OPINIÓN

Las medidas de seguridad avanzan, a pesar del Gobierno y de todas las cortapisas que despliega, aunque después se quiera sumar en los últimos metros a ese carro.

Tras los lamentables sucesos ocurridos durante las últimas semanas, en donde hemos visto diversos hechos de violencia, entre ellos el asesinato de tres funcionarios de Carabineros y otros delitos de alta connotación pública, la agenda sobre seguridad se ha tomado la discusión pública.

Frente a esto, el Gobierno ha intentado influir en esta agenda tanto a través de sus ministros, como de estrategias comunicacionales, pero debiendo replegarse en la medida que se conocen diferentes hechos como los que ya mencionamos que generan impotencia y frustración en la inmensa mayoría de la población.

El problema parece ser que el Gobierno enfrenta una crisis de credibilidad enorme respecto al tema de seguridad. Al menos por tres razones.

Lo primero, son las declaraciones que hicieron cuando fueron oposición contra las instituciones encargadas de resguardar la seguridad de los chilenos, especialmente Carabineros.

En segundo lugar, los discursos cambiantes por parte del Ejecutivo, no necesariamente son secundados por sus parlamentarios, y por tanto, observamos una versión del oficialismo en la voz de Carolina Tohá, por ejemplo y, al mismo tiempo, otra versión en diputados de la coalición manifestándose públicamente por la opción contraria.

En tercer lugar, y quizás el más preocupante es que la agenda del Gobierno ha sido reactiva: solamente ha propuesto medidas, y ha tomado decisiones cuando ocurre una catástrofe, como el asesinato violento y despiadado de funcionarios de Carabineros en un breve periodo de tiempo.

Esta falta de credibilidad hace mucho más compleja la posibilidad de controlar la agenda, porque cada medida que se toma es percibida como una verdadera concesión al adversario, porque no se cree realmente en ella. Las medidas de seguridad avanzan, a pesar del Gobierno y de todas las cortapisas que despliega, aunque después se quiera sumar en los últimos metros a ese carro.

El Gobierno tiene la ventaja de que la oposición que tiene no desconfía de las fuerzas de Orden y Seguridad y si presentara iniciativas para favorecer su actuar, o perseguir de mejor manera el delito, serían aprobadas de forma relativamente fácil. Desde esta perspectiva, existe una oportunidad real para el actual Gobierno de retomar la agenda en seguridad, si estuviera dispuesto a hacerlo.

El desafío, sin embargo, es cuadrar a una coalición díscola, que no cree realmente en la que existe una crisis seguridad sin precedentes y desconfía de Carabineros, de las instituciones llamadas a resguardar el orden y la seguridad, todo ello en un contexto de niveles de aprobación del Gobierno que hacen un flaco favor para querer actuar en bloque.

En ese sentido, la opción que pareciera más razonable es pasar de las meras declaraciones, cambiantes y dubitativas, a acciones que le transmitan a la sociedad un mínimo de convicción para garantizar uno de los derechos más fundamentales que debieran garantizar las naciones: vivir en paz y sin temor a ser víctima de delitos violentos.

José Francisco Lagos, Director Ejecutivo Instituto Res Publica