Señor Director:
La Tercera
Sobre la columna de Flavio Quezada publicada el lunes es pertinente decir algunas cosas. Ante todo, es bueno saber que se puede llegar a acuerdos o consensos transversales en el valor de la libre iniciativa económica, la propiedad privada y la colaboración público-privada.
El autor afirma que el Estado social sería incompatible con la subsidiariedad aplicada en Chile. Si se refiere a la aplicación y sus resultados, es cuestionable. El Estado subsidiario ha sido exitoso a la hora de generar oportunidades y acceso a ciertos bienes públicos como la educación, lo que nos diferencia de nuestros vecinos.
Si nos referimos a la cuestión de fondo, que el autor prefiere no abordar por otros motivos, hay elementos más graves. Si se concibe a la iniciativa privada como una “colaboradora” de la acción del Estado, ciertamente hay puntos en abierta confrontación con el principio de subsidiariedad. La primacía de las personas, la autonomía de los cuerpos intermedios y la servicialidad del Estado son condiciones de base para su realización. Por tanto, es el Estado quien colabora con la iniciativa particular, no al revés.
La pregunta más importante es en qué sentido la aplicación del principio de subsidiariedad significaría un Estado “no-social”. Considerando la experiencia en esta materia y el valor que concede la subsidiariedad a un tejido social fuerte y activo complementado por un Estado apto para apoyar, pero no absorber a los cuerpos intermedios, no cabe duda en cuanto a que un Estado subsidiario es un Estado “social”. Los chilenos deberán elegir; lo que es claro es que sabiamente ya rechazaron un modelo intervencionista. Eso debe ser tomado en consideración en el nuevo proceso.
Jaime Tagle
Equipo de Contenidos del Instituto Res Publica
