesionó el Comité de Ministros, encargado de aprobar o rechazar el proyecto minero y portuario Dominga en la comuna de La Higuera. Lo rechazaron por unanimidad. Dijeron que las razones fueron técnicas y no políticas. Sin embargo, cabe preguntarse qué argumentos nuevos tuvo el Comité de Ministros que no tuvo previamente el Sistema de impacto ambiental cuando recomendó aprobar este proyecto. La respuesta es que evidentemente primó el criterio político. Cuál era la posibilidad que este proyecto fuera aprobado si lo definían colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República, que se pronunció públicamente en contra de este proyecto. Aunque la pregunta de fondo pareciera ser otra. Si el criterio final para aprobar o rechazar un proyecto de estas características, dependerá principalmente del criterio político del gobierno de turno, la institucionalidad medioambiental se asemeja a una pantomima. Urge modificar la institucionalidad y que los gobiernos influyan solo a través de las políticas públicas y las leyes, y no a través de la arbitrariedad de sus propias conciencias.
Tras el escándalo de los indultos presidenciales a 13 personas, la oposición decidió suspender su participación en la mesa de seguridad que promovía el gobierno. Estos últimos días hemos visto el aumento de los delitos de alta connotación pública, enlutando a comunas e instituciones. Frente a estos hechos, algunos partidarios del gobierno han emplazado a la oposición por haberse restado de la mesa de seguridad. Sin embargo, cabe preguntarse si es realmente necesaria esta mesa. Por un lado, quienes han tenido más reparos en estas materias, rechazando varios de los proyectos presentados, son quienes hoy están en el oficialismo. Incluso el propio Presidente y ministros emblemáticos votaron en contra de estas iniciativas cuando estaban en la oposición. El espacio propio de la deliberación debería ser primordialmente el Congreso, y en ese sentido nada impide al gobierno presentar las iniciativas que estime conveniente. La pregunta es si tendrá o no el apoyo de sus partidarios.
En estos días se discute cómo las fuerzas políticas van a enfrentar las elecciones al consejo constitucional. Esto ha puesto en cierta encrucijada a la oposición, debido a la necesidad de representar al amplio sector que estuvo por el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre pasado. Pareciera que algunos están buscando aliados para un programa de gobierno y la verdad es que la discusión constitucional, aunque más importante también es más general, por lo que permite hacer alianzas con quienes en otras circunstancias no sería necesario. Entender esto le podría permitir a la oposición conducir el proceso y no solo ser un testigo privilegiado como en el anterior.