Ayer se publicó en los dos matutinos de circulación nacional una carta firmada por varias ex autoridades de salud de amplios sectores políticos. Desde la ex Concertación hasta ChileVamos. Aunque no estaban todos, porque fue notoria la ausencia de los últimos equipos ministeriales de la administración Piñera II.
En su misiva, los signatarios destacaban lo que consideraban “los aspectos esenciales a considerar en salud en el actual proceso constituyente, en línea con los compromisos internacionales suscritos por nuestro país”. Se sostenía que se debía “relevar el rol del Estado” como garante del derecho a la salud, pero que con respecto al financiamiento, organización y estructura de prestaciones públicas y privadas de servicios de atención, esto “debe quedar sujeta a futuras legislaciones”.
Y por si quedaban dudas interpretativas, al final de la carta se remata señalando que: “la posibilidad de elegir prestadores públicos o privados, lo que es valorado por amplios sectores de chilenos, no debe implicar como consecuencia establecer a nivel constitucional la perpetuación de una inequitativa segmentación y desigualdad entre un sistema para ricos y otro para pobres”.
Esta visión basada en decimonónicas categorías dialécticas, como la lucha de clases, no contribuye a resolver los problemas en salud, entre otras cosas, porque Marx no ayuda para entender el diagnóstico, sino que sólo conduce a agudizar las contradicciones: lo que genera una mayor crisis en el sistema y un aumento en la frustración entre los pacientes.
Las angustias de los enfermos se producen por las injusticias en el acceso, la oportunidad y el financiamiento de las atenciones. A las personas les importa que los atiendan y les resuelvan su problema, les da lo mismo si es en un hospital o una clínica. Tampoco quieren hipotecar todo lo que tienen –y muchas veces, hasta lo que no tienen– por estar enfermos.
Por eso, debemos considerar como igualmente importante –a nivel constitucional– el derecho a la salud y las herramientas necesarias para garantizarlo. Dichos elementos son: la libertad de elegir entre sistemas (de financiamiento y de prestadores) privados o estatales, así como la justa utilización de los recursos estatales, para que lleguen a los pacientes y no se pierdan en burocracia o grupos de interés. En suma, que los enfermos no terminen pagando, con su salud, por las ineficiencias del sistema.
Dr. Jorge Acosta, Director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Publica (IRP) Médico Asesor IPSUSS
