Nuestro país vive una situación crítica en materia sanitaria. En el sistema estatal hay más de 2,2 millones de personas esperando 506 días –en promedio– para atenderse por especialistas, desde 2019 se han quintuplicado las personas en listas de espera por cáncer GES y si bien disminuyeron las esperas por cirugía, aún quedan casi 270 mil enfermos por atender.
Por su parte, el sistema privado tiene sus propios problemas. A la incertidumbre generada luego del fallo de la Corte Suprema que disponía la utilización unificada de la tabla de factores indicada por la Superintendencia de Salud, se agregan las dificultades en la implementación de la ley que regula la modificación del precio base de los planes de salud y el previsible pronunciamiento judicial que también afecte a los ajustes de precio por la cobertura GES. Esto ha provocado angustia en los pacientes y trabajadores del sistema. De hecho, se han registrado históricos salidas de usuarios de Isapres, muchos de ellos a Fonasa. Desde el inicio de la pandemia son casi 327 mil y sólo en los últimos dos meses registrados, más de 110 mil.
Es evidente que cualquier crisis particular terminará afectando al conjunto completo, por eso es necesario buscar soluciones que prioricen a los pacientes y su seguridad.
Como quedó de manifiesto luego de la pandemia, la salud es un problema de Estado. Los exitosos resultados en atención de pacientes críticos –que permitieron que a nadie que lo necesitó le faltara un ventilador mecánico–, así como la altísima cobertura de vacunación –que destacó mundialmente por su temprano y alto alcance– sólo fueron posibles de lograr gracias a medidas establecidas a lo largo de décadas por los sistemas estatal y privado.
En la crisis actual, el Poder Judicial ha intentado resolver problemas que deberían haber sido resueltos mucho antes por el Congreso y el Ejecutivo, pero de nada sirven a los pacientes las críticas y los lamentos por haber pedido la posibilidad de actuar oportunamente. Hoy urge avanzar pensando en los enfermos y los funcionarios de salud.
Lo que se requiere es un verdadero acuerdo político: un “Pacto por la Salud de Chile”. Un pacto transversal, gradual y con unidad política y técnica, que permita dejar las divisiones ideológicas de lado y volver a poner a los pacientes en el centro de las políticas públicas en salud.
Dr. Jorge Acosta
Director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Publica (IRP)
Médico Asesor IPSUSS
