En 1964, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se dió inicio al proceso de nacionalización del cobre con la llamada “chilenización del cobre”. Este primer acercamiento buscaba la participación estatal en la gran minería del cobre mediante la compra de acciones de mineras privadas, principalmente norteamericanas.
La chilenización, sumada al ambiente revolucionario de aquella época y la idea de la recuperación de las riquezas naturales, llevaron rápidamente al presidente Frei a avanzar en la línea de la nacionalización y, en 1969, creó las sociedades mixtas en las que el Estado era dueño del 51% de las acciones, mientras que los privados quedaban con el 49%.
Este proceso culminó durante el gobierno de Salvador Allende al aprobarse la ley de nacionalización del cobre estableciendo que la totalidad de la industria pasaría al Estado, los privados serían indemnizados de forma “adecuada” y que el monto indemnizatorio lo determinaría la Contraloría General de la República.
El problema vino cuando el monto de la indemnización consideró descuentos por “utilidades excesivas” obtenidas en las últimas décadas, lo que se tradujo en que las empresas expropiadas no sólo no recibieron indemnización alguna, sino que además quedaron endeudadas con el Fisco.
Este proceso, enmarcado en un contexto de guerra fría y fuerte polarización, es más atingente a nuestros tiempos de lo que parece. Sin ir más lejos, el año pasado la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó una norma que nacionalizaba todas las empresas mineras e incluía la posibilidad de deducir de la indemnización las “rentas excesivas” de las empresas tal como lo hacía Allende, en 1971.
Afortunadamente, la propuesta descrita no vió la luz, pero nos recuerda que las ideas de la izquierda en nuestro país siguen siendo las mismas y no parecieran haber cambiado en el último año. Muestra de esto es la Política Nacional del Litio anunciada por el presidente Boric que busca pasar al Estado el 51% de la industria del litio, imitando la nacionalización pactada de Frei.
Esperemos que este esfuerzo no siga avanzando en la línea de Allende o de la propuesta estatizadora de la convención, pero no sorprendería, después de todo fue el mismo presidente Boric quien reconoció que el problema de la propuesta de la Convención era la velocidad, no el destino.
Luis Fernando Mackenna, investigador Instituto Res Publica.
