Es evidente que en el gobierno del presidente Gabriel Boric coexisten dos almas que no necesariamente tienen que ver con las coaliciones originales, sino con la interpretación de la historia reciente, de los treinta años y de la revolución de octubre de 2019, así como su visión sobre el futuro hacia el cual debería avanzar Chile en los próximos años.
Este 11 de marzo se ha cumplido el primer año del gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien el 2021 fue candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, al que se sumó luego con fuerza creciente el Socialismo Democrático. Este viernes 10 hubo además un cambio de gabinete, marcado por cierta falta de prolijidad, que significó una leve modificación en los ministerios y un cambio mucho mayor en las subsecretarías. Queda por ver en qué se traduce este nuevo esfuerzo del Ejecutivo por afinar el equipo de sus colaboradores directos.
La semana también tuvo ciertos hitos relevantes. En el ámbito político y legislativo, la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de alza de impuestos promovido por el gobierno. Adicionalmente, hubo una disputa entre el ministro de Educación –un verdadero sobreviviente en la modificación del equipo de gobierno– y una diputada de la propia coalición oficialista, en la jornada previa al Día de la Mujer (y de la votación del mencionado proyecto). Finalmente, en un tiroteo fallecieron dos personas en estos días, que nos vuelven a recordar el drama cotidiano de la delincuencia.
Gobernar siempre ha sido difícil, pero hoy es todavía más complejo. Para para el gobierno de los jóvenes rebeldes del 2011 y 2012 –otrora expertos en explicar qué había que hacer en La Moneda y cómo había que hacerlo– me parece que dirigir los destinos de Chile tiene todavía más obstáculos.
A la falta de preparación de muchos miembros de los equipos gubernativos se suma una cuestión objetiva: la coalición oficialista tiene minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por ideología y temperamento, no se trata de una generación proclive a buscar acuerdos, sino a llevar adelante sus ideas, por lo que aprobar leyes que faciliten su tarea se vuelve doblemente dificultoso. Dicho temperamento incluso ha generado dificultades para mantener unido al propio sector, como se pudo ver en la votación del alza de impuestos.
El caso paradigmático en los primeros 365 días fue el proyecto de nueva carta fundamental, obra de la Convención Constituyente, pero en la cual el gobierno se comprometió en forma clara, porque consideraba que la aprobación del texto era una condición de posibilidad de la realización del programa de gobierno, lo cual podía interpretarse como una amenaza o bien como una genuina convicción. El rechazo popular fijó una fórmula distinta y marcó una derrota contundente en el primer año de gobierno del Presidente Boric.
Posteriormente hubo dos proyectos en los cuales el Ejecutivo fijó sus prioridades. El primero fue la mencionada alza de impuestos rechazada en la Cámara de Diputados; el segundo es la doble reforma de pensiones, que incluye un cambio de régimen y un nuevo impuesto al trabajo de un 6%. Esta segunda propuesta no cuenta ni con los votos en el Congreso ni con la voluntad ciudadana, que se ha manifestado claramente en favor de que los fondos previsionales vayan a las cuentas personales y no a unas desconocidas y riesgosas cuentas estatales. ¿Qué hará el gobierno? ¿Procurará un acuerdo, arriesgará una nueva derrota? Es fácil predecir que no habrá una modificación de fondo, pues los cambios tienden a ser de nombres, pero no de línea política.
En materia económica, una revisión de los primeros doce meses prende algunas notas de alerta. Si bien la inflación sigue alta, ya se ve un control que seguramente llevará a un dígito la cifra durante este 2023; el dólar se ha estabilizado en torno a $800, después de haber superado los $1.000 en algún momento del año. Otros números son más desalentadores: la confianza empresarial y de los consumidores ha caído desde marzo de 2022. Otras mediciones muestran los riesgos del ideologismo y los peligros de la refundación: el índice de incertidumbre de política económica y el riesgo país aumentaron considerablemente a mediados del año pasado, en torno al plebiscito que definiría la nueva constitución. En dos temas cruciales, Chile está mal y sin gran capacidad de reacción: así se puede apreciar en el deterioro del empleo y las penosas cifras de crecimiento económico (para todo esto ver “Las evoluciones de las cifras económicas y financieras que marcan el primer año del Presidente Gabriel Boric en La Moneda”, El Mercurio, Economía y Negocios, 11 de marzo de 2023).
A los temas económicos hay que sumar los de carácter social, que representan las dos principales preocupaciones de la ciudadanía. El primero es el derecho a vivir con tranquilidad, transitar libremente por las calles y poder desarrollar la vida familiar y profesional con razonables expectativas, confiados en que el Estado enfrentará con decisión el flagelo de la delincuencia, porque está convencido que para los habitantes de esta tierra la tranquilidad, la paz, el progreso y la libertad son bienes muy importantes. El segundo se refiere a las mejores condiciones económicas de vida y de trabajo, que permitan un mayor progreso social para las personas y sus familias. Así fue durante décadas –ciertamente desde 1984 a 1998, en gran parte de los gobiernos de la Concertación y también durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera– hasta que se abandonó ese círculo virtuoso que permitía disminuir la pobreza y los campamentos, que aumentaba las fuentes de trabajo y los salarios, que ponía a Chile como un destino atractivo para invertir y daba al Estado más recursos para programas sociales (antes de concentrarse en su propio crecimiento inorgánico y burocrático, así como en un gasto creciente). En el primer año de gobierno ambos temas no han sido enfrentados como corresponde, con todo lo que ello significa en términos políticos y sociales.
Con prescindencia de los detalles –tal o cual proyecto, este ministro o el otro, una cifra al alza y otra a la baja– es evidente que en el gobierno del presidente Gabriel Boric coexisten dos almas que no necesariamente tienen que ver con las coaliciones originales, sino con la interpretación de la historia reciente, de los treinta años y de la revolución de octubre de 2019, así como su visión sobre el futuro hacia el cual debería avanzar Chile en los próximos años.
El octubrismo fue demasiado relevante en la victoria electoral de Boric y en el espíritu de la fallida constitución de la Convención como para que todos los votantes y dirigentes hayan abandonado de un minuto para otro la vorágine refundacional para sumarse a una rutinaria administración del legado de Pinochet (como solían repetir) o de la Concertación. Otros tantos electores y figuras públicas, por el contrario, están convencidos de que los treinta años fueron buenos en general, que es posible hacer otras transformaciones, pero que para ello se requieren mayorías –y eventualmente acuerdos– y no solo voluntarismo.
Todavía quedan tres años para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que ya ha experimentado muchas modificaciones ministeriales e intentos de retomar la agenda. En cualquier caso, es preciso que el gobierno comprenda que no bastan los cambios de ministros para corregir los errores de diseño o nombramientos por parte del gobierno, sino que también es necesaria una rectificación democrática y una reorientación de las prioridades.
Este año podría haber una nueva constitución en Chile, dependiendo del trabajo que se haga y de lo que resuelva la ciudadanía. Aunque hubo un primer año difícil y en muchos aspectos negativo, en las últimas semanas el Presidente Boric ha subido en las encuestas y eso podría traducirse en un cambio de expectativas para las elecciones de constituyentes el próximo 7 de mayo. Después de todo, ahí habrá una medición, y todo gobierno –bueno, regular o malo– también requiere de una oposición, con sus propios méritos y limitaciones.
