Es evidente, a esta altura, que la política no puede hacer vista gorda sobre el tema, ni tampoco quedarse en diagnósticos o declaraciones. Ya ha existido demasiado tiempo para los análisis y la gente común lamenta los atentados a su tranquilidad.
En Chile existe una doble percepción que es lamentable y puede tener consecuencias desastrosas. La primera es que la delincuencia está desatada y la segunda es que el sistema –político, judicial, legislativo y policial– no es capaz de enfrentar a este gran enemigo de la sociedad.
A esto se agrega un problema práctico: estas percepciones corresponden a la realidad nacional del último tiempo y no son inventos de los opositores al actual gobierno o exageraciones de la prensa. La verdad es que si la delincuencia está instalada como un tema político relevante, es precisamente porque se ha transformado en una lamentable realidad en la vida cotidiana del país. A continuación vienen las reacciones, las críticas políticas y las notas de prensa, y no al revés.
¿Qué nos dicen los datos respecto de la situación chilena? La realidad es dramática, lamentablemente. Durante el 2022, Chile tuvo la mayor tasa de homicidios y de violaciones en la última década. En el primer caso, en el último año se registraron 4,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes (era 2,8 el 2012) y 24,6 violaciones cada 100 mil habitantes (frente a 18,8 el 2012). En términos crudos, durante el 2022 hubo 934 homicidios en el país, mientras hubo 4.873 casos de violación. Así lo muestran los números del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), de la subsecretaría de Prevención del Delito (tomamos los datos de La Tercera, “En 2022 Chile alcanzó la mayor tasa de homicidios, violaciones y porte ilegal de armas de la década”, sábado 18 de octubre de 2023).
A lo anterior debemos agregar el aumento de delitos como tenencia ilegal de armas y explosivos, que se suma a otras circunstancias que incluyen la irrupción de formas de criminalidad con mayor poder de fuego, violencia y crueldad (hemos visto casos de quema de personas), con bandas dedicadas a la trata de personas y la explotación sexual. Algunas de estas situaciones están vinculadas a la llegada de bandas criminales extranjeras y a la expansión del narcotráfico, con todas sus consecuencias.
Los problemas vigentes no van a tener una solución inmediata. Algunos de ellos responden a situaciones lamentablemente instaladas desde hace algún tiempo y que se expresan de manera abierta. Entre ellos destacan el descontrol de la inmigración, que ha permitido que lleguen a Chile numerosas y valiosas personas en busca de un mejor futuro, pero también grupos organizados para la delincuencia. A ello se añade cierta incapacidad de la organización judicial para mantener a los delincuentes en la cárcel y del sistema penitenciario para reinsertar socialmente a quienes han delinquido, pero no debieran ser castigados de por vida. Por cierto, no podemos dejar de mencionar ciertas condiciones económicas y sociales que alientan la comisión de delitos, entre las que podemos destacar dos.
La primera situación es la descomposición de la familia y otras formas de sociabilidad, que son las que permiten a las personas –especialmente a los jóvenes y niños– contar con ambientes positivos para su desarrollo personal y la consideración de un aporte positivo a la sociedad, en vez de involucrarse en bandas y caer en la delincuencia. La segunda es la falta de oportunidades educacionales y laborales, que aleja a numerosas personas de caminos que podrían ser más atractivos y positivos, encontrándose con personas y grupos que les ofrecen la ruta del dinero rápido y fácil.
Es evidente, a esta altura, que la política no puede hacer vista gorda sobre el tema ni tampoco quedarse en diagnósticos o declaraciones. Ya ha existido demasiado tiempo para los análisis y la gente común lamenta los atentados a su tranquilidad cotidiana en los lugares de trabajo y en las playas, en las plazas tomadas y en sus propios hogares a través de los portonazos. En otras palabras, la gente común reclama aquello que es lo mínimo que le debe ofrecer una sociedad: la posibilidad de vivir en paz, de desarrollar su proyecto de vida en condiciones de seguridad y la certeza de que el Estado y sus órganos defenderán a esa inmensa mayoría que vive de su esfuerzo y trabajo y, por lo mismo, enfrentará con decisión a quienes hacen de la violencia y el crimen su forma de existencia. Quizá sea la hora de tener un sistema de defensoría de los ciudadanos en diversos delitos –y no en la fórmula restringida que se ha presentado– para que exista un apoyo inmediato y valioso para las víctimas.
A fines de enero, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve planteó un interesante tema, a propósito de un violento asalto con armas de fuego en un mall. En la ocasión señaló: “Aquí hay una responsabilidad sin duda del gobierno de tomar medidas, pero también los centros comerciales son una actividad económica en manos de privados y, por tanto, también de los privados. Quiero decirlo porque los centros comerciales son lo que se denomina ‘entidades obligadas’, o sea, tienen estándares de seguridad que cumplir”. Se refirió a la cantidad de guardias y a los cursos que debían tomar, así como enfatizó la necesidad de acordar mejores y mayores medidas de seguridad en los centros comerciales.
La declaración de la autoridad entra al tema de fondo: ¿A quién corresponde la seguridad pública y el combate a la delincuencia? No vaya a ser que estemos regresando a otras épocas de la historia, cuando los particulares o ciertos grupos ejercían las tareas de defensa de la propia seguridad y no el concepto de Estado nacional que nosotros conocemos. Y lleva a una segunda derivada: ¿Qué mecanismos se entregarán a los privados –empresas y personas– para enfrentar los ataques armados? No basta con declaraciones, sino que es necesario precisar, por ejemplo, si los privados podrán enfrentar con poder de fuego los ataques a locales comerciales. Quizá el Congreso deberá estudiar seriamente eventuales modificaciones a la legítima defensa en los hogares y lugares de trabajo, para proteger a las víctimas; o quizá el Estado deberá reconocer su incapacidad, imposibilidad o falta de deseos para combatir la delincuencia ocasional u organizada.
No es casualidad que en diversos estudios de opinión la seguridad y la delincuencia aparezcan como las principales preocupaciones de los chilenos. Tampoco lo es la evaluación que existe sobre el gobierno en ciertos aspectos de su gestión: “La lucha contra la delincuencia y el narcotráfico” muestran una desaprobación al Ejecutivo del 78% (Plaza Pública CADEM, Estudio 472, Cuarta semana de enero de 2023). Una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago muestra que el 70% considera a Chile como un país “inseguro”, donde es peligroso caminar por las calles. Otro estudio de Criteria ilustra que el 60,4% considera que la delincuencia en Chile está peor o mucho peor que en otras naciones. Otros muestran que las personas muchas veces no denuncian, ya que piensan que no habrá consecuencias y quedarán en la indefensión. Y podríamos seguir, porque hay consistencia en las opiniones y estudios sobre el aumento del temor, la sensación de inseguridad y otras tantas cosas asociadas a este problema.
Chile no necesita más Estado, sino un Estado que haga bien sus labores, entre las que se cuentan “dar protección a la población y a la familia” (artículo 1 de la Constitución). El derecho a vivir seguros, a trabajar con libertad y en paz, a disfrutar del tiempo libre sin temores y a caminar por las calles en forma tranquila son condiciones mínimas de vida en una sociedad libre y justa. Es importante que el gobierno tome nota, porque hace bastante rato que va siendo tarde, y la continuidad de derrotas frente a la delincuencia no solo serán una derrota para el Ejecutivo, sino también para la política, el Estado y sobre todo para todos los habitantes de esta tierra.
