En una de las carteras más erráticas de la actual administración asume quien ha sido uno de los políticos más talentosos de su generación.
Este 19 de abril el socialista Álvaro Elizalde fue designado ministro Secretario General de la Presidencia del gobierno de Gabriel Boric. En una de las carteras más erráticas de la actual administración asume quien ha sido uno de los políticos más talentosos de su generación, que ha tenido una destacada trayectoria que surgió durante su presidencia en la FECH en 1993, y siguió luego en los gobiernos de la Concertación en diferentes cargos. En 2014 asumió como ministro de la presidenta Michelle Bachelet, fue elegido senador en 2017 e incluso llegó a la presidencia de la Cámara Alta el 11 de marzo de 2022.
Elizalde no solo es un hombre capaz, sino que tiene algunas características personales interesantes y que vale la pena considerar: es socialista desde hace más de tres décadas, concertacionista y también de la nueva coalición formada al alero del gobierno de Boric; hombre estudioso, dialogante y que mantiene buenas relaciones con diversos sectores, pero con carácter y decisión para enfrentar a sus adversarios cuando lo estima oportuno; es a la vez un político exitoso y un buen analista de la política. Sin duda, esas fueron condiciones que tuvo en cuenta el Presidente de la República al convocarlo a sus nuevas funciones, tras cumplir poco más de un año en La Moneda y con dos experiencias fallidas en ese cargo, a lo que se suman los problemas que enfrenta el Ejecutivo en otras áreas de su quehacer.
Sin embargo, el asunto de fondo del gobierno es bastante más amplio que el cambio de una figura ministerial o la pérdida de apoyo manifestada en las encuestas. Lo más importante no es el rediseño político del palacio presidencial ni la correlación de fuerzas al interior de los partidos oficialistas. En efecto, el problema es más complejo y más profundo: el Gobierno se ha encontrado con la dura realidad nacional y ha comprobado que su capacidad para ejercer el poder era bastante menor que las capacidades que suponían o vociferaban tener. Hay dificultades de gestión y de credibilidad, incluso de mayorías y también de algunos fracasos legislativos.
Como sabemos, a todo lo anterior deben añadirse dos condiciones muy relevantes de la realidad política nacional, como son la delincuencia y la situación económica del país. Como sabemos –y como los habitantes de nuestro territorio sufren cada día– la batalla cotidiana entre la violencia y la paz, la delincuencia y el trabajo, las bandas y el Estado siguen teniendo resultado abierto, con dolorosas derrotas para la gente de trabajo, para Carabineros y para la sociedad en general. En el otro plano, como reconocen las autoridades, Chile tiene un rendimiento económico pobre como país y la vida cotidiana de las personas se ve también afectada de forma clara. En este último plano, lejos de haber autocríticas y reformas, hay un notorio conformismo y una (des)orientación más que discutible. La tendencia se mantendrá en el tiempo y, en cualquier caso, distará de aquellos momentos en que Chile crecía al 6% o 7% anual, cuando llegaban las inversiones de manera continua desde distintos lugares del mundo, la pobreza disminuía y ocurrían tantas otras cosas que permitían el progreso social y que hoy solo forman parte de la historia reciente del país.
¿Qué funciones y resultados tendrá el ministro Elizalde? Difícil predecirlo, porque el tema no solo se refiere a personas capaces, sino también a proyectos discutibles y a la pérdida de confianzas que se han evidenciado en los últimos días. Con los anuncios del presidente Boric sobre el Estado y el litio, el presidente de la UDI Javier Macaya respondió con una interesante e ingeniosa frase: “No puedes dar en la mañana un discurso en Enade como Ricardo Lagos si en la tarde tomas decisiones sobre el litio como Allende”. Sin embargo, me parece que hay que comprender el discurso del gobernante en todas sus dimensiones: en el Encuentro de la Empresa habló de acuerdos para poner “los pilares de un Estado de bienestar” y de la dificultad que había existido para “realizar cambios estructurales” que incorporen a la senda del progreso a los sectores más postergados. La comprensión de ambas definiciones, el Estado de bienestar y los cambios estructurales, han sido muy distinta históricamente en las izquierdas y las derechas, y los proyectos pendientes –pensiones, tributario, ahora la colaboración “estatal-privada” en el litio y otros tantos que podemos imaginar– son áreas donde no solo se apreciarán los acuerdos sino también los matices e incluso las contradicciones.
Es necesario hacer dos consideraciones más. La primera tiene que ver con las instituciones, asociado al actual proceso constituyente. Debe terminar el reemplazo de los senadores y diputados por parlamentarios designados por los partidos políticos. Se pueden adoptar distintas alternativas: elecciones complementarias, en las cuales decida el pueblo; asume el compañero de lista más votado, con lo cual se conocen las condiciones al momento de la elección; que haya parlamentarios suplentes, que compitan también los respectivos comicios; finalmente, que el cargo quede vacante y el partido o gobierno asuman los costos de sacar a una persona de las cámaras para asumir cargos en el Ejecutivo. Cualquiera de ellas o alguna otra, pero no el regreso de los senadores designados o los diputados designados, que ciertamente no han comenzado con este gobierno. Esto lo debería corregir el proceso constituyente o habría que realizar una reforma constitucional al respecto.
El otro asunto es sobre el futuro del proceso mismo. Como es obvio, hay que esperar los resultados del próximo domingo 7 de mayo, que distintas encuestas estiman que tendría un resultado favorable para las derechas sobre las izquierdas, aunque esta última obtendría el “veto” de los 20 consejeros. ¿Quiénes negociarán? ¿Quiénes llegarán a acuerdos y sobre qué bases? Es un tema que está abierto y han existido advertencias y acusaciones cruzadas, propias del tiempo de campaña y de los errores no forzados. Sin embargo, las posibilidades futuras son muchas: acuerdos Chile Vamos-Socialismo Democrático y alguno más por ahí, aunque eso estaría lejos de los tres quintos. Otras fórmulas podrían ser negociar según el tema en cuestión y no por bloques. El problema, como se ha visto, es la desconfianza entre los actores más relevantes, las indicaciones al interior del Comité designado por el Congreso y los partidos, así como las contradicciones que ya se advierten en las interpretaciones de la nueva eventual carta.
Por último, me parece que hay dos interpretaciones posibles sobre la llegada de Elizalde a La Moneda. La primera es suponer que significa un triunfo del socialismo democrático y un avance de dichas ideas en la orientación del gobierno, como suelen leer algunos analistas y, eventualmente, los partidos de oposición. La segunda posibilidad es que sea una forma de atar el destino del socialismo democrático al del gobierno, de manera tal que más que fortalecer los acuerdos simplemente amplía la base original, en la forma de coalición que hoy existe de cara a la elección constituyente. En otras palabras, podría ser tanto una apertura como una eventual clausura, todo lo cual se verá en el camino.