Volver

OPINIÓN

José Francisco Lagos: El caso Hassler

Lo que constituye una constante en su gestión, es que su discurso no tiene correlación con la realidad y permanentemente pareciera estar construyendo una ficción que ha terminado cayéndose por su propio peso.



Bastante comentado ha sido lo ocurrido con la administración de Irací Hassler en la Municipalidad de Santiago. Pero este elemento que a veces parece anecdótico tiene un historial bastante más abultado que hace explicable lo que está pasando actualmente.

Irací Hassler fue una opositora bastante activa de la administración de Felipe Alessandri, y tal como vemos hoy en el Gobierno, acusó y criticó bastantes medidas que hoy en el cargo se ha visto obligada a implementar. Además, lo que constituye una verdadera constante en su gestión, es que su discurso no tiene correlación con la realidad y permanentemente pareciera estar construyendo una ficción que ha terminado cayéndose por su propio peso.

De lo anterior tenemos casos que grafican muy bien este problema. El primero de ellos es respecto a la violencia en los liceos emblemáticos de la comuna. La entonces concejal Irací Hassler señalaba que los destrozos en los colegios se producían por la provocación de la administración de Felipe Alessandri. Sin embargo, cuando cambió la administración y la violencia no solamente continuó, sino que aumentó, Irací Hassler abandonó esa tesis sin ninguna explicación entremedio. Simplemente se desentendió.

Un segundo caso es respecto de los vendedores ambulantes. Irací Hassler demandaba la democratización del espacio público. Incluso señaló y prometió el aumento de los permisos a los vendedores ambulantes que deambulan por el centro de la capital. Poco tiempo después, con la ciudad en un estado precario, se vio obligada a tomar medidas y a aplicar el “copamiento” tan criticado cuando ella estaba en la oposición.

Un último caso, probablemente el más importante, es lo que está pasando con la adquisición de la clínica Sierra Bella. La alcaldesa señaló que no se malgastó ni un peso público en el intento fallido de esta compra, lo que es discutible o más bien cuestionable. Porque evidentemente hubo funcionarios municipales que destinaron tiempo de su trabajo en que resultara esta gestión, también hubo funcionarios que defendieron la legalidad y prudencia de esta gestión. Por último, haber firmado un vale vista muestra la intención de haber gastado tales recursos públicos, independientemente que el fiscalizador no se lo haya permitido.

Recientemente nos hemos enterado de que los dueños de la clínica ejercerán las acciones judiciales por este contrato fallido. Los recursos de esa defensa, la eventualidad de que la municipalidad tenga que indemnizar, ¿no son acaso recursos públicos malgastados?