Este jueves, se conoció una indignante discriminación que sufren familias de niños con enfermedades que requieren una alta tasa de atenciones médicas, como la parálisis cerebral. Según lo denunció el abogado Jorge Hübner, experto en derecho sanitario, su propia hija y muchos otros niños con diagnósticos similares han sido constantemente discriminados arbitrariamente por su Isapre, impidiendo la cobertura inmediata del seguro de salud (bono electrónico) y obligándolos por defecto a "pagar particular" y reembolsar después. Lo que muchas veces implica mayores gastos por parte de las familias.
La situación generó revuelo en las redes sociales, televisión y prensa escrita. Es entendible. Ciertamente, no es fácil encontrar argumentos que puedan explicar cómo a alguien se le ocurrió que podía ser una buena idea ponerle trabas a la cobertura de la atención de aquellos pacientes que, por su condición de salud, son quienes más necesitarán el apoyo de su seguro.
Según lo planteado prudentemente por Hübner, esto no se trata de resolver su caso particular, sino de mostrar que este tipo de cosas son inaceptables. Y eso aplica a cada uno de los usuarios del sistema, quienes además están siendo espectadores de la mayor crisis del sistema privado desde su creación, la que incluso puede acabar siendo terminal. Es imposible separar el contenido y la oportunidad de esta denuncia con el contexto en el que nos encontramos.
Esta semana supimos de las dos almas que existen al interior del Ejecutivo frente a esta crisis: Hay quienes creen que el fallo de la Corte Suprema debe acatarse completamente (que las isapres devuelvan los cobros dictaminados en exceso y que esto no genere el colapso del sistema), pero también existen otros que sólo ponen el acento en lo primero, para causar justamente lo contrario a lo segundo y así cumplir con aquel anhelo que el propio director de Fonasa relataba hace menos de un año: "Sacar a las isapres del mapa de la seguridad social".
Es evidente el error político de proporciones bíblicas que significaría que se impusiera en el Ejecutivo la teoría de acabar con las isapres de la noche a la mañana, porque esto traería aparejada la quiebra de las clínicas y centros médicos que atienden las necesidades de salud de 1 de cada 2 chilenos (de hecho hay tres millones de pacientes en Fonasa que sólo se atiende allí y nunca han pisado un hospital o un consultorio). Así las cosas, sólo se constatará un aumento exponencial de las listas de espera y un colapso de la salud estatal.
Frente a este cataclismo que significaría el error histórico de exponer a los ciudadanos, y su salud, a la ideología radical del estatismo como único solucionador de los problemas públicos, es probable que finalmente el gobierno recule y opte por apoyar la resolución del problema sin acabar con las aseguradoras privadas. No obstante, si aquellas siguen desarrollando discriminaciones aberrantes como las mencionadas al principio, podrían terminar siendo ellas mismas las que terminen por socavar su legitimidad por completo, lo que inevitablemente se traduciría –más tarde o más temprano– en su fin. Bien vale sacar lecciones.
Doctor Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Publica
